El Secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, presentó ante la opinión pública, el primer mapa de la impunidad en Colombia. Una herramienta que permite realizar un seguimiento más detallado de la actuación de la justicia frente a los delitos contra la administración pública.
La investigación inició hace varios meses y comprende el periodo comprendido entre el año año 2010 hasta 2023, lo que permitió identificar los 10 departamentos del país con el más alto porcentaje de procesos con delitos asociados a la corrupción, que no avanzan y permiten, en gran medida, la prescripción, dejando sin castigo a miles de responsables que se apropian de los recursos públicos.
De acuerdo con el consolidado del estado de denuncias asociadas a corrupción, hay en total 57.582, entre los años 2010 y 2023, de las cuales el 93.99% no tienen condena; el 89.7% sin captura, y el 77.15% están en indagación.
En el top 10 de los delitos asociados con corrupción administrativo 2010-2023 ocupa el primer lugar el peculado por apropiación con un 26%; seguido del contrato sin cumplimiento de requisitos legales, 24.6%; concusión, 10.1%; cohecho por dar u ofrecer, 9,8%; interés indebido en la celebración de contratos, 7.4%; cohecho propio, 3.7%; peculado por aplicación oficial diferente, 3.5%; enriquecimiento ilícito, 3.1%; tráfico de influencias de servidor público, 2.4%, y peculado por uso, 2.1%.
En las denuncias asociadas a corrupción sin condena por departamento se encuentra San Andrés, 99.1%; Guaviare, 99%; Bolívar, 98.5%; Putumayo, 97.6%; La Guajira, 97.5%; Casanare, 97.5%; Córdoba, 97.2%; Vaupés, 97.2%; Arauca, 97% , y Sucre, 96.8%.
En el top 10 de los departamentos sin capturas por delitos asociados a corrupción se encuentran: Vaupés, 98.6%; Guaviare, 98%; Guainía, 96%; Boyacá, 95.7%; Cundinamarca, 95.4%; Putumayo, 95.1%; Caldas, 94.5%; Huila, 94.4%; Casanare, 94.1%, y Santander, 94.1%.
Para finalizar, en el top 10 de los departamentos sin condenas por delitos asociados a corrupción, encabeza la lista San Andrés, 99.1%; seguidos de Guaviare, 99%; Vaupés, 98.5%; Arauca, 97.6%; Casanare, 97.5%; Putumayo, 97.5%; La Guajira, 97.2%; Córdoba, 97.2%; Bolívar, 97.2%, y Sucre, 97%.
El secretario Andrés Idárraga afirmó: “Estos datos son irrefutables, Colombia agoniza en un mar de impunidad, la aplicación de la justicia en los casos de corrupción, apenas se asoma a un tímido y cobarde 6%, hecho que como como Nación causa vergüenza”.
De 32 departamentos, 20 tienen un porcentaje de impunidad superior al 95%, y 12 están entre el 90% y el 94.9% de impunidad, solo superado por Bogotá que tiene un 88% de impunidad.
En síntesis, la impunidad en Colombia, en los delitos asociados contra la administración pública, se ubica en un 94%.
Por esto, la presencia aquí, de gran parte del Gobierno, es para enviarle un mensaje inequívoco a los colombianos: “el presidente Gustavo Petro nunca ha renunciado a la lucha contra la corrupción. Todo lo contrario, la vamos a intensificar con todas las fuerzas institucionales a disposición y hacemos un llamado a la Fiscalía, para que actúe con la misma celeridad, como lo hizo con la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, que fue imputada hace apenas unos meses después de nuestra denuncia por la maratón de contratos que suscribió en tiempo récord. Nosotros no engavetamos las denuncias, porque si seguimos como vamos, se volverá costumbre la aparición de personajes como Emilio Tapia, que convierten la corrupción en una empresa de la impunidad”.
El secretario agregó: “Estamos en la obligación de cuidar cada peso que se invierte de forma efectiva en el mejoramiento de las condiciones de vida de los más necesitados y no que ayude a los que más tienen, no seremos cómplices de la desigualdad. La corrupción anda en hombros, lo he venido reiterando”.
“En este gobierno, como lo señaló el presidente Gustavo Petro, luchamos contra la corrupción “caiga quien caiga”. Aquí no hay corrupción buena o mala, menor o mayor, corrupción es corrupción y seremos implacables para combatirla”, concluyó el secretario.
El secretario anunció que convocará a la “Comisión Nacional de Moralización, máxima instancia nacional anticorrupción, en cabeza del presidente Gustavo Petro. Está conformada por el ministerio del Interior, Procuraduría, Contraloría, Auditoría, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, presidentes de Senado y Cámara, y Defensoría, entre otros.
