Mes: agosto 2022

El Presidente de la República, Gustavo Petro, designó este martes a la abogada Martha Lucía Zamora Ávila como Directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La abogada Martha Lucía Zamora es nacida en Bogotá y adelantó sus estudios de Derecho en la Universidad Externado de Colombia. Además, desarrolló un posgrado en derecho penal en la Universidad de Salamanca (España).

En el 2018 el Tribunal de Jurisdicción Especial para la Paz la designó como Secretaria Ejecutiva encargada de ese organismo y Directora Jurídica.

A inicios del 2016 fue designada magistrada de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y posteriormente hizo parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Entre los años 2014 y 2015 se desempeñó como Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, siendo Alcalde el actual Presidente Gustavo Petro.

En su amplia trayectoria en el sector público, Martha Lucía Zamora trabajó en el Ministerio de Justicia entre los años 1989 y 1990. Asimismo, en marzo de 1991 fue elegida como Secretaria de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional Constituyente.

También ejerció como magistrada auxiliar en la Corte Constitucional y posteriormente ingresó a la Fiscalía General de la Nación, como delegada ante la Sala Penal de la Corte Suprema.

Tras salir de la Fiscalía, en el 2001 se desempeñó como Delegada de la Procuraduría General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia.

En el 2012 Zamora fue nombrada Vicefiscal General de la Nación y luego se desempeñó como Fiscal General de la Nación, en calidad de encargada.

Desde 2020 y hasta su designación como Directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, venía colaborando como Asesora de la Agencia de Cundinamarca para la Paz y la Convivencia para el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

Este jueves, el Congreso elegirá al nuevo Contralor General de la República por los próximos 4 años.

La mayoría de los Congresistas consultados, afirman que el nombre de Carlos Hernán Rodríguez genera garantía e independencia para el control fiscal en el país. Quienes lo conocen en el legislativo, ven en la carrera pública de Rodríguez Becerra, el hombre ideal para crear consensos alrededor de la lucha anti-corrupción, la defensa a los recursos de la paz, la independencia del Gobierno, el cambio, la colaboración armónica entre las ramas del poder público, y la garantía de un proceso en el que se va a elegir al mejor calificado.

Rodríguez Becerra, cuenta con los méritos y los conocimientos técnicos que lo acreditan como el más calificado para desempeñarse como el nuevo Contralor General de la República. Aun así, llamó la atención de varios Congresistas, que hubiese sido excluido de la lista inicial, y que dos sentencias judiciales ordenasen rehacer la lista con base en el mérito. Solo después de esto, el nombre de Carlos Hernán ingresó a la lista; lo que demuestra que es un hombre que no cuenta con padrinazgos en el Congreso de la República.

Carlos Hernán Rodríguez Becerra, cuenta con una hoja de vida de más de 30 años en el servicio público, fue Concejal del Municipio de Palmira, Diputado de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, Secretario de Desarrollo y de Planeación del Valle del Cauca, Contralor Departamental del Valle del Cauca, Director Nacional del Sistema de Defensa Pública de la Defensoría del Pueblo, y finalmente, fue Auditor General de la República, elegido por el Consejo de Estado.

Siendo Diputado del Valle, se salvó del secuestro en el que terminaron muertos los 11 diputados; desde ese momento, Carlos Hernán ha trabajado por la paz, la defensa del medio ambiente y la lucha contra la corrupción, por lo que su hoja de vida y trayectoria pública siempre han estado abiertas al escrutinio ciudadano.

La representante a la Cámara, del partido Alianza Verde, le solicitó nuevamente al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, un recaudo obligatorio por parte de las instituciones religiosas en la reforma tributaria.

La reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro ha sido uno de los temas de conversación más recurrentes en el país desde su radicación al Congreso de la República el pasado 8 de agosto. Si bien algunos de los impuestos han generado polémica―como el de las bebidas azucaradas— algunos congresistas manifestaron que hacía falta un recaudo obligatorio por parte de las iglesias.

Katherine Miranda, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, es una de las voces del Legislativo que hicieron esa petición. “Colombia es un Estado laico. Si una iglesia no cumple función social y lo único que hace es amasar fortunas, pues que paguen impuestos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Para la congresista, las instituciones religiosas hoy “son empresas electorales que se lucran de incautos” y aseguró que en “la reforma tributaria nos vemos”. Lo cierto es que Miranda le solicitó al ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, incluir este impuesto en la reforma tributaria que presentó. “Insistiré en que se incluya el impuesto a las iglesias, se dejó de lado y voy a reunirme con el ministro Ocampo para estudiarlo”, agregó.

Sin embargo, el jefe de cartera ha manifestado en varias ocasiones que no va a responder a esa petición. En una entrevista con revista Semana indicó que las iglesias siempre han estado por fuera del sistema tributario y así se mantendrá con la actual administración. “Por nada del mundo lo haremos ―expuso el ministro―. Es el tema de la libertad religiosa, de tener un país que respeta todas las religiones y no nos vamos a meter en eso”.

Cuando el medio de comunicación le preguntó por la cantidad de dinero que mueven algunas congregaciones, Ocampo apeló a que esa no es una razón suficiente. “Muchas iglesias tienen falta de dinero. De pronto algunas poquitas tienen exceso de dinero, pero la mayor parte no son prósperas”, puntualizó el ministro.

Los demás puntos de la reforma tributaria

La representante de Alianza Verde también se ha referido a los demás puntos del proyecto de ley: “Me encuentro muy tranquila con esta reforma tributaria presentada por el Gobierno, es progresiva y equitativa y logra captar recursos de los que más tienen”. Aun así, aseguró que tiene algunas inquietudes y preocupaciones frente a la clase baja, “que son quienes sustituyen la carne y el huevo por embutidos, y en el tema de la gasolina”.

Según Ocampo, la reforma promete “disminuir las exenciones inequitativas de las que gozan las personas naturales de más altos ingresos y algunas empresas, así como cerrar caminos para la evasión y la elusión tributaria”. A su vez, pretende lograr los recursos suficientes para financiar el fortalecimiento del sistema de protección social.

En ese sentido, la reforma tributaria busca la reducción de los beneficios tributarios para quienes tienen mayores ingresos y, a su vez, tiene el objetivo de redistribuir las rentas hacia las familias colombianas más vulnerables.

Para ello se sumarían todas las rentas líquidas gravables y se aplicaría una tabla única de tarifas marginales, es decir, a todos los tipos de ingresos. “Los beneficios tributarios siguen operando, pero se limitan —comentó el ministerio—. Y no se modifica el umbral de ingresos a partir del cual se tributa”.

Entre los puntos más polémicos está el impuesto para las bebidas ultraprocesadas, que “se gravarían en función del contenido de azúcar en gramos por cada 100 mililitros de bebida”. Con respecto a los productos comestibles ultraprocesados, con una tarifa del 10 %.

Tomado de: Infobae

Bajo la campaña #VotoPúblicoContralor el senador Gustavo Bolivar presentó toda una serie de irregularidades que se estarían presentando con la elección del Contralor General de la Nación
De acuerdo con el senador “congresistas están negociando con candidatos a la Contraloría las direcciones regionales” de la entidad.
“Si nos va bien y se roban el 10 %, estamos hablando de 170 billones de pesos; son cinco reformas tributarias (…) por eso es tan importante elegir un contralor muy independiente que no tenga nada que ver con este contralor que no descubrió los grandes robos de Colombia, ni con la clase política de este país”, señaló Bolívar en un vídeo en su cuenta de twitter.
De acuerdo con el senador los congresistas estarían «feriando la impunidad de los próximos cuatro años”.
“Les digo de qué manera, se les acerca fulanito del Cesar y les dice: ‘tiene mi voto, pero necesito la dirección de la Contraloría en su departamento’. Se les acerca el de Córdoba: ‘cuente conmigo doctora o doctor, pero necesito la dirección de la Contraloría’, y así sucesivamente se acerca el del Valle, se acerca el de Antioquia, el de Medellín, el de Cali”, sostuvo.
El senador explicó que cuando la persona es elegida todas las contralorías departamentales se espera que ya tengan dueño, es decir los que tienen gobernador o los que tienen alcalde o los mismos gobernadores y alcaldes. Según agrega esto les significaría «impunidad cuatro años, no ser perseguidos, no ser investigados, robar a sus anchas”, continuó Bolívar.

Tomado de: Cuarto de Hora