Mes: julio 2023

Por: Jairo Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

El pasado 11 de julio, los rectores de las 34 universidades públicas que hacen parte del Sistema Universitario Estatal – SUE, en reunión con el Presidente de la República y la ministra de Educación Nacional; espacio de diálogo donde reafirmamos la disposición y acompañamiento en la realización de la agenda de educación superior consignada en el Plan Nacional de Desarrollo; reiteramos las consideraciones sobre la reforma de la Ley 30.

Una vez conocidas las apuestas de reforma a la Ley 30 de 1992; acerca de la cual circulan a la fecha varios proyectos de Ley en el Congreso y de la que se resalta la intención del Ministerio de Educación Nacional de estructurar y radicar una propuesta el 20 de julio del presente año.

En este sentido, reconocemos la determinación del Gobierno Nacional de fortalecer la educación superior pública, tanto en el reconocimiento de la existencia de un déficit estructural para las Universidades Públicas generado por la proyección de financiación con base en presupuestos de 1992 ajustados cada año solo por la correspondiente indexación sin prever evolución y crecimiento, como en asumir nuevos retos de ampliación de cobertura, expansión de la política de gratuidad, así como la necesidad de flexibilizar los procedimientos para el otorgamiento de nuevos registros de programas y del sistema de aseguramiento de la calidad, entre otros aspectos de gran importancia para robustecer y consolidar en el país, la oferta de educación superior de alta calidad.

Por ello, compartimos la necesidad de revisar integralmente la Ley 30, pero consideramos, que este ejercicio debe obedecer a un análisis profundo de cada capítulo, que pueda involucrar los procedimientos, metodologías, datos y cifras de expertos que trabajen día a día en el quehacer universitario, las apuestas regionales y nacionales que garantice la autonomía universitaria y la expansión de la docencia, investigación y extensión, la formación integral del estudiante, el impacto social y científico, propio de la naturaleza universitaria; así mismo, que la propuesta pueda contar con los conceptos jurídicos y financieros de los impactos de esta, y la participación ciudadana de los actores correspondientes; razón por la cual, para el Sistema preocupan las restricciones de tiempo para llevar a cabo los mismos; máxime, cuando es una ley que nos ha definido las rutas de operación de las últimas tres décadas y que, la redacción de los nuevos textos o ajuste a los artículos actuales definirán el futuro de la educación superior del país.

Desde el SUE se manifiesta la total disposición de contribuir en estos análisis, recomendando ampliar el tiempo de estructuración y revisión de la propuesta integral de reforma a la Ley 30; y en cambio, priorizar la reforma de los artículos 86 y 87 de esta, de modo que pueda ser actualizada la fórmula de financiación para el Sistema de Educación Superior Público; iniciativa aprobada en primer debate en Cámara de Representantes.

En consecuencia, respetamos la decisión del Gobierno Nacional de radicar el proyecto de reforma de la Ley 30.

En el Congreso de la República aportaremos las propuestas para un debate argumentado que responda al proyecto de nación que debemos construir desde la educación.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

Cuando asumí como Alcalde el manejo de la ciudad, desde el mismo momento de mi posesión y juramento, constituí un equipo de gobierno con la solemne responsabilidad de gobernar con la gente y para la gente. Sin espejo retrovisor y despojados de todo egoísmo, entendimos la inmensa responsabilidad de corregir y darle continuidad a la ejecución de obras inconclusas y de acontecer calamitoso, y de mejorar, por ende, lo realizado por nuestros antecesores.

Al mismo tiempo, pusimos en marcha nuestras propuestas tendientes a proyectar a Montería como una de las mejores capitales del país y abrirnos al mundo, adoptando políticas públicas globales de atención a las comunidades y consolidando el desarrollo urbanístico, según los lineamientos de grandes ciudades.

La planificación ha sido de vital importancia en la consecución de nuestras metas, sin embargo, encontramos que la información de la ciudad no estaba concentrada y detallada; situación que nos propusimos cambiar, con el objetivo de dejarles a las siguientes administraciones una base de datos robusta y sólida para el diseño de planes de desarrollo, programas y estrategias encaminados a un crecimiento ordenado y equitativo, basado en la justicia social.

Por consiguiente, le apostamos decididamente al proceso de habilitación del municipio como gestor catastral. Logro que hemos conseguido, luego de un arduo y riguroso trabajo de nuestro equipo de gobierno y el apoyo de Asocapitales.

Como resultado, podremos implementar el Catastro Multipropósito, herramienta con la que le apuntamos al fortalecimiento social en los barrios y corregimientos, toda vez que su objetivo principal es el de recopilar la información física, jurídica y económica de todos los predios del municipio, de dominio público y privado. Hay que tener en cuenta que esta figura no es sinónimo de impuesto predial y que, con ella, tampoco se incrementará la contribución que hace cada monteriano por este concepto.

Sin duda alguna, con el Catastro Multipropósito se favorece el desarrollo de Montería, durante las próximas décadas; gracias a que con la información recopilada se tendrán los insumos necesarios para la estructuración de acciones tendientes a la generación de empleo, al mejoramiento de la calidad educativa y de la prestación de los servicios de salud, así como a la sostenibilidad ambiental, la seguridad jurídica de la propiedad y la consecución de más ingresos para la inversión en el mejoramiento de la red vial y la construcción de más metros cuadrados de espacio público para el disfrute de los monterianos.

Hemos entrado a la vanguardia de la gestión catastral, como lo han hecho muchas ciudades del mundo. Mejoraremos la experiencia de la ciudadanía en los trámites catastrales y también generaremos mayor calidad de vida para cada ciudadano, en el entendido que se beneficia la economía y se fortalece el Plan de Ordenamiento Territorial, que logramos actualizar, tras 10 años de espera.

Con la actualización catastral, contaremos con datos exactos y estimamos la incorporación de 11.000 predios. Además, según las proyecciones a 2033, por concepto de impuesto predial unificado, la ciudad lograría ingresos totales anuales superiores a los $115.000 millones, lo que representa un aumento de $60.000 millones, con relación a lo que se recauda en la actualidad. Sin duda, esto le apunta a una menor dependencia del Gobierno Nacional y a una mayor inversión social.

Nuestro norte siempre ha estado definido y no es otro que el de lograr que todos estemos bien, por lo que entendimos que se hacía necesaria la construcción de una Montería Grande ordenada, incluyente, moderna y competitiva. ¡Así lo visionamos y así lo estamos cumpliendo!