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Política Nación

¿Francia Márquez se distancia de Petro pensando en 2026?

 

A juzgar por unas declaraciones que hizo la semana que terminó en la que reconoció que el país pasa por una situación de seguridad compleja y que necesita esfuerzos para resolverla, la Vicepresidenta Francia Márquez pareciera marcar distancia del presidente Gustavo Petro.

Incluso, durante una entrevista con un programa de la Presidencia, se mostró como una voz punzante en el equipo que del presidente Petro. “Yo he sido muy insistente al interior de nuestro gobierno y con nuestras fuerzas militares y de policía. Por un lado, tenemos que avanzar en la paz, pero también brindar seguridad”, dijo.

A estas declaraciones se suma que de un tiempo para acá no se les ve juntos y, por su parte, la vicepresidente se ha dedicado a impulsar una agenda que encarnó desde la campaña de 2022 y que no ha tenido resultados tangibles: mujer y género, banderas por las que se creó el Ministerio de la Igualdad, en el que está a la cabeza. Por eso, este fin de semana lanzó en Cali el nuevo sistema nacional para prevenir las violencias basadas en género.

Ante este panorama que la muestra pidiendo resultados en materia de orden público e iniciando estrategias en pro de las mujeres se ha abierto la puerta a que se piense que tiene diferencias con el jefe de Estado.

Aunque la victoria no es segura, hay una oportunidad. La politóloga, magister en estudios políticos y subdirectora de Pares Colombia, Laura Bonilla, explica que Márquez “en unas consultas internas ganaría, en unas elecciones locales puede jugar muy bien, en nacionales es posible que pase al Congreso, pero en presidenciales le costaría más posicionarse y ganar”.

Lo que también se puede prever es que llegue con su partido “Soy Porque Somos” fortalecido y encabezando una coalición, sobre todo tras la ruptura interna que vive el Pacto.

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En la primera semana de diciembre comenzarán los trabajos contratados por la UNGRD para el cierre en Cara de Gato 

 

En la primera semana de diciembre comenzarán los trabajos de cierre en la ruptura de cara de gato en la subregión de La Mojana , la obra iniciará con el dragado en el canal de La Esperanza y con ello se busca acabar con el drama de las inundaciones que se registran desde hace más de dos años en esta zona del país.

Germán Alberto Serrano Gutiérrez, ingeniero de la empresa ARC, encargada de realizar las obras y contratada por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos -UNGDRD, explicó

«Los diseños van avanzados, en 10 días tenemos ese proceso final. Se socializaron los trabajos con la comunidad, los equipos se encuentran listos, la mano de obra, el proyecto, la maquinaria local, para comenzar a trabajar en la primera semana de diciembre”.

Para llevar acabo estas labores, la empresa contratada estimo tres frentes de trabajo, según explicó el ingeniero «Uno es la construcción de los espolones direccionales, el canal de la Esperanza y el otro es el trabajo del dique como tal que puede ser abordado en varios frentes y no se requiere que baje el nivel de las aguas para desarrollarlos”.

Marco Tulio Benítez Matheus, otro de los representantes del Consorcio ARC explicó que se hará un cierre del flujo de agua en la parte del recorrido antiguo del río Cauca, donde desemboca el canal de La Esperanza, con el objetivo de crear una especia de trampa y depositar el sedimento en la zona.

las obras estructurales contratadas por 1.8 billones de pesos contemplan la construcción de espolones, una gran muralla en la margen izquierda del río Cauca y las 33 compuertas hidráulicas para el manejo controlado del agua.

De la misma manera, la canalización de caños y afluentes para darle navegabilidad al río y permitir que la región de La Mojana vuelva a ser una de las zonas más productiva de Colombia.

San Jacinto del Cauca, en el sur de Bolívar, Guaranda, Sucre (Sucre) y Majagual, en la Mojana sucreña; San Marcos, Caimito, San Benito Abad, en la zona del San Jorge. Ayapel en Córdoba y Nechí en Antioquia, además de sus zonas rurales, son las regiones afectadas por las inundaciones que por más de dos años han afectado a esta subregión.

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Los siniestros viales siguen apagando vidas, en clínicas de Montería, dos personas fallecieron por causa de este flagelo

 

La primera víctima fue Óscar Emilio Hoyos Payares, natural de Pueblo Nuevo, quien sufrió un siniestro vial en el municipio de Cereté cuando se desplazaba en una motocicleta.

La otra persona fallecida es Ray Félix Dorado Gómez quien sufrió un choque en el municipio de Planeta Rica, debido a las graves heridas fue trasladado hasta un centro asistencial de Monteria donde también murió. Sobre este caso no hay mayores datos.

Ambos cuerpos fueron traslados a Medicina Legal y posteriormente entregados a sus familiares para darles cristiana sepultura.

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Un adulto y un menor de edad murieron en centros asistenciales por causa de siniestros viales en Sahagún 

 

Las víctimas, ambas del municipio de Sahagún se vieron involucrados en diferentes siniestros viales registrados el pasado 18 de noviembre en esa localidad.

Se trata de Edinson Méndez, quien tras varios días luchando por su vida perdió la batalla contra la muerte, debido a las graves heridas que sufrió en un suceso vial registrado en el sector Samurai de Sahagún, el hombre se movilizaba en una motocicleta cuando impactó contra un bus de transporte público que al parecer se encontraba detenido a un costado de la carretera troncal en el sector en mención.

La otra persona fallecida es un menor de edad, identificado como Víctor Beltrán, quien fue trasladado gravemente herido a un centro asistencial tras sufrir un siniestro vial también el pasado 18 de noviembre pero en el barrio Las Mercedes del mismo municipio.

El menor se movilizaba en una motocicleta cuando perdió el control de la misma. Desde entonces permanecía en un centro de salud donde finalmente se confirmó su deceso este domingo 26 de noviembre.

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INVIR: una deuda pendiente con el campo

 

Por: Marcos Daniel Pineda García

Cuántas veces hemos escuchado frases como: “esa vía está hecha una trocha”, “esa vía está abandonada”, “hay mucho hueco”, “se tiene que ir por otro lado porque por allí no pasa”.

Durante décadas, las vías rurales han sido un verdadero problema para los campesinos y productores que habitan en el campo de nuestro país, una población que según cifras del Dane hoy llega a más de 15,2 millones de personas, casi el 30% de los colombianos.

Celebro la oportuna creación del Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir), una iniciativa nuestra respaldada por el Partido Conservador, que con la anuencia y el apoyo del Gobierno nacional hoy tiene vida jurídica y se encargará de la construcción, mantenimiento y mejoramiento de las vías terciarias de Colombia. Según datos del Departamento Nacional de Planeación, la red vial terciaria nacional podría llegar a los 150 mil kilómetros.

Más allá de desempolvar el extinto Fondo Nacional de Caminos Vecinales, el espíritu de esta propuesta fue la creación de una entidad del orden nacional que se convirtiera en doliente y responsable de las maltrechas y olvidadas vías rurales, dando con ello un importante paso en el largo camino de resarcir la deuda histórica que tenemos con el campo colombiano.

Sin embargo, analizando a fondo el Decreto 1961 del 15 de noviembre de 2023 con el cual se crea el Invir, no puedo dejar de expresar mis inquietudes sobre tres temas fundamentales: transparencia en la contratación, generación de burocracia y descentralización de funciones.

Primero, el Invir debe conservar los principios de la contratación pública en Colombia. No dejan de preocuparnos algunos artículos que podrían poner en entredicho la transparencia, la selección objetiva y la pluralidad de oferentes. Bienvenidos sean los convenios con las Juntas de Acción Comunal y las asociaciones de campesinos, sin perjuicio de que se continúen haciendo con alcaldes y gobernadores, pero siempre apegados a lo que dicta Ley de Contratación Estatal.

Segundo, la creación de burocracia adicional no se contempló cuando concertamos esta iniciativa desde el Partido Conservador, ya que consideramos que el Instituto Nacional de Vías (Invías), tiene el talento humano y la capacidad instalada suficientes para darle vida administrativa al Invir sin generar más gasto público innecesario.

Y finalmente, el Invir debe tener vocación regional. De nada sirve crear un instituto que atienda las vías terciarias, si las decisiones se van a seguir tomando desde el nivel central. Un técnico sentado en un escritorio en Bogotá, no sabe que los corregimientos La Culebra y Las Guamas se comunican por una vía que conecta un importante área productiva de los municipios de Cotorra y San Pelayo, en Córdoba, solo por mencionar uno de los muchos ejemplos que existen en el país. Por eso, queremos que este instituto tenga funciones descentralizadas y la toma de decisiones se haga desde los territorios, que es donde en realidad se padecen y se conocen las vías que necesitan ser priorizadas.

Con mucha ilusión, esperamos que con determinación administrativa, voluntad política y un presupuesto autónomo, la llegada del Invir pueda marcar un antes y un después para las vías rurales. Ya es hora de que nuestro campo se convierta en un verdadero eje de desarrollo, que le dé un gran impulso a la economía campesina y la competitividad en Colombia.

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Tránsito de la educación media a la educación superior

Por: Jairo Torres Oviedo

Rector de la Universidad de Córdoba 

En el análisis acerca de las asimetrías en el sistema educativo colombiano, analizamos, cómo la educación reproduce las desigualdades sociales impidiendo de esta forma la movilidad social para dar paso al crecimiento de la pobreza; situación que se ahonda cada día más en la ruralidad, incluyendo la ruralidad dispersa y grupos poblacionales minoritarios.

En consecuencia, es necesario corregir esas asimetrías y fortalecer la educación, en particular, la media como nivel fundamental para definir el desarrollo educativo; por cuanto en este nivel, los jóvenes definen sus inclinaciones vocacionales. Además, permite el tránsito a la educación superior o al mercado laboral; lo cual es muy importante para los jóvenes que se encuentran en condiciones de pobreza, por cuanto, permitiría lograr algún grado de movilidad social; lo anterior, se ve representado salarialmente, debido a que los jóvenes que logran terminar la educación media tienen un salario 17% mayor que quienes no logran terminar la media.

De acuerdo con lo anterior, es preocupante, que, en Colombia, más de la mitad de los estudiantes que terminan el grado 11, no logran llegar a la educación superior. En el año 2021, la tasa de tránsito inmediato a la educación superior fue del 40%; de un total de 476.000 mil bachilleres graduados en 2020, solo 189.000 lograron acceder a este nivel de educación y, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), esta brecha aumentó al 90% en los estudiantes de entornos vulnerables.

Entre las razones que dificultan el acceso a la educación superior encontramos: las condiciones económicas, socioemocionales, pertinencia y falta de oferta educativa en algunas zonas del país. Las estadísticas muestran que los jóvenes entre 17 y 21 años que no acceden a la educación superior, el 71% pertenece al quintil más bajo de ingresos, mientras que el quintil más alto concentra el 3%.

Esta realidad marca las brechas sociales y territoriales en materia de tránsito a la educación superior entre departamentos, donde existe una variación entre 15% y 59%; las regiones con menor indicador de cobertura son los que tienen mayor ruralidad y con menor oferta de educación superior; entre estas: Amazonas, Vaupés, Vichada, Guainía, Pacífico y región Caribe. Por ello, los esfuerzos del Estado en materia social deben tener un enfoque y prioridad territorial. Hemos avanzado en cobertura, programas académicos y regionalización; sin embargo, la cobertura en educación superior es insuficiente, 54% menor que otros países como Argentina y Chile con coberturas del 80% y por debajo de países de la Ocde, donde el promedio es del 75%; convirtiendo el acceso en un logro, a tal nivel que, de cada 100 estudiantes que se matriculan en primero de primaria, 56 se gradúan de bachillerato y solo 13 se gradúan de la universidad.

Además, los jóvenes que nacen en las zonas rurales y periféricas en condiciones de vulnerabilidad económica; difícilmente logran ingresar a la educación superior, y si lo alcanzan, es probable que abandonen su formación antes de graduarse; generando bajas tasas de permanencia en el sistema de educación superior.

En este sentido, el proyecto de Ley estatutaria que pretende garantizar la educación como derecho fundamental debe intervenir estas complejidades sociales; de este modo, construir un sistema educativo que supere las inequidades sociales y regionales. De no ser así, seguiremos perpetuando las brechas sociales.

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Movilidad sostenible y segura

 

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

 

Lograr una movilidad segura fue uno de los objetivos primordiales de nuestra administración. No solo se trataba de adecuar las vías para la conectividad de la ciudad, consistía en llevar a los barrios obras de Cemento con Corazón integrales para salvar vidas en las vías.

Durante estos cuatro años nos enfocamos en acciones tendientes a la reducción de la accidentalidad y la optimización de la movilidad, tanto para la circulación de vehículos y motocicletas como para ciclistas y peatones. Impactamos con capacitaciones viales a más de 20.000 ciudadanos, llevando un mensaje de prevención vial basado en la prudencia y concienciación del respeto por las señales de tránsito.

Para tal fin, entendimos que era necesaria una mejor señalización y los resultados han sido positivos. Sin duda, una adecuada señalización contribuye a disminuir el riesgo de accidentes de tránsito y en nuestra administración logramos la instalación de más de 2.200 señales verticales y el mantenimiento de más de 1.500. Unidades intervenidas con las que logramos un aumento del 318 %, con relación a la línea base del cuatrienio anterior.

A esto le sumamos que en el Gobierno de la Gente superamos las metas de demarcación horizontal, con más de 16.000 metros cuadrados para un aumento del 180 % con relación a los metros intervenidos entre 2016 – 2019, e instalamos más de 13.000 dispositivos de regulación para la mitigación de la siniestralidad vial. Entre estos, los de segregación vehicular en la bajada del puente del Asilo, acción con la que impedimos a los conductores la realización de maniobras peligrosas y disminuimos a cero las muertes por accidentes en este neurálgico punto de la ciudad.

También le apostamos a varios cambios de sentido en vías importantes en P5, La Granja, Vallejo, La Castellana, El Recreo y Buenavista y pusimos en marcha la Central Semafórica, que cuenta con un sistema renovado y dotado con equipos tecnológicos de última generación y 20 kilómetros de fibra óptica. A través de estos se controlaron las 59 intersecciones semafóricas de forma remota; que se incrementarán a 68, es decir, un aumento del 15 %.

Hoy podemos decir que mejoramos las condiciones de movilidad y seguridad, mediante la implementación de estrategias para el control y la gestión de todos los actores que intervienen en la movilidad; a través de la implementación de soluciones tecnológicas con las que rediseñamos la forma en la que se mueve la ciudad, reduciendo los tiempos de desplazamiento, dotando de seguridad las vías y proponiendo soluciones alternativas de movilidad.

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Junta Médica Nacional defiende la reforma a la salud y critica la divulgación imprecisa sobre el proyecto

 

Por medio de un comunicado la Junta Médica Nacional, conformada por organizaciones médicas de carácter gremial, científico y académico de Colombia, expresó su respaldo absoluto al proyecto de reforma a la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro.

La organización gremial aseguró que dicha reforma es resultado de la discusión que lideró la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008, con organizaciones de la sociedad civil por varios años. De modo que difieren de las afirmaciones de las organizaciones gremiales denominadas Acuerdos Fundamentales que, junto a los partidos políticos Centro Democrático y Cambio Radical, donde niegan la posibilidad de corregir las fallas estructurales del sistema de salud colombiano.

Entre tanto, la junta médica también señala que la principal área de desacuerdo se basa principalmente en la administración pública de los recursos, siendo esto impulsado por distorsiones difundidas a través de diferentes medios de comunicación.

Por ellos la organización gremial dio a conocer un listado de las interpretaciones erróneas para dar claridad a la información que los ciudadanos deben tener acerca de la reforma a la salud, entre las que se encuentra.

En primer lugar, la reforma estructural al sistema de salud está respaldada por un exhaustivo estudio económico de 103 páginas liderado por el Doctor en Economía, Luis Jorge Garay.

-La primera parte se dan a conocer las condiciones iniciales del proceso de reforma, analizando indicadores de inequidades de salud, evolución de recursos, situación financiera de EPS, deudas, estado de trabajadores en el sector, y más.

La segunda parte se centra en los cambios propuestos, como la nueva arquitectura institucional, estrategias de asignación de recursos, control de costos, mecanismos anticorrupción, inversión en sistemas de información, proyección de recursos para infraestructura, entre otros.

Fuentes financieras: estos recursos del Sistema de Salud están definidas constitucionalmente y no pueden ser modificadas mediante una ley ordinaria. El artículo 55 destaca que el financiamiento del sistema se compone de recursos parafiscales de cotizaciones y aportes, así como de recursos fiscales a nivel nacional y territorial, con el fin de garantizar el derecho fundamental a la salud y promover la solidaridad en toda la población, abarcando diversas categorías como generaciones, géneros, empleados, desempleados, personas sanas o enfermas, población urbana y rural, y regiones con diferentes niveles de desarrollo, así como entre personas con ingresos altos y bajos.

Entre los puntos a aclarar por parte de la Junta Médica Nacional, detalla que la reforma propuesta no implica la eliminación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). En cambio, sugiere la transferencia directa de recursos desde la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) hacia las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), retirando a las EPS de la gestión financiera.

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Gobierno de la Gente deja banco de proyectos por más de $200.000 millones al gobierno de Una Sola Montería

 

En cabeza del secretario de Planeación, Julio Lora, se llevó a cabo el segundo día de empalme entre la administración del Gobierno de la Gente y Una Sola Montería, jornada en la que se dio a conocer el banco de proyectos que se le dejará a la nueva administración y el que sobrepasa los $200.000 millones.

Durante el día, se entregó el informe de cuentas por cada coordinador y grupo de apoyo de la secretaría en cuanto a temas importantes como el plan de desarrollo, regalías, ambiente y desarrollo sostenible, agricultura y desarrollo rural, estratificación y POT. Durante la mesa de trabajo se realizaron sugerencias al nuevo mandatario y su grupo de trabajo.

“Nos sentimos muy orgullosos toda vez que le estamos rindiendo informe al Alcalde electo con toda la gestión que él hizo cuando fue secretario de planeación. Todo está liderado por cada coordinador y su grupo de apoyo; consideramos que el empalme se ha desarrollado de manera efectiva entregando cuentas claras y sugerencias enriquecedoras para el nuevo mandatario”, puntualizó Lora.

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Ya son tres los condenados por la desaparición y asesinato de Jairo Zapa Pérez

 

El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Montería, condenó a dos coautores por la desaparición forzada agravada y posterior asesinato del exdirector de regalías de Córdoba, Jairo Alberto Zapa Pérez. La audiencia se realizó este viernes 24 de noviembre de 2023.

Los sentenciados son el excontratista de la Gobernación de Córdoba, Jesús Eugenio Henao Sarmiento, a 42 años y medio y Zuan Naiduth López Acevedo, a 40 años y 6 meses, esposa del confeso asesino Joyce Rafael Hernández Muñoz quien está preso en la cárcel Nacional Las Mercedes de Montería.

La decisión fue apelada por la defensa de Henao Sarmiento, tras argumentar que la Sala de Conjueces del Tribunal Superior de Montería no ha resuelto dos recursos de apelación y queja interpuestos ante esa instancia judicial. La misma defensa había solicitado aplazamiento de la diligencia por ese motivo, lo cual fue negado por el citado juzgado.

Contra Henao Sarmiento queda otro proceso pendiente sobre los mismos hechos, por la conducta de homicidio, como presunto determinador, o sea autor intelectual, del crimen del exdirector de regalías de Córdoba.

Con la condenada de Henao Sarmiento y López Acevedo, son tres los sentenciados por el sonado caso de Zapa Pérez. El primero en recibir castigo, hace cuatro años, fue el exparamilitar Joyce Rafael Hernández Muñoz, quien confesó haber dado muerte al exdirector de regalías.

Los delitos que indilgó el ente judicial, esa vez, a Hernández Muñoz fueron desaparición forzada agravada en concurso heterogéneo con homicidio agravado en calidad de cómplice.

En la investigación Hernández Muñoz firmó un preacuerdo con la Fiscalía, y el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Montería, decidió condenarlo a 23 años de prisión, y al pago de una multa superior a los mil salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Por ese mismo caso habían quedado en libertad, el exfuncionario de regalías, Maximiliano García Bazanta, el exasesor y primo hermano de Zapa Pérez, Carlos Alberto Pérez Escobar y el extrabajador de Parques Nacionales Jesús Albeiro Torres Redondo.

Zapa Pérez había sido desaparecido el 27 marzo del año 2014 de una vivienda ubicada en la calle 59 con carrera 13 del barrio La Castellana de Montería, cuando asistía a una reunión con algunas de las personas antes mencionadas.

Cinco meses después, el cuerpo sin vida de Zapa Pérez fue hallado en una finca del corregimiento El Varal municipio de Pueblo Nuevo al oriente del departamento de Córdoba.

Para el hallazgo de los restos mortales, la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) contaron con la colaboración del Hernández Muñoz, quien condujo a los investigadores hasta el mencionado lugar.

 

 

 

 

 

 

 

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