Una división se registra entre los Embera Katíos, del Alto Sinú, a raíz de la toma de la Minga indígena a la sede de la empresa Urrá, en Montería, desde este domingo 8 de septiembre de 2024.
Ricardo Bailarín Domicó y Yeferson Domicó Domicó, gobernadores de los cabidos mayores Río Sinú y Río Verde-Camaemka, respectivamente, desautorizaron la realización de la citada Minga, la cual califican de inconsulta.
En ese sentido, le solicitan a la empresa Urrá, que se abstenga de realizar mesas técnicas, acuerdos y suscripción de cualquier acto con personas distintas a quienes ostentan la calidad de representantes legales elegidos en forma legal y reconocidos por las comunidades en la Asamblea eleccionaria de Tundó los días 13 al 16 de marzo de 2024.
“En nuestra calidad de autoridades indígenas manifestamos que en ningún momento hemos promovido esta minga, la cual se está realizando en forma inconsulta con nuestra organización”, expresan los máximos dirigentes.
Asimismo, reiteran que dicha protesta viene siendo patrocinada por ciertos asesores o profesionales kapunia (persona no indígena) usurpando y arrogándose facultades que no tienen y que vienen instrumentalizando al pueblo en pro de oscuras intenciones.
Los indígenas Embera Katío en un número de 200, llegaron en varios buses, la tarde del domingo anterior. Enseguida instalaron carpas de plástico y se apostaron al frente de la sede de Urrá ubicada en la calle 48 con carreras segunda y cuarta de Montería.
Uno de los dirigentes aborígenes dijo que realizan el plantón para solicitar el cumplimiento de algunos acuerdos firmados con Urrá en el año 2021. Entre esos pactos se hallan temas relacionados con alimentación, salud, educación, vías y transporte.
Fueron claros en explicar que, si no hay arreglo con Urrá, estará llegando más personas de los nativos procedentes del Alto Sinú donde tiene sus lugares de origen. Además de hombres, entre los indígenas se encuentran mujeres y niños.
Por su parte, la empresa Urrá dijo que ante la presencia de los Embera Katío en el área contigua a la sede administrativa, mantiene la disposición de entablar un diálogo con dichas comunidades.
En ese escenario, solicitó el acompañamiento del Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, como entes garantes de las mencionadas conversaciones.

