Mes: diciembre 2024

Más de un millón de colombianos se beneficiaron con estas inversiones en 2024

• Con una inversión que supera los $600 mil millones se financiaron obras de control de inundaciones, estabilización de terrenos y seguridad comunitaria.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) culmina el 2024 con un balance positivo: la finalización de 37 proyectos de infraestructura destinados a reducir el riesgo y proteger a las comunidades más vulnerables frente a los fenómenos naturales.

Con una inversión superior a $600 mil millones, estas obras benefician directamente a más de un millón de colombianos en 33 municipios de 12 departamentos del país.

Las intervenciones incluyeron el control de inundaciones, la estabilización de terrenos y la construcción de obras de contención, fortaleciendo así la capacidad de las comunidades para gestionar los riesgos, especialmente durante la temporada de lluvias. Estas iniciativas no solo incrementan la seguridad, sino que también promueven un desarrollo sostenible.

Impacto a nivel nacional

En Santander, donde se realizó la mayor inversión, se ejecutaron ocho proyectos con una inversión cercana a $195 mil millones, beneficiando a más de 364 mil personas mediante obras de control de inundaciones y estabilización de áreas críticas.

En el departamento de Magdalena, $95 mil millones fueron destinados a cuatro proyectos para mitigar el riesgo de desbordamientos. Un total de 37 mil habitantes en municipios estratégicos se beneficiaron con esta inversión.

Casanare avanzó con cinco obras valoradas en más de $80 mil millones, beneficiando a 11.964 ciudadanos.

Por su parte, Atlántico destinó $65.588 millones a cuatro proyectos que mejoraron la seguridad de 12.589 habitantes del departamento.

En Antioquia, los $45 mil millones invertidos en cuatro proyectos permitieron proteger a 319 mil habitantes.

En Sucre y Córdoba, con dos obras cada uno, se invirtieron $37.797 millones y $31 mil millones, respectivamente, logrando un impacto positivo en 32 mil personas.

Norte de Santander ejecutó cuatro proyectos por $28.599 millones, mejorando las condiciones de vida de 10.730 ciudadanos.

En Meta, un proyecto valorado en $14 mil millones benefició a 200 mil habitantes.

Otros departamentos como Bolívar, Huila y Caquetá también se sumaron al balance positivo, con inversiones que oscilaron entre $8 mil millones y $11 mil millones, transformando la seguridad de comunidades vulnerables.

Estas obras incluyeron la construcción de estructuras hidráulicas, la estabilización de terrenos, obras de contención y la mitigación de riesgos naturales, fortaleciendo la seguridad de las comunidades en áreas vulnerables.

Gracias a estas intervenciones, más de un millón de colombianos están mejor preparados y protegidos ante los eventos generados por la variabilidad climática.

En el marco de las medidas cautelares de protección de lugares de inhumación que adelanta la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, en plena coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), fueron halladas las primeras estructuras óseas que podrían corresponder a personas desaparecidas en el marco del contexto del conflicto armado en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín. El hallazgo se dio durante la intervención que se desarrolla por parte de los equipos forenses de la UBPD y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP en la zona.

Este hecho histórico es posible gracias a la acción articulada de las entidades del Sistema Integral de Paz, que dignifica la lucha de las familias buscadoras de la Comuna 13. Durante décadas, madres, padres, esposas e hijos han insistido en la necesidad de intervenir en un lugar tan complejo para la búsqueda. Hoy, sus peticiones encuentran una respuesta concreta. Se trata de un logro sin precedentes, una respuesta institucional a sus demandas y una protección tangible de los derechos de las víctimas en Colombia. La acción efectiva del Estado dignifica a las víctimas.

Los hallazgos, reportados este miércoles, ocurrieron mientras el equipo técnico removía la tierra con maquinaria para garantizar la estabilidad del terreno en el área donde se desarrolla la intervención en La Escombrera. De inmediato, las labores con maquinaria fueron suspendidas y los forenses analizaron lo encontrado. La verificación permitió constatar que se trataba de estructuras óseas humanas y prendas de vestir asociadas a la búsqueda que corresponderían al menos a dos personas. Esto ocurrió en la zona noreste del polígono, por fuera del área priorizada en la fase 5, a una distancia de 2.50 metros de esta. La prospección del lugar donde se ubicó la evidencia forense estaba contemplada para la Fase 6 de la intervención.

El descubrimiento de estructuras óseas en La Escombrera coincide con las denuncias presentadas por las organizaciones de víctimas de la Comuna 13 y de defensa de derechos humanos de Medellín, que durante dos décadas han insistido en que este lugar fue escenario de desapariciones forzadas en la década de 2000, periodo de agudización del conflicto armado en Medellín. En este punto de la ciudad hay un universo de 502 personas dadas por desaparecidas, según los registros de la Unidad de Búsqueda. En total, en la capital antioqueña la cifra asciende a 5.912 personas desaparecidas.

Las medidas cautelares que protegen La Escombrera y los derechos de las familias buscadoras de la Comuna 13 de Medellín fueron emitidas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento en agosto de 2020. La intervención forense, por su parte, fue finalmente ordenada por la JEP en la audiencia de seguimiento desarrollada el 25 de julio de 2024.

El polígono protegido con medidas cautelares tiene un área de 6.912 metros cuadrados. Dentro de esta zona, hay un área de 2.417 metros que fue priorizada para la búsqueda de personas desaparecidas en la fase 5. Esta fase consiste en la prospección, excavación y revisión de material mediante procedimientos de tamizajes con el propósito de ubicar evidencia forense.

«Hoy quiero ser breve. Debo ser breve. No quiero llenar de palabras, de ruido el martirio solemne y el dolor de décadas, ya de décadas, que aquí se recoge. Quisiera no decir mucho para no perturbar el silencio de las madres ausentes que arañaron esta montaña de escombros con la fuerza del amor, la memoria y la desgarrada esperanza. Quisiera no musitar palabra porque las vocales tienen un sonido profano en este paraje sinónimo de impunidad”, les dijo el magistrado Gustavo Salazar a las víctimas durante el inicio de la intervención forense en la zona.

Esta intervención lleva 146 días de trabajo en los que se han removido 36.450 metros cúbicos de suelo. A cargo de este proceso hay un equipo técnico forense compuesto por una antropóloga líder, tres antropólogas profesionales, un asistente forense y un topógrafo. Además, hay otras 18 personas que trabajan en el lugar, incluyendo ingenieros, maquinistas, topógrafos, operarios, conductores y jornaleros.

Por medio de un mensaje, a través de su cuenta en la red social X, el presidente Gustavo Petro reaccionó este jueves a una publicación del expresidente Iván Duque, en la misma plataforma, en la que destacó el aumento del salario mínimo del 2022, durante su mandato.

Según Duque, ese año se realizó el mayor aumento real del salario mínimo de los últimos 50 años, que el actual Gobierno «no ha podido superar (…) y cual el coincidió con el año de mayor crecimiento en la historia de Colombia».

«En 2022 (fijado en diciembre de 2021), logramos el mayor aumento real del salario mínimo de los últimos 50 años, un aumento que ni siquiera los que se autodenominan «progresistas” han podido superar. Nuestro aumento coincidió con el año de mayor crecimiento en la historia de Colombia», escribió Duque en la red social.

Minutos después, el presidente Petro comentó sobre este mensaje que el «2022 no fue el año de mayor salario mínimo real de la historia sino uno en donde el salario mínimo cayó 3%. Es el año del hambre en Colombia».

Además, Petro cuestionó las cifras entregadas por Duque y lo acusó de mentir y confundir a los colombianos sobre el incremento del salario mínimo del 2022.

«Aquí la gran mentira de Duque, sobre la que es consciente, y que se comen entera algunos analistas. Confundir la norma como se busca establecer un salario mínimo, con el concepto económico de salario mínimo real. En economía no se compara el salario mínimo del año vigente, con la inflación del año pasado, sino con la del año de la vigencia del salario. Si se manejan así los datos, el año 2022 no fue el año de mayor salario mínimo real de la historia sino uno en donde el salario mínimo cayó 3%. Es el año del hambre en Colombia», escribió Petro.

Este cruce de mensajes se da dos días después de que el Gobierno Petro anunciara un incremento del salario mínimo de 9,54% que deja la cifra en 1’423.500 pesos (1’623.500 pesos con auxilio de transporte).

• Gracias a la labor articulada entre la Dirección Territorial Córdoba de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), la Fuerza Pública, la Procuraduría y organizaciones sociales, comunitarias, étnicas y campesinas, se llevarán a cabo nuevas intervenciones en estos municipios.

A través del Comité Operativo Local de Restitución de Tierras (COLR) realizado por la URT, la Policía y el Ejército Nacional dieron su aval para llegar e iniciar procesos en 14 veredas y corregimientos en Tierralta y San José de Uré, en el sur de Córdoba.

La solicitud de intervención fue realizada por Dirección Territorial Córdoba de la entidad, con el fin de atender 66 solicitudes de personas víctimas de despojo, abandono y desplazamiento forzado de las siguientes veredas y corregimientos: Alto Juijui, Cumbia, El Mochón, La Chica y Pailitas, ubicadas en Tierralta, así como Bocas de la Cristalina, Versalles, La Cristalina, Santa Lucía, Brazo Izquierdo, Batatal, Batalito, El Cerro y La Primavera, en San José de Uré.

A la habilitación de las nuevas zonas, se suma el respaldo de la Fuerza Pública al levantamiento de la suspensión de dos solicitudes en el corregimiento Pueblo Bujo, en Montería, y de 30 solicitudes en Puerto Libertador.

En el COLR, la Unidad socializó la entrada en vigor e implementación del Decreto 1623 de 2023, el cual busca potenciar el radio de acción de la URT, con la vinculación y acompañamiento de otras entidades civiles y de cooperación internacional al proceso de restitución de tierras.
“Con más fuerza continuamos nuestra labor de llegar a los lugares de difícil acceso del departamento de Córdoba: en este caso 14 nuevas zonas ubicadas en el sur de Tierralta y en San José de Uré.

La restitución no para, porque nuestro deber está con las víctimas de despojo, abandono y desplazamiento forzado de tierras, por lo que nos articulamos con la Fuerza Pública y organizaciones sociales, campesinas, étnicas y comunitarias para seguir avanzando en el restablecimiento de los derechos”, afirmó Jaqueline Campos Rincón, directora territorial (e) de la URT Córdoba y Bajo Cauca antioqueño.

En los municipios mencionados, y tras el aval de la Fuerza Pública, la entidad adelantará el trámite administrativo contemplado en la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, para dar respuesta a todas las solicitudes de restitución presentadas por los campesinos, en aras de la inclusión en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

La intervención en estas áreas se llevará a cabo con la realización de jornadas sociales, de georreferenciación y comunicación sobre predios, tal como los demás escenarios de operación, que son la base para un proceso de reparación efectivo.

“Con estas nuevas zonas habilitadas, hacemos un llamado a todas las personas víctimas de despojo y/o abandono forzado a causa del conflicto armado, y que sufrieron hechos de violencia después del 1 de enero de 1991, para que presenten sus solicitudes de restitución en la oficina de la Dirección Territorial Córdoba: en la calle 66 # 5- 55, Edificio Betel, barrio El Recreo. En los horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m”, concluyó Campos.

La Dirección Territorial Córdoba de la URT también informa a las personas que tengan dudas o consultas sobre el proceso, que tienen a su disposición los canales virtuales de atención, como la línea telefónica 314 438 1078 y los correos monteria.restitucion@urt.gov.co y atencionalciudadano@urt.gov.co.