El Sistema de Vigilancia en Salud Pública de Colombia informa que se registra una disminución histórica de la mortalidad en menores de cinco años en la tasa nacional. Este reporte, se contrasta con el aumento de la detección y notificación de casos por desnutrición aguda, moderada y severa, en niños y niñas menores de 5 años durante los últimos 2 años. La importancia de la evidencia es que por primera vez en la historia de la vigilancia epidemiológica nacional la tendencia de los dos eventos, que hasta ahora era paralela, tuvo una disrupción con un cambio en la mortalidad por su disminución en 23,26 %. Esto significa que los escenarios de detección han aumentado y los procesos de recuperación evidencian un camino que salva la vida de muchos niños y niñas.
El esfuerzo de las entidades competentes para la identificación temprana y en territorios alejados y con ausencia histórica de servicios públicos de salud, ha generado un aumento en la notificación por desnutrición aguda, moderada y severa, en niños y niñas menores de cinco años, y lograr que esta detección genere la disminución de las muertes es uno de los objetivos de esa articulación.
El análisis de la tendencia de la morbilidad entre los años 2017 y 2023 observa una tendencia al aumento en la identificación de casos nuevos de desnutrición aguda, pasando de 10.641 casos en 2017 (prevalencia de 0,24 %) a 24.226 en 2023 (prevalencia de 0,65 %), obteniendo el mayor impacto en el período posterior a la pandemia por COVID-19. En 2022 se identificaron 21.195 casos (prevalencia de 0,56 %), gracias a diferentes estrategias realizadas por el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social y el ICBF, en los diferentes territorios, para mejorar la captación de los casos.
La primera es que ha aumentado el número de instituciones de salud que notifican al menos un caso de desnutrición al año: de 2.085, tras la pandemia en 2021, a 2.508 en 2023 (incremento de 20,3 %), con un aumento en la mayoría de las entidades territoriales departamentales y distritales.
La segunda es la mayor participación en la red de notificación de las diferentes modalidades de atención del ICBF que hoy aportan el 4,25 % del total de casos notificados al país, incluso con un mayor aporte en departamentos prioritarios como Chocó (25 %) y Vichada (23 %).
La tercera es la intensificación de la vigilancia hospitalaria, mediante la exigencia de la medición de peso, talla y perímetro braquial de todos los niños y niñas atendidos, independientemente de su causa. Un ejemplo es el caso en La Guajira que ha significado un aporte de 27,8 % al total de casos (798 de 2.871 casos en 2023).
El despliegue de equipos básicos de atención desde el Ministerio de Salud, las secretarías de Salud y otras instancias, ha permitido una mayor captación de los casos de procedencia rural: de 6.826 en 2022 (prevalencia 0,60 %) a 8.445 en 2023 (prevalencia 0,77 %). A este impacto en la detección se sumará el aumento de casos detectados por agentes comunitarios; estos serán verificados por la red de atención en salud y su aumento se verá reflejado en los datos de 2024.
Al revisar la situación por entidad territorial, las mayores prevalencias en 2023 se observan en los departamentos de Vichada, La Guajira y Chocó, donde se ha concentrado una parte de las actividades de las diferentes instituciones de los órdenes nacional, departamental y de cooperación internacional. Los incrementos han sido superiores al umbral histórico en esos departamentos, y también en Bolívar, Atlántico, Valle del Cauca y Meta.
Por su parte, la mortalidad por desnutrición aguda ha disminuido del pico de 325 casos en 2022 a 246 en 2023 (23 % de disminución). La disminución ha sido mayor en menores de un año, en niños procedentes de zonas rurales e indígenas, lo cual evidencia el impacto de la mayor detección y la intervención oportuna, en especial en los sitios con mayores dificultades. Los departamentos de Chocó y La Guajira muestran una disminución importante de la mortalidad, mientras Vichada registra un aumento, al igual que otros siete departamentos en donde se concentra una tasa de detección mayor. Asimismo, hay dos departamentos que, si bien cuentan con menor detección, presentan un aumento de mortalidad, y es en donde se concentrarán acciones estratégicas para 2024.
Ante el comportamiento de la morbimortalidad que venía presentando el país en 2022, el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Instituto Nacional de Salud (INS), la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) y Prosperidad Social, establecieron el Plan de desaceleración de la mortalidad por desnutrición aguda, cuyo objetivo es establecer acciones que contribuyan a la reducción de muertes por esta causa en los niños y niñas memores de cinco años de edad. En dicho plan se priorizaron doce departamentos: Antioquia, Arauca, Bolívar, Chocó, Cesar, La Guajira, Guainía, Magdalena, Meta, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada, a través del fortalecimiento de acciones como:
• Identificación de casos de manera oportuna.
• Seguimiento a la atención en salud por parte de los prestadores y aseguradores.
• Establecimiento del proceso de recuperación de los niños.
En el marco del seguimiento mencionado, en 2023 se conformaron comités de seguimiento a casos de desnutrición aguda. Estos consisten en espacios de reunión con la participación de las secretarías de Salud
en el ámbito departamental y municipal, las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB), el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), el Instituto Nacional de Salud (INS), la Superintendencia Nacional de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tanto a nivel nacional como regional. En estos comités se realiza un seguimiento al manejo proporcionado por las IPS en relación con los niños y niñas notificados con desnutrición aguda, y se coordina con otras entidades como el ICBF, para su inclusión en servicios de atención complementaria. En Maicao, ya la operación de servicios de recuperación nutricional poshospitalaria y la búsqueda activa se realiza directamente por el hospital público y el ICBF, sumando recursos de operación y haciendo más cortos los tiempos de respuesta en la atención.
Adicionalmente, desde enero de 2023 se incluyó en la Unidad de pago por capitación (UPC) del sistema de salud, el soporte nutricional para el tratamiento de la desnutrición, con el objetivo de garantizar su entrega oportuna a los niños y niñas en desnutrición aguda. Igualmente, durante 2023, el ICBF logró la recuperación nutricional de 57.957 niñas y niños que ingresaron a sus servicios en estado de desnutrición y de riesgo de desnutrición. En la estrategia de prevención, en el marco de la atención integral a la primera infancia, se logró la alimentación de un total de 1.626.583 niños y niñas en todo el país. La entidad innovó en la preparación de nuevas minutas con aportes diferenciales a las regiones y validó con Invima la producción de alimentos de alto valor nutricional con productos regionales, tales como el sacha inchi y la yuca.
Asimismo, con el objetivo de fortalecer las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) en 31 departamentos y tres distritos, y aumentar la identificación de niños y niñas con desnutrición aguda para su manejo oportuno, entre otras acciones, el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Resolución 2788 del 2022, asignó recursos a 163 Empresas Sociales del Estado, con el fin de avanzar en la conformación y operación de 483 equipos en 206 municipios. El monto total asignado para este fin fue de $49.979.874.000 de pesos. Adicionalmente, el 27 de febrero de 2023 se emitió la Resolución 295, la cual modificó varios artículos de la Resolución 518 de 2015, algunos de ellos relacionados con la orientación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas para que sean ejecutadas por los Equipos Básicos de Salud. En ese sentido, los recursos asignados a los departamentos, distritos y municipios, a través del Sistema General de Participaciones – Salud Pública para la vvigencia 2023, ascendieron a $1.287.159.995.254 ($551.479.292.034 para municipios y $735.680.703.220 departamentos y distritos). Estos recursos contribuyeron a la financiación de los Equipos Básicos de Salud en los territorios priorizados por las entidades territoriales, logrando así la conformación total de 2.452 equipos básicos de salud en 31 departamentos, tres distritos y 1.013 municipios.
Para el Gobierno nacional, desde su Política Nacional de Hambre Cero, el establecimiento de 64 zonas de recuperación nutricional en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, durante 2024, le permite contar con un monitoreo territorializado específico de los determinantes sociales e indicadores, así como seguir articulando una respuesta integrada de la atención en salud. Esta incluye la estabilidad de condiciones de seguridad alimentaria; la incorporación de prácticas de soberanía alimentaria y de recuperación nutricional; la atención prioritaria a mujeres en gestación; el establecimiento de dispensarios o tiendas solidarias para la comercialización a bajo costo, y la distribución gratuita de alimentos de alto valor nutricional, que facilitarán la continuidad en la reducción de la mortalidad por desnutrición en el país.
