Mes: noviembre 2023

Por no responder con la alimentación de los niños y las niñas en La Guajira, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) denunció penalmente a varias organizaciones que operaban los servicios para la primera infancia en el territorio. Este es para su directora general, Astrid Cáceres Cárdenas, uno de los argumentos que tiene la entidad para cambiar el modelo de atención en el departamento.

“El ICBF tiene razones suficientes para cambiar el modelo de atención en La Guajira porque no estamos siendo efectivos frente a la desnutrición infantil, tal como lo dijo la Contraloría en el informe que presentó sobre el periodo 2018 a 2022”, señaló la directora general del ICBF, quien anunció que se le pidió a la comunidad que acompañe al instituto en esta transformación del modelo.

Astrid Cáceres Cárdenas insistió que este modelo en La Guajira va a tener resistencia al cambio pero responde a una necesidad sentida luego de encontrar situaciones que no lograban el impacto y la efectividad en las niñas y los niños, como por ejemplo: que la ración servida no se presentaba en tres tiempos porque salían a la 1:00 pm de la unidad comunitaria de atención y que no servía solamente brindarles comida mientras eran atendidos, sino que se necesita una alimentación integral dentro de los territorios.

En el nivel más grave de la situación se identificaron anomalías frente a la no entrega de los alimentos a tiempo por parte de las asociaciones, ni el pago a las agentes educativas, irregularidades que generaron la toma de medidas sancionatorias por parte del ICBF para 5 organizaciones y otros 14 procesos en curso contra aquellos que no le han cumplido a las comunidades.

La directora general del ICBF se refirió a la primera fase del cambio de modelo para lo cual se ha abierto una convocatoria con las autoridades ancestrales tradicionales, los resguardos y los cabildos, para trabajar conjuntamente en la zonificación y la forma de operación para que la atención sea por comunidades y no por niño, ni con el modelo que venía funcionando.

Finalmente, la funcionaria recalcó la frase del Presidente Gustavo Petro “si se quieren obtener resultados distintos hay que hacer una metodología distinta”, por eso si el ICBF sigue usando la misma metodología de dispersar recursos por ciclo vital en las rancherías, no va a tener ningún impacto. “Lo que hemos hecho es unificar los presupuestos de manera que se pueda atender desde la mujer gestante hasta el niño y la niña menor de dieciocho años y no dispersar recursos en programas separados”, puntualizó.

El fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible el parágrafo 1º del artículo 19 de la Ley 2277 de 2022 (Reforma Tributaria) les permitirá ahora a las empresas del sector minero y petrolero deducir el 100% de los impuestos, tasas y contribuciones del impuesto de renta.

Además, la Sentencia C-489 de 2023 señala que “para efectos del impuesto sobre la renta, el monto no deducible correspondiente a las regalías pagadas en especie será al costo total de producción de los recursos naturales no renovables».

Mantener esa prohibición, como estaba originalmente, le hubiera permitido al Gobierno del Cambio recaudar alrededor de $10 billones entre 2023 y 2026, pero ahora la decisión obligará al Ejecutivo a buscar otras alternativas frente al desajuste del presupuesto para 2024.

Tras conocerse la decisión de la Corte, el presidente Gustavo Petro dijo en su red social de X (antes Twitter): “Le toca al Ministro de Hacienda, después de esta decisión que no puedo compartir, recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público».

En otro trino, el jefe de Estado afirmó que con el fallo “se les regala» impuestos a las grandes empresas extractivas:

“¿Qué significa deducir del impuesto de renta de una empresa petrolera o carbonera, las regalías?

1. Que se considera que la regalía es un gasto de la empresa petrolera y no un derecho de la nación por ser esta la dueña del subsuelo.

2. Se les regalan impuestos a las empresas petroleras y carboneras. Esos impuestos deberían atender el gasto social de Colombia, ya no es posible».

​“Una expr​opiación»

En otro trino, el primer mandatario aseguró que la decisión de la Corte “es una verdadera expropiación de un bien nacional».

“Mi deber como colombiano en un país al que siempre lo han estafado en la venta de sus materias primas energéticas, es decir lo que significa las regalías. Las regalías no son un costo del empresario de petróleo. El petróleo es propiedad del pueblo colombiano», dijo el presidente Petro.

Agregó que cuando el Estado concede explotarlo a un particular, el Estado se queda con una parte, precisamente porque el bien explotable es propiedad del pueblo: el petróleo.

“Cuando la Corte vuelve el derecho del pueblo, una deducción del impuesto de renta del particular, le regala impuestos a gente muy poderosa económicamente y produce una profunda injusticia social; vuelve inocuo el derecho del pueblo a su propiedad».

Y concluyó su trino afirmando: “Es una verdadera expropiación de un bien nacional que se convierte de facto en un bien particular, y no de cualquier particular: los particulares más poderosos del mundo. Un verdadero retroceso hacia el fortalecimiento de la economía fósil, de la que la humanidad debe escapar para sobrevivir, y un debilitamiento del estado para hacer la transición energética».

Cuestión de interpr​etación

El ministro Bonilla dijo que desde el Gobierno “lamentamos mucho la decisión», y sostuvo que “es una interpretación de la Corte»:

“En términos reales, los recursos minero-energéticos están en el subsuelo que pertenece al Estado colombiano, que lo que hace es entregar a un particular la posibilidad de explotarlos, y el particular le paga al Estado con las regalías. Por lo tanto, no forma parte de su costo de producción. Es un patrimonio que le pertenece a todo el país, pero es un tema de interpretación».

En el mismo sentido, el economista y exministro de Hacienda del actual gobierno, José Antonio Ocampo, tampoco comparte el fallo, y recordó que como jefe de la cartera presentó el proyecto de reforma tributaria ante el Congreso y defendió ante la Corte Constitucional el alcance del artículo derogado.

“Creo que la Corte se equivocó en la valoración de qué son las regalías. Las regalías no son un costo de producción y, por lo tanto, no se deben ver como eso, un costo. Las regalías son la participación de la nación en las utilidades por la explotación de los recursos naturales, que sí son del Estado. Es decir, las regalías se parecen más a un dividendo que no es deducible como costo en el impuesto de renta», explicó.

A su turno, José Roberto Acosta, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, también dijo que espera conocer el alcance de la decisión “para revisar los ajustes presupuestales con base en el impacto que generarán unas regalías que ya no se van a recibir».

​Los ajus​tes

El director de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), Luis Carlos Reyes, también se mostró “sorprendido» aunque “respetuoso» por la decisión de la Corte Constitucional.

“Esperamos a conocer el fallo completo, pero lo que vemos es que mientras las personas naturales, en su mayoría asalariados y tenderos, se ponen la camiseta, esta decisión favorece a compañías del sector minero-energético que deberían estar haciendo aportes a la transición energética», señaló en declaraciones radiales.

Puntualizó que “es un regreso a un statu quo que había sido muy cuestionado».

Frente a los ajustes que sufrirá el presupuesto de 2024, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, explicó que ahora el Gobierno tendrá que trabajar en dos direcciones.

“Primero, identificar si podemos trasladar todo el pago de regalías a que sea en especie, de tal manera que no entren en la contabilidad de quienes explotan el recurso, dado que la discusión en la Corte siempre giró acerca del pago de regalías en dinero por parte de quienes explotan el recurso minero-energético», aseguró.

La otra posibilidad, añadió, es establecer un recorte en el presupuesto de 2024 pues el fallo lo desfinancia en cerca de $3 billones, más la retención en la fuente que se ha hecho en 2023.

“Este es un recurso de libre destinación y por tanto tendremos también la libertad de decidir en qué áreas del gasto podremos hacer el recorte», insistió el ministro.

Esperamos a final de este año poder entregar los primeros recursos desde este fondo, herramienta fundamental para la gestión y el cambio ambiental en todo el país», anunció la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad.

Con la reglamentación del Fondo para la Vida y la Biodiversidad (Decreto 1648), el país cuenta con un nuevo instrumento para financiar proyectos y programas en materia de acción climática, contención de la deforestación y ordenamiento alrededor del agua.

El nuevo fondo cuenta con patrimonio autónomo y será administrado por una sociedad fiduciaria, encargada de asegurar una mayor eficiencia en la distribución de los recursos para beneficiar a las comunidades y los ecosistemas estratégicos del país.

Los recursos de este fondo –por 4 billones de pesos al 2026– provienen de cinco fuentes principales: 80 por ciento del recaudo del Impuesto Nacional al Carbono, Presupuesto General de la Nación, cooperación nacional e internacional, donaciones y aportes de entidades públicas y privadas.

Compromiso cumplido

Este Fondo fue anunciado por el presidente Gustavo Petro Urrego en octubre del 2022​ y hoy es ya una realidad.

“Crearemos un fondo abierto a la nación y al mundo, financiado por el presupuesto nacional, y no por los cuatro años de gobierno», precisó ante líderes comunitarios, indígenas y campesinos en Puerto Leguízamo, Putumayo.

“Queremos aprobar unas vigencias futuras durante 20 años, tiempo en el que creemos la selva se puede regenerar, con unas cuantías del presupuesto nacional mínimas», sostuvo.

Asignación de recursos

El sector ambiente recibió una asignación de 2,03 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación para 2024, un incremento importante respecto a la de este año, de 1,4 billones de pesos.

Estos recursos permitirán consolidar las acciones del gobierno en la conservación y restauración de las 13 ecorregiones priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia, Potencia Mundial de la Vida’.

“Es y será un compromiso constante de esta cartera y del gobierno nacional: continuar trabajando en la coordinación de esfuerzos y la canalización de los recursos destinados a cumplir con la más importante agenda ambiental de las últimas décadas en el país», aseguró Muhamad.

De dichos recursos, Parques Nacionales Naturales recibirá 239.885 millones de pesos para funcionamiento e inversión y los institutos de investigación 200.366 millones de pesos: 97.681 millones para Ideam, y 102.685 millones para Humboldt, Sinchi, Invemar e Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP).

(Con información del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.)