El reciente asesinato del ganadero Esteban Rafael Urueta, junto a otras dos personas, ha conmocionado al departamento de Córdoba. El gobernador Erasmo Zuleta, en declaraciones, identificó al principal sospechoso como el administrador de la finca, quien aún no ha sido detenido ni ha cooperado con las autoridades.
Zuleta expresó su profundo pesar, señalando que este trágico suceso “enluta a todo el departamento” y refleja la compleja situación de seguridad que afecta a la región. Aclaró que, hasta el momento, no hay indicios de que el crimen esté vinculado a grupos armados ilegales o a un secuestro, como inicialmente se había especulado en los medios. La principal hipótesis apunta a un conflicto relacionado con la gestión de la finca y el ganado.
“Lamento profundamente este hecho y expreso mis condolencias a las familias afectadas, ya que este acontecimiento entristece no solo al departamento de Córdoba, sino a toda la nación”, dijo Zuleta. El gobernador destacó que, desde la desaparición de Urueta, se activó un operativo coordinado entre la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía para investigar el caso y capturar a los responsables.
También confirmó que Urueta había reportado problemas relacionados con el robo de ganado, lo cual podría haber sido el motivo del conflicto con el administrador, Cristian Petro. «Parece que el asesinato ocurrió en una de las propiedades de Urueta, donde él había reportado la desaparición de una parte de su ganado», indicó Zuleta. No obstante, Urueta no había presentado una denuncia formal por la pérdida del ganado.
Los robos de ganado y la extorsión son problemas frecuentes en las zonas rurales de Córdoba. Las autoridades han señalado en varias ocasiones que estos delitos suelen estar subregistrados, ya que muchas víctimas evitan denunciar por temor a represalias. Zuleta hizo un llamado a la población: «Invitamos a la comunidad a denunciar estos hechos, para que, junto con la Gobernación, los alcaldes, la Policía y el Ejército, podamos esclarecer estos crímenes».
El gobernador también mencionó que algunos testigos afirmaron que los cuerpos fueron incinerados, lo que agrava la brutalidad del crimen. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente, ya que las autoridades continúan buscando los cuerpos en una zona rural de difícil acceso. Equipos especializados del CTI y la Policía están desplegados en la región para recolectar pruebas y continuar con la investigación.
