Aunque goza de una condición especial de protección constitucional, la población indígena del país, que representa el 4.4% del total nacional, en el periodo 2014-2022 solo recibió el 2.25% de los recursos asignados por los Ministerios de Vivienda y de Agricultura para la política de subsidios de vivienda urbana y rural.
Así lo revela un estudio sectorial que realizó el ente de control, con el objeto de evaluar la Política Pública de Vivienda para esta población.
Una conclusión es que Colombia no cuenta con el cálculo del déficit habitacional específico para la población indígena, lo que hace imposible determinar si la Política Pública está siendo eficaz y eficiente.
La Contraloría expresa preocupación sobre el desarrollo de esta política pública, debido a que no se tiene en cuenta que el 92% de la población indígena se encuentra en condición de pobreza, situación que dificulta el cierre financiero por la imposibilidad de acceder a créditos y, por ende, la posibilidad de obtener una vivienda.
Tras visitar 429 viviendas otorgadas por el Gobierno Nacional a las comunidades indígenas de los pueblos Pastos, Wayúu, Kamentsa, Nasa, Tikuna, y Zenú, la Contraloría General de la República ha identificado una significativa debilidad en la política pública dirigida a garantizar el derecho a una vivienda digna para la población indígena.
Inicialmente, se encuentra un Desajuste de la Política Pública de Vivienda para las comunidades indígenas, que se traduce en falta de metodología para calcular el déficit habitacional de esta población.
La metodología establecida para el cálculo del déficit habitacional en Colombia establece que “… se excluyen a los hogares que habitan en viviendas étnicas o indígenas. Esto se hace con el fin de poder aplicarles una metodología que sea exclusiva para este tipo de viviendas y que reconozca las particularidades de su naturaleza estructural y de habitabilidad.”, Sin embargo, aún no se aplica esa nueva metodología, que reconozca dichas particularidades. Esto hace que se no se pueda tener cuantificada la magnitud del problema.
Pero, además, los objetivos de la Política Pública de Vivienda no abordan las necesidades específicas de los pueblos indígenas en Colombia.
También se encuentra que la formulación de la política pública de vivienda urbana no contempla las particularidades culturales de la población indígena.
De igual manera, los Planes Nacionales de Desarrollo (2014-2018 y 2018-2022) no incluyen un enfoque diferencial que permita a los pueblos indígenas acceder a beneficios de vivienda adecuados a sus condiciones económicas y características culturales.
De acuerdo al estudio realizado conjuntamente por la Contralorías Delegadas de Vivienda y Saneamiento Básico y de Población Focalizada, los beneficiarios de subsidios de vivienda nueva y mejoramientos han manifestado falta de monitoreo sobre las condiciones de la viviendas entregadas y la calidad de los servicios públicos, lo que impide mejorar las condiciones de vida de la población indígena.
Un dato revelador es que de las viviendas subsidiadas en el periodo evaluado y que hicieron parte de las visitas realizadas por la Contraloría, el 62% están terminadas, el 24% no han sido construidas ni entregadas, y el 14% están inconclusas o sin terminar.
De acuerdo con la encuesta de percepción realizada a los beneficiarios de los subsidios, el 80% de ellos consideró que las viviendas subsidiadas no fueron construidas teniendo en cuenta su cultura y costumbres.
Tan solo 150 de las 429 viviendas visitadas, tenían acceso a los tres servicios públicos básicos (Acueducto, alcantarillado y energía eléctrica).
