La Unidad para las Víctimas, en representación del Gobierno nacional, y la Fiscalía General de la Nación definieron las acciones para avanzar en la identificación, extinción y administración de bienes que, de acuerdo con la Ley 1448, deben ser destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia, un paso clave en la lucha para garantizar la reparación integral.
Durante un encuentro, realizado en Bogotá, la Fiscalía reafirmó su compromiso de perseguir y esclarecer el paradero de los bienes no identificados, respondiendo a una solicitud realizada por la directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, el pasado 26 de diciembre.
“La Fiscalía nos aseguró que tomará todas las acciones necesarias para localizar los bienes no identificados y que realizará las acciones pertinentes para avanzar en las investigaciones relacionadas con la corrupción y dar con los responsables», dijo Solano.
Agregó que la Fiscalía se comprometió a intensificar las investigaciones para identificar y recuperar los bienes que aún no han sido entregados al Fondo de Reparación para las Víctimas (FRV), incluyendo una revisión exhaustiva sobre las ocupaciones no autorizadas que afectan a 1.383 bienes, lo que ha generado complicaciones adicionales en el proceso.
Además, en desarrollo de las evaluaciones realizadas sobre los bienes en el FRV, se estableció que de los 3.398 bienes entregados al Fondo solo 580 han sido sometidos a extinción de dominio, mientras que 2.242 bienes presentan dificultades administrativas que dificultan su utilización para la reparación de las víctimas.
Conforman grupos de investigación
Asimismo, se definió que 105 de los bienes —suman más de 7.000 hectáreas— entregados por una estructura de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), en cabeza de uno de los gestores de paz designados por el Gobierno nacional, no aparecen en el FRV, lo cual será objeto de investigación.
Los 105 bienes, según las pesquisas, están ubicados en los municipios de La Gabarra y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.
De hecho, con la Fiscalía se acordó la conformación de tres grupos de trabajo con el fin de hacer un seguimiento minucioso a los bienes entregados al Fondo por parte de los 18 gestores de paz de las Auc designados por el Gobierno para que “contribuyan con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamientos con actores armados ilegales».
Lo anterior porque más de 300 bienes que, según los exjefes paramilitares entregaron a las autoridades para reparar a las víctimas, no aparecen en los registros de la Fiscalía.
La misión de la Fiscalía
Entre tanto, se determinó que el ente investigador debe verificar la existencia de los bienes con el fin de entregarlos al FRV.
Para cumplir con esta misión se definió un plan de trabajo en el cual la versión de los 18 gestores de paz será fundamental para conocer la verdad sobre la situación de estos bienes que deben ser destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.
Investigación al Fondo de Reparación
La Unidad para las Víctimas, luego de una auditoria interna realizada en el 2023, encontró posibles irregularidades en la administración de los bienes por parte del FRV, las cuales fueron dadas a conocer a la Fiscalía.
En el paquete de anomalías hay un listado de arriendos irregulares por debajo del precio comercial y el desvío de más de 147 millones de pesos destinados a la atención humanitaria.
Ante esta situación, la Fiscalía se comprometió a priorizar estas investigaciones, asignando fiscales especializados para garantizar que los responsables enfrenten consecuencias y que los bienes sean utilizados adecuadamente para la reparación de las víctimas.
Otro tema relevante tiene relación con la cooperación internacional para la identificación y recuperación de bienes ubicados fuera del país, con el objetivo de maximizar los recursos disponibles para la reparación. En ese contexto, la Unidad para las Víctimas y la Fiscalía acordaron trabajar de manera coordinada para recuperar esos bienes.
Celeridad en casos de violencia sexual
En cuanto a la situación de las mujeres víctimas de violencia sexual, que suman 39.575 personas registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV), la Unidad solicitó a la Fiscalía mayor celeridad y sensibilidad en las investigaciones relacionadas. La misma solicitud se elevó frente a los casos de 3.507 hombres víctimas de violencia sexual.
El ente investigador se comprometió a garantizar un enfoque diferencial, estableciendo rutas claras para tratar estos casos con urgencia y de manera adecuada.
