La firma de un convenio por 3 mil millones de pesos, entre la Alcaldía de Montería y la Cárcel Nacional Las Mercedes, que no se ha realizado, es el motivo por el cual los imputados por la muerte del ganadero Esteban Urueta González no han sido recluidos en el mencionado centro penitenciario.
Este medio conoció que la Alcaldía de Montería debe firmar, todos los años, un convenio por alrededor de mil millones de pesos, con la cárcel Las Mercedes para la atención de los reclusos que le corresponden a este Municipio.
Sin embargo, hace tres años que ese pacto no se cumple. Lo que quiere decir que en los últimos dos años de Carlos Ordosgoitia, alcalde anterior, y el primero que va a terminar de Hugo Kerguelén, mandatario actual, no ha habido acuerdos con la penitenciaria.
Por esa circunstancia, los imputados Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, principales sospechosos de haber dado muerte al ganadero y a dos subalternos de este, no han sido recluidos en el centro carcelario.
Hace más de un mes, luego de la última audiencia, fueron llevados al lugar, pero la dirección de la cárcel y el Inpec, dieron la orden de no recibirlos debido a que la administración municipal no ha cumplido dicho contrato.
En consecuencia, los dos imputados fueron regresados al Centro de Detención Transitoria de la Alcaldía en la carrera segunda con calle 44 de esta ciudad. En ese lugar habría por lo menos un centenar de personas detenidas.
La jueza encargada de Chimá Irma Eufemia Padilla Herrera, había solicitado la reclusión en la cárcel Las Mercedes, o si el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) lo consideraba conveniente, en un centro penitenciario de máxima seguridad.
Otro detalle importante es que, de los 3 mil millones de pesos, el 20 o el 30 por ciento estaría destinado a funcionarios del Inpec, de acuerdo con la fuente que pidió total reserva de su nombre.
Asimismo, se estableció que los 30 municipios del departamento de Córdoba, deben firmar convenios todos los años con la cárcel Las Mercedes. De lo contrario el centro penitenciario rechaza los condenados de esas jurisdicciones.
Como se recuerda, la muerte de Urueta González se produjo el 10 de septiembre pasado en el corregimiento Carolina, municipio de Chimá. Allí también fueron asesinados e incinerados los administradores de fincas, Gerardo Marzola Coronado y Fredy Beleño Acosta.

