Mes: junio 2024

Por Erasmo Zuleta Bechara

Gobernador de Córdoba 

“Es necesario sembrar para el futuro”, decía Napoleón Bonaparte. Que el porcentaje de la inversión como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) en 2023 haya sido el menor en los últimos 19 años es motivo de preocupación para el país. Esta proporción tan solo alcanzó el 13.6%, comparado con el promedio histórico de 21.5%. No estamos sembrando lo suficiente.

La inversión es el componente del PIB que nos habla sobre el futuro de una nación. En función de lo que se invierta hoy en educación, salud, infraestructura vial, portuaria, energética y turística, dependerá nuestro desarrollo y generación de riqueza en unos años. Si hoy la inversión es baja o escasea, el futuro no será promisorio. Desafortunadamente, este es el panorama al que nos encontramos avocados si no se lideran las políticas públicas y privadas necesarias para atraer inversionistas tanto locales como extranjeros.

Algo similar sucedió con la Inversión Extranjera Directa (IED) en 2023. La variación de este rubro con respecto a 2022 fue de -0.2%, alcanzando los USD 17,147 millones. Para el primer trimestre de 2024, la caída de la IED total fue de un -12% con respecto al mismo periodo de 2023, y la IED de un rubro muy importante para el Departamento de Córdoba, la destinada al sector agropecuario, cayó un -8%.

El comportamiento de la inversión dificulta la ejecución de cambios estructurales en la diversificación productiva que necesita el país. En el caso del Departamento de Córdoba, por ejemplo, los principales sectores productivos son la administración pública (25% del PIB departamental) y el comercio (15% del PIB departamental). Muy por detrás se encuentra el sector agropecuario con una participación del 14% del PIB departamental y la industria con un 10.6%. El principal motor productivo de la región es el sector público. Este panorama tiene que cambiar y, para ello, es fundamental invertir en sectores transformadores.

Dado que el panorama de la inversión nacional no es alentador, somos las regiones las llamadas a hacer lo que está a nuestro alcance para fortalecerla. En este sentido, iniciativas que propongan acercar a los inversionistas a los territorios son ahora más que nunca necesarias. Como gobernador del Departamento de Córdoba, he iniciado varias actividades enfocadas en tal fin.

Las acciones para incrementar la confianza inversionista en el Departamento de Córdoba son a largo, mediano y corto plazo. Las acciones a largo plazo incluyen la elaboración de la Agenda Córdoba 2052 para planificar el futuro del departamento con una perspectiva de varias décadas adelante, con estudios y análisis rigurosos que se encuentran en curso. Las acciones a mediano plazo incluyen un Plan de Desarrollo Departamental recientemente aprobado, donde la mayoría de sus recursos se concentran en sectores detonantes de la productividad, como la educación, la infraestructura y el sector salud. Por último, las acciones a corto plazo incluyen la racionalización y digitalización de varios trámites que facilitan el entorno para hacer negocios y la ejecución de proyectos de inversión en curso relevantes para la conectividad del territorio.

Es tarea de todos los niveles del estado sembrar lo suficiente para el futuro del país. Desde las regiones y desde el Departamento de Córdoba en particular, estamos tomando las medidas que podemos implementar y esperamos que, con la coadyuvancia del Gobierno Nacional, logremos niveles de inversión que ayuden a cambiar nuestra estructura productiva en pro de nuestros habitantes y del país en general.

Por: Carlos Ordosgoitia Sanin

Sin duda nuestra región es una de las joyas agropecuarias más importantes del país. Su riqueza natural, variedad de suelos, clima favorable y recursos hídricos sitúan a Córdoba como una auténtica despensa para la región.

Córdoba es el epicentro y un pilar fundamental para asegurar la producción agrícola de alta calidad, lo que contribuye significativamente en el desarrollo rural, generando empleo y fomentando el bienestar de las comunidades locales.

La economía del país y la seguridad ciudadana empieza por asegurar de manera crucial la seguridad alimentaria del país y con el propósito de impulsar el comercio exterior con exportaciones de calidad a diferentes rincones del mundo.

Durante las últimas décadas Córdoba ha evolucionado en el país, con la adopción de tecnología e innovación en sus procesos agropecuarios de cara a ser más competitivos. Por supuesto, hace falta mayor inversión en investigación, desarrollo y capacitación técnica para permitir que los productores incorporen métodos modernos de cultivo y cría, garantizando así productos de alta calidad y mayor competitividad en mercados nacionales e internacionales.

Lo que debe ir de la mano con políticas que deben enfocarse en mejorar la calidad de vida de los pequeños y medianos productores, facilitando su acceso a recursos esenciales como crédito agrícola a bajos intereses, seguros de cosecha y programas de capacitación técnica.

Es vital promover la asociatividad y cooperativismo entre los campesinos, fortaleciendo sus capacidades de negociación y acceso a mercados y es crucial asegurar la infraestructura adecuada, como vías de comunicación, centros de acopio y tecnología agrícola, que permitan a los campesinos incrementar su productividad.

Todo este trabajo acompañado de incentivos fiscales y programas de subsidios que alienten prácticas agrícolas sostenibles, garantizando que el desarrollo económico se traduzca en un bienestar duradero para las comunidades rurales y se replique este modelo en todas las regiones de Colombia.

Sumándose a todo ello un juicioso proceso de legalización de tierras como una prioridad política y social. La formalización de la propiedad de tierras a los campesinos no solo proporciona seguridad jurídica, sino que también abre un abanico de oportunidades cruciales para su progreso.

Con la tenencia legal de sus tierras, los productores pueden acceder a procesos de tecnificación para incrementar la productividad y eficiencia de sus actividades. Además, facilita el acceso a capital semilla y a créditos blandos, instrumentos financieros que permiten realizar inversiones en infraestructura, adquisición de maquinarias modernas y mejora de técnicas de cultivo. Facilidades financieras que estimulan la innovación y el crecimiento sostenible.

De esta manera, podremos construir un futuro más próspero y equitativo para la región, donde las zonas rurales se conviertan en el pilar del desarrollo de la Colombia que todos nos merecemos.

Por: Jairo Torres Oviedo
Rector de la Universidad de Córdoba

El sistema de educación superior en Colombia asiste a una avalancha de cambios e iniciativas legislativas para reformar la Ley 30 de 1992; la cual rige dicha educación; proyectos de reforma con buenas intenciones, pero evidencian un desconocimiento del sector. Uno de ellos es el proyecto de Ley No. 250 de 2023 de la Cámara: «Por medio de la cual se adoptan medidas para fomentar el acceso a la educación superior» cuyo objeto es «asegurar la gratuidad en el valor de los derechos de inscripción de los jóvenes que se inscriban para cursar un pregrado en una de las instituciones de educación superior públicas, priorizando los pertenecientes a los grupos poblacionales más vulnerables de acuerdo con el Sisbén IV», que fue aprobado en plenaria del Senado el pasado 30 de mayo.

El Sistema Universitario Estatal SUE ha insistido al país político representado en el Congreso de la República legislar y hacer reformas que fortalezcan la educación superior pública como derecho; ampliando cobertura y cerrando brechas sociales y regionales para que los jóvenes accedan a una educación en condiciones de pertinencia y calidad. Por lo anterior, las universidades públicas agrupadas en el SUE expresaron la preocupación por el impacto fiscal que representa garantizar el beneficio de gratuidad en la inscripción para ingresar a una universidad pública que no asegura el acceso a este derecho; no obstante, constituye una afectación en la disminución del presupuesto de ingresos de las Universidades Oficiales; recursos necesarios para atender gastos de funcionamiento permanentes, situación ampliamente difundida por el SUE; conducente al desfinanciamiento estructural de la universidad pública, que genera a través de la venta de servicios, el 45% del presupuesto para atender las responsabilidades misionales de docencia, investigación y extensión. El Sistema Universitario Estatal cuantificó el impacto fiscal del proyecto de ley que asciende a 125 mil millones de pesos anuales; que dejarían de recibir las universidades oficiales, afectando y debilitando el funcionamiento institucional.

Ahora bien, el Artículo 3 del proyecto de Ley citado, establece: «el pago de los derechos de inscripción se realizará de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, el marco fiscal de mediano plazo y el marco de gastos de mediano plazo del Gobierno nacional. Los recursos de financiamiento de la presente Ley estarán a cargo del presupuesto general de la nación. En ningún caso, lo aquí dispuesto podrá afectar los presupuestos anuales, ni las transferencias que por ley se realizan a las instituciones de educación superior y su financiación será exclusivamente proveniente de recursos adicionales dispuestos por el Gobierno nacional para dar cumplimiento a esta ley».

En este sentido, las universidades oficiales están a la expectativa de que, una vez sancionada la ley, las instancias competentes reafirmen lo citado en este Artículo 3; con el fin de que los Ministerios de Hacienda y Educación al inicio de cada semestre académico incorporen las partidas presupuestales y transferencias de los recursos al SUE. Este proyecto de ley ocasiona una afectación financiera para el funcionamiento del SUE y un desconocimiento de la autonomía universitaria. En consecuencia, que el Ministerio de Educación realice seguimiento a las iniciativas legislativas en materia educativa que afecten el financiamiento de las universidades oficiales y su autonomía.

Por: ANTONIO JOSÉ CORREA

SENADOR DE LA REPÚBLICA

Es una problemática que afecta gran parte del litoral caribe siendo los Departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico y Antioquia quienes más ven expuestas sus playas a este fenómeno derivado de la misma condición de cambio climático, el objetivo de este escrito no es saber por qué se produce la erosión costera, es determinar en que se utilizan los recursos que por ley le corresponderían a nuestro caribe colombiano, y se les ha negado históricamente quizás por la única razón de muchos de estos puntos críticos como los de Arboletes, Puerto escondido, los córdobas, moñitos, tolú, pertenezcan a la tierra del olvido, esa Colombia dispersa y profunda que guardamos la esperanza que en este gobierno sean tenidas en cuenta.

En el marco jurídico, el cumplimiento de la Ley 856 en su artículo primero de 2003, que es una modificación a El artículo séptimo de la ley primera de 1991 en su parágrafo primero, menciona que la contraprestación que reciba la nación por concepto de zonas de uso público e infraestructura a través del Invias o quien haga sus veces se destinará especialmente a ejecución de OBRAS DE PROTECCIÓN DE ZONA COSTERA, dragado de mantenimiento y/o profundización construcción, y/o mantenimiento de estructuras hidráulicas de los canales de acceso a todos los puertos de carga a cargo de la nación.

Deshilando paso a paso este rollo de las inversiones encontramos que el estado a través del invías recibe aproximadamente 105.000 millones de pesos por año de los cuales hemos encontrado las siguientes inversiones curiosas: Terminación del Túnel de la Línea y segunda calzada Calarcá-Cajamarca, con un Valor de la obra $ 117.220.345.724 firmada en el año 2017, interventoría para la terminación del Túnel de la línea y segunda calzada Calarcá – Cajamarca- valor $12.671.944.637 firmado en 2017, la Culminación construcción túneles cortos, la vía a cielo abierto, puentes, y la llegada al municipio de Cajamarca-segunda, con Valor $ 19.533.528.977 y interventoría de $ 1.932.345.482 $ y la variante Calarcá-Circasia. Por valor de $5.555.186.899 entre otros.

Analizando esta contratación se podría decir que la inversión en esos municipios de la Colombia profunda poco o nada le interesan a el centralismo histórico que marca nuestra patria, con el agravante de que las inversiones son inequitativas, y representan lo que gobierno tras gobierno reflejan en los municipios olvidados de nuestra geografía colombiana, y la erosión costera no es la excepción a esta norma. Siempre existirá una justificación técnica a el incumplimiento, con tecnocracias como que el túnel de la línea que está a muchos kilómetros de distancia del puerto de buenaventura hay que hacerlas como sea y si es en armenia no importa, es el eje cafetero, que requiere vías 4G, y la inversión social para que nuestros pueblos no desaparezcan del mapa poco o nada importa, nos toca esperar como en la obra del maestro García Márquez el coronel no tiene quien le escriba, esperar un derecho que no es priorizado, por el centralismo cachaco.

Pedimos desde esta columna a Invias que eche una miradita con equidad a nuestros municipios del caribe profundo y olvidado antes de que el mar siga desplazando a miles de familias.