La Comisión Primera del Senado estudio la iniciativa como una ley estatutaria y permitió que se necesitaran solo 12 votos para avanzar y ya pasó su primer debate, informó RCN Radio.

Dicho proyecto se conoce así porque Andrés Felipe Arias sería uno de los primeros en salir beneficiados con su aprobación, pues podría evaluarse la condena a 17 años que le dictó el alto tribunal por las irregularidades del programa Agro Ingreso Seguro, durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Sin embargo, el exministro de Agricultura no sería el único, pues hay otros 225 procesos que entrarían a revisión.

Es decir que “todo aquel con una condena en única instancia o que haya sido absuelto en primera y condenado en segunda entre 1991 (cuando se promulgó la nueva Constitución) y 2018 (cuando se aprobó la segunda instancia para aforados), también podría favorecerse”, puntualizó El Espectador.

Si un ciudadano siente que un tribunal ha fallado de manera contraevidente, (con este proyecto) tendrá la opción de que alguien revise ese fallo. No nos podemos olvidar que quienes juzgan son seres humanos que pueden equivocarse y cuando se equivocan en materia de libertad, el efecto es terrible”, le dijo el senador liberal, Luis Fernando Velasco, a ese diario tras apoyar la iniciativa.

Mientras que el senador del Polo Democrático Alexander López había pedido que se archivara aduciendo impunidad:

“Cómo voy a darle ponencia positiva a un proyecto para garantizar la doble instancia a unos criminales, cuando en Colombia la gente se muere de hambre y no tiene derechos. Cómo le explicamos al país que vamos a iniciar un proceso de doble instancia apersonas que se han robado la salud, la educación, el agro y los derechos en Colombia”.

 El proyecto establece que los condenados sigan presos hasta que se falle por segunda vez el caso y no permite que recuperen su libertad mientras los revisan, pues podría ratificarse la sentencia.

Además, no se creará otra sala en la Corte Suprema, sino que la será la Sala Penal la que estudie los procesos.

Entre tanto, Santiago Valencia, del Centro Democrático, señaló que el derecho de impugnación ya ha sido reconocido en la Constitución, lo que significa que no se busca crear un derecho, “sino que se saldó una deuda del Congreso con la constitución del 91 y es mediante ley estatutaria que se busca reglamentar el derecho de impugnación”.

Con textos de: pulzo.com