Adoptar medidas que mitiguen la violencia en zonas rurales y emprender acciones para disminuir los homicidios y hostigamientos contra los desmovilizados y defensores de derechos humanos son los grandes desafíos que debe afrontar el próximo Gobierno colombiano para seguir con la implementación de la paz.
Así lo expresó este jueves el Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, en un informe realizado por la institución y que fue entregado a la Embajada de Noruega y Cuba, la Unión Europea, MAPP-OEA, la Misión de Verificación de la ONU, al Instituto Kroc y al actual Gobierno.
En materia de desafíos Camargo dijo que “urgen medidas que mitiguen la situación de violencia en algunas zonas rurales” y que igualmente se deben “disponer de acciones para disminuir homicidios, amenazas y hostigamientos a líderes, lideresas, personas defensoras de derechos humanos y población excombatiente”.
A propósito del tema, el partido Comunes denunció el martes pasado el asesinato en una finca del departamento del Huila (centro), de Ronald Rojas, quien lideraba procesos de reincorporación para excombatientes, y este miércoles también asesinaron a otro firmante, Maicol Andrés Lozano, en el ETCR de La Montañita, Caquetá (sur), que se suman al total de 334 excombatientes de las FARC asesinados desde el acuerdo de paz.
En su informe la Defensoría también dice que “en materia de acceso a tierras es necesario incrementar el porcentaje de adjudicaciones” y también “un mayor esfuerzo en la implementación del catastro multipropósito en todo el territorio nacional para 2025”.
Otro de los retos fundamentales para el nuevo gobierno consiste en que los exmiembros de las FARC fortalezcan su participación en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, a fin de aportar en el proceso de reparación integral a las víctimas del conflicto armado.
LOS AVANCES
El funcionario aseguró que el proceso de implementación del acuerdo de paz “entró en una fase de aceleración y hoy se puede decir, con optimismo, que la implementación ha tomado velocidad de crucero”.
Por lo tanto, agregó, que es de esperar que el nuevo gobierno, el del izquierdista Gustavo Petro, pueda sostener el ritmo en los temas más avanzados y le dé el impulso necesario a los temas en los cuales “hemos identificado mayores retos”.
“Estamos convencidos de que las bases que se han forjado en los últimos años nos permitirán superar la dificultades y alcanzar muy pronto la meta de la paz que tanto hemos anhelado”, expresó Camargo.
Recordó que se han entregado 1.442 predios a 6.384 familias y que al Fondo de Tierras han ingresado más de 1,9 millones de hectáreas, correspondientes a 16.923 predios, lo que se traduce en un avance del 63,8 % frente a los 3 millones de hectáreas fijados como meta en el acuerdo final.
Por otro lado explicó que en cuanto a tierras para los excombatientes, se resalta que 10 de los 24 antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) ya “cuentan con predios comprados para su consolidación y/o estabilización”.
También que en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la inversión a febrero de 2022 ascendía a 13,2 billones de pesos (poco más de 3.000 millones de dólares de hoy), con una ejecución en 2021 , equivalente al 46 % del presupuesto invertido en cinco años.
Respecto a los Programas Nacionales de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), se lograron varios avances: el 92 % de las familias beneficiarias han recibido pagos de asistencia alimentaria, el 91 % asistencia técnica integral, el 82 % ha sido beneficiado con proyectos de seguridad alimentaria y el 55 % con proyectos productivos de ciclo corto.
Tomado de: Analisisurbano.com
