Mes: octubre 2022

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

Escucharnos es la clave fundamental para llegar a procesos de planificación y construcción de lo que requieren las comunidades. Así quedó demostrado en el Gran Diálogo que adelantamos con los representantes de las comunidades campesinas, indígenas, afros, víctimas y líderes sociales del municipio de Montería.

Logramos convocar en tiempo récord a representantes de alto nivel del Gobierno Nacional, la Gobernación de Córdoba, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para sentarnos en dos importantes mesas de trabajo, en la búsqueda de soluciones a las peticiones hechas.

Con los representantes del “Convite Étnico y Ecológico” iniciamos la construcción de una hoja de ruta de atención y tomamos la determinación de dejar abierta, y de manera permanente, la mesa de construcción en la que cada entidad territorial tiene plenamente identificados los puntos que son de su competencia.

Gabriel Calle, jefe de Gabinete del Ministerio del Interior, y José Jaramillo, secretario privado del Consejero Presidencial para las Regiones, hicieron presencia en este Gran Diálogo y tomaron atenta nota de temas de territorio, acceso a la tierra, reconocimientos de las comunidades, Plan Nacional de Desarrollo 2023, educación con enfoque para la población campesina, consultas previas y protección de líderes sociales amenazados. El propósito es empezar de inmediato un trabajo conjunto entre los Ministerios encargados de cada uno de estos puntos para estructurar acciones y brindar alternativas de atención a corto, mediano y largo plazo.

El ente departamental, representado por el secretario del Interior, Jairo Vaquero, también adquirió compromisos en materia de una adición de recursos al presupuesto de 2023 para la atención de procesos de las comunidades, cofinanciación de las guardias indígenas del departamento en conjunto con el Ministerio del Interior, entrega de ayudas humanitarias e instalación de reductores de velocidad en las vías departamentales donde se requiera.

De nuestra parte, tenemos la competencia para trabajar en los procesos de inclusión y acceso de estas comunidades a la Universidad del Sur; entregas de ayudas humanitarias; proyecto del relleno sanitario en Patio Bonito, del que piden claridad; mejoramiento de vías terciarias; Plan de Alimentación Escolar; información sobre los recursos utilizados en el manejo de residuos sólidos, y los controles al transporte público ilegal y las plataformas digitales que lo promocionan.

Por otra parte, en reunión conjunta, a la que acudieron otros líderes de comunidades étnicas y sociales, entre gobernadores y capitanes de cabildos, junto con las autoridades nacionales y departamentales, tratamos temas de sumo interés; como certificaciones de juntas directivas de cabildos indígenas, servicios de salud en la zona rural, vías terciarias, saneamiento básico, educación, rellenos sanitarios y licencias ambientales. Acordamos una reunión la próxima semana para articular y darle celeridad a los procesos que vienen solicitando desde hace muchos años.

Montería es ejemplo nacional, porque desde el primer día de nuestro gobierno le hemos apostado al diálogo, le volvimos a dar cabida y poder de decisión a la gente; esfuerzo que se ve reflejado en este tipo de espacios que convocamos con el propósito de trabajar mancomunadamente por el bienestar de todos.

Los monterianos pueden tener la certeza de que en el Gobierno de la Gente tenemos la voluntad de avanzar en cada una de las solicitudes de estas comunidades, porque entendemos todas las dificultades que durante décadas han tenido que padecer por el olvido y desfavorecimiento al que fueron condenadas.

Todas nuestras actuaciones y toda la inversión que hemos hecho son el producto no solo de oír, sino de escuchar con atención las necesidades de la gente para así construir colectivamente y entender de manera clara lo que pasa en el territorio.

Sin duda, seguiremos liderando estos procesos de diálogo y construcción permanente para la inversión del gasto público, porque ese ha sido el talante de nuestro gobierno. De esta manera, estamos logrando consolidar una Montería Grande, totalmente incluyente, para las presentes y futuras generaciones.

Por: Marcos Daniel Pineda García

Una de las metas más importantes que se ha trazado el nuevo gobierno, es entregar tres millones de hectáreas de tierra, una apuesta muy ambiciosa que puede salir muy bien, dejando un precedente para el futuro, o por el contrario, puede ser un fracaso, si no se aborda con una visión integral. Más allá de entregar tierras, el verdadero reto está en transformar la vida de las familias en las zonas rurales de Colombia.

En primera instancia, la entrega de tierras debe ser un proceso con orden social, por eso urge definir los parámetros para escoger a los beneficiarios y socializar la convocatoria en todos los territorios del país. Con esto, contrarrestaríamos la proliferación de invasiones ilegales en terrenos privados, que con el anuncio de este nuevo programa, han aumentado en los últimos meses por cuenta de personas inescrupulosas, que quieren sacar provecho de la situación.

Los criterios de selección deben ser estrictos, para que las tierras sean entregadas a los campesinos que realmente las necesiten, estableciendo condiciones que garanticen que a futuro estas no sean enajenadas. Nada haríamos si al final los terrenos entregados resultan alquilados, vendidos o en el peor de los casos, improductivos.

Para darle un buen uso a los terrenos entregados, hay que saber sincronizar su productividad con la vocación del suelo y las apuestas exportadoras de cada región del país. Esto no es algo que pueda quedar al libre albedrío, por ello se debe orientar al pequeño productor hacia la actividad que más le resulte rentable y conveniente.

Así mismo, considero que la entrega de tierras se debe acompañar con una política integral de desarrollo productivo, que incluya asistencia técnica, acceso fácil a créditos y fomento a la asociatividad, para facilitar la adquisición de maquinaria y canales de comercialización.

Otro reto social importante, será el crecimiento poblacional que se generará con este programa en las zonas rurales dispersas del país. Esto obliga a mejorar las condiciones mínimas de calidad de vida de los beneficiarios, como vivienda digna, agua potable, energía eléctrica, conectividad y la ampliación de la oferta de educación y salud para estas comunidades.

Un último reto para mejorar la competitividad de nuestro campo, es sin lugar a dudas la conexión a través de vías terciarias. Nos ilusiona pensar que nuestro proyecto de ley para crear la Agencia de Vías Comunitarias para la Paz, sea por fin la solución que tanto necesitan los olvidados y maltrechos caminos rurales.

Estamos ante una oportunidad histórica, para redescubrir y aprovechar todo el potencial de nuestras tierras y el valor de nuestros campesinos, impulsando el desarrollo económico, no solo de los terrenos que se entregarán, sino de todo el campo colombiano, consolidándolo como uno de los más fuertes e importantes activos del país.