A un grupo de 100 madres Fami les deben 15 días trabajados en diciembre de 2020, y hasta ahora nadie les da un ápice de esperanza a esas servidoras, mientras el director de la entidad en Córdoba, permanece imperturbable, a pesar que conoce la situación.
Por: Oswaldo Marchena Mendoza.
@marchenojob
Pocos días después de asumir la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, regional Córdoba, Alberto Jiménez Bohórquez, invitó a los periodistas a una charla para presentarse ante los medios y exponer su hoja de ruta en la entidad. Lo mismo hizo con las madres comunitarias y con los sindicatos que las representan. Entonces se respiraba un buen ambiente y se esperaban los resultados de una prometedora gestión.
Jiménez Bohórquez, llegó pletórico de respaldos políticos. Blindado por todos los sectores para adelantar una gestión providencial al frente de la entidad. Pero, muy a pesar que el cargo se lo ganó por sus méritos académicos y profesionales, la gestión que está desarrollando es contraria a las expectativas que generó.
La luna de miel duró poco. Con el pasar de los días las redes sociales y medios locales de comunicación se fueron copando con denuncias y presuntas irregularidades en la entidad. A Raja Tabla, habría que decir que, o un grupo de operadores del ICBF en el departamento secuestraron las decisiones de la regional, o el director de la entidad es asintomático ante el atropello que a diario sufren las madres comunitarias por parte de las fundaciones que operan programas.
A las madres comunitarias en Córdoba no las contratan a tiempo, y debido al cambio de operador cuando se vence un contrato, quedan días sin sueldo y desprotegidas de la seguridad social. Estas servidoras están cansadas de denunciar los pagos incompletos por parte de los poderosos operadores beneficiarios de la contratación en el departamento, ante el silencio indolente del director regional, Alberto Jiménez.
Para citar un solo ejemplo. A un grupo de unas 100 madres Fami (Familia, Mujer e Infancia), de Montería, se les venció el contrato con el operador el pasado 30 de noviembre de 2020 y siguieron laborando normalmente. Resulta que al operador le volvieron a legalizar contrato en el ICBF Córdoba el 15 de diciembre de ese año y ante ello manifestó que solo a partir de esa fecha les respondería a las citadas madres. Eso suena lógico, pero y entonces ¿Quién les responde por los primeros 15 días laborados de diciembre?
Hasta ahora nadie les da un ápice de esperanza a esas servidoras, mientras el director de la entidad en Córdoba, permanece imperturbable, a pesar que conoce la situación.
En las oficinas del ICBF Córdoba se aprovechan de los tiempos de la virtualidad para eludir la cascada de quejas y denuncias de las madres comunitarias. Operadores que llegaron de otros lugares y de Sucre, precisamente el departamento de donde es oriundo el actual director regional, han pisoteado sus derechos.
Todos los años, tras el cambio de operador la incertidumbre se apodera de las madres comunitarias, así como del talento humano que labora en los diferentes CDI por la demora en la contratación.
Las denuncias.
El excandidato a la Alcaldía de Montería, Luis Fernando Ballesteros, en su calidad de veedor, le viene haciendo seguimiento a las presuntas irregularidades en la contratación del ICBF Córdoba. Ballesteros, señaló “Con Hernando de la Ossa de la Veeduría, Misión y Transparencia por Colombia, tuvimos la intención de dialogar con el director regional del ICBF, para que una comisión evaluara los contratos, pero nos negaron la supervisión como veedores”.
Luis Fernando Ballesteros, señaló públicamente en sus redes sociales y en medios de comunicación “Esperamos que el director regional del ICBF Córdoba, Alberto Jiménez Bohórquez, nos explique, ¿Por qué desde que ocupó el cargo ha habido una transición de operadores y de proveedores hacia Sucre?
Debido al alto volumen de las quejas y denuncias de Luis Fernando Ballesteros, la Fiscalía en Córdoba asumió la investigación de los hechos expuestos públicamente por el excandidato.
En varias oportunidades las madres comunitarias se han encadenado en las puertas de la regional del ICBF en Córdoba, para protestar por las demoras en la contratación y por deudas que operadores se niegan a cancelarles. Lo peor es que en toda esta situación los más perjudicados son niños y niñas de poblaciones vulnerables.
En una rueda de prensa el pasado 11 de marzo, donde oficializó su renuncia a la Secretaría de Competitividad y Cooperación Internacional Departamental, el exrepresentante a la Cámara, Eduardo José Tous De la Ossa, señaló que el director del ICBF regional Córdoba, no le da la cara a nadie, no comunica y no da explicaciones sobre la lentitud del desarrollo de los programas de primera infancia en el departamento.
Una de las quejas más comunes de las madres Fami es que los paquetes nutricionales que deben entregarle a los usuarios no les llegan a tiempo. Una de estas servidoras me dijo off the record “El paquete de abril se entregó el 25 y se les había prometido a los padres hacerlo en la primera semana del mes, y ese atraso genera molestias y mientras el operador disfruta el contrato, a nosotras nos toca poner la cara”. Son situaciones que conocen en la regional del ICBF, pero las mismas no se corrigen.
