Por Carlos Ordosgoitia Sanin
Las minorías enriquecen a las sociedades, forman parte activa del progreso y desarrollo de los pueblos y propugnan por la diversidad de sus comunidades gracias al gran aporte cultural que comparten con el entramado social. Ello nos invita a reconocer y respetar al otro, permitiéndonos a su vez la consolidación de puentes de confianza, comprensión y respeto, con el fin de promover la participación en todos los aspectos de la vida pública y proteger la identidad de esas minorías en aras de propiciar la convivencia pacífica y democrática en todo el territorio nacional.
Colombia se caracteriza por su pluralidad y riqueza cultural, y en ella vivimos más de 52 millones de habitantes. Población en la que están incluidos los nichos minoritarios que necesitan de la atención urgente del Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales y municipales.
En nuestro país, de acuerdo con cifras del Registro Único de Víctimas (RUV), hasta 2023, más de 8 millones de personas han sido desplazadas internamente debido al conflicto armado en Colombia y según el censo del DANE de 2018, hay alrededor de 1.9 millones de personas que se autoidentifican como indígenas, 4.6 millones como afrocolombianas y unas 300.000 que se denominan raizales, palanqueros o gitanos.
El Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, registra que hay más de 3 millones de personas con algún tipo de discapacidad en Colombia, según un estudio de USAID en el país hay alrededor de 4.5 millones de personas que hacen parte de la comunidad LGTBIQ+ y el DANE indica que alrededor del 13.5 % de la población pertenece a comunidades cristianas, judías, musulmanas y de otras religiones.
Hablamos de minorías, pero las cifras dan cuenta de una gran cantidad de colombianos que merecen toda la atención y plenas garantías. De ahí, que se tienen que estructurar mayores procesos, acciones y políticas de atención encaminadas a reconocer y dignificar a todas las comunidades minoritarias de desplazados, etnias indígenas y afrocolombianas, personas con discapacidad, integrantes de cultos religiosos y miembros de la comunidad LGTBIQ+. Las que además de ser visibilizadas, deben ser integradas y respetadas en todos los ámbitos de la vida social, económica y política.
Los desplazados merecen más que una nueva oportunidad, para ellos debe haber justicia y dignidad por lo que se debe trabajar para brindarles acceso a servicios básicos como salud, educación, vivienda y oportunidades laborales.
Las etnias indígenas y afrocolombianas son portadoras de una sabiduría ancestral invaluable. Preservar sus tradiciones, lenguas y formas de vida es un acto de justicia histórica, y promover el respeto a sus modos de vida es fundamental para el desarrollo sostenible del país.
Las personas con discapacidad, enfrentan barreras cotidianas que no deberían existir y como sociedad se tiene que eliminar cualquier forma de discriminación, de ahí que las políticas de inclusión deben ser una prioridad.
Con relación a la comunidad LGTBIQ+, no es secreto que continúan enfrentando situaciones que atentan contra sus derechos humanos. La igualdad es una necesidad urgente desde el ámbito educativo hasta el legal, partiendo desde las regiones en donde se requieren políticas de inclusión y respeto, tal como lo hicimos en Montería con la sanción de la política pública para proteger a esta comunidad de cualquier forma de discriminación y violencia. Solo así podremos construir una sociedad justa y equitativa.
Para abordar de manera efectiva las necesidades de las minorías en Colombia, es fundamental que tanto el Gobierno, el poder legislativo y la sociedad civil se comprometan con acciones concretas. Dignificar estos grupos es un paso importantísimo hacia la construcción de un país donde todos, sin excepción alguna, puedan vivir con respeto, igualdad y oportunidades. Es reconocer que la diversidad es una fortaleza y que cada colombiano, sin importar su origen, condición o identidad, debe ser respetado.
El reconocimiento, la dignificación de nuestras comunidades minoritarias y el respeto hacia ellas, sin duda es un acto de justicia y una condición indispensable en el camino de la paz y el progreso de Colombia. Ahora más que nunca, es crucial que cada uno de nosotros tome acción para garantizar que este ideal de respeto y equidad se convierta en una realidad palpable en nuestro país.
