Mes: enero 2025

El Tribunal Superior de Medellín confirmó la condena de 4 años contra el cantante de vallenato Nelson Velásquez, exintegrante del grupo ‘Los Inquietos’, por interpretar, como solista y sin autorización, algunas canciones de su anterior grupo.

La Fiscalía demostró con más pruebas que el artista, había interpretado canciones del grupo Los Inquietos, sin autorización. Estos hechos habrían ocurrido entre los años 2012 y 2018.

El Tribunal confirmó la sentencia de 4 años en prisión por el delito de violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos.

El cantante había sido condenado en agosto de 2024, pagando una multa de 26 salarios legales mensuales vigentes. «Además, se le concedió la suspensión condicional de la pena, previo al pago de una caución equivalente a un salario mínimo», explicó la Fiscalía.

En una circular externa , la Superintendencia de Servicios Públicos estableció que las empresas de servicios publicos domiciliarios no podrán cobrar otros conceptos distintos a los que prestan.

«Las empresas que presten servicios públicos domiciliarios, únicamente podrán cobrar tarifas por concepto de la prestación de dichos servicios y de aquellos de que trata la Ley 142 de 1994”, afirma.

El documento emitido por la Superservicios, determina que en las facturas que lleguen a los hogares se deberán desagregar el costo de cada uno de los servicios que se presenten

«En las facturas en las que se cobren varios servicios, será obligatorio totalizar par separado cada servicio, cada uno de los cuales podrá ser pagado independientemente de los demás con excepción del servicio público domiciliario de aseo y demás servicios se saneamiento básico «.

Asimismo, sostiene que el alumbrado público a nivel nacional puede cobrarse de dos formas: con un concepto adicional en la factura del servicio público de energía eléctrica de los usuarios, así como a través de una sobretasa del impuesto predial.

En cuanto a los servicios de alcantarillado y aseo, este cobro deberá hacerse de manera conjunta con el fin de garantizar el recaudo de la tarifa.

Al menos 18 personas murieron este miércoles 29 de enero y otras tres resultaron heridas graves al estrellarse una avioneta en Sudán del Sur al poco de despegar de un campo petrolífero en el estado de Unity en dirección a la capital, Yuba, informó Radio Miraya, canal operado por la misión de la ONU en Sudán del Sur.

«Un avión con 21 pasajeros y miembros de la tripulación se ha estrellado cuando salía del campo petrolífero de Unity, en Sudán del Sur, y han muerto 18 personas y otras tres están en estado crítico. El piloto y copiloto están entre los muertos», según la emisora.

Fuentes de la empresa Greater Pioneer Operating Company (GPOC), que opera en el campo petrolífero, indicaron a EFE que la aeronave fue embarcada por la compañía y que las personas que viajaban en el avión se dirigían a Yuba para comenzar sus vacaciones.

El aparato cayó a los pocos minutos de despegar y dentro de la zona donde se encuentra el campo petrolífero, sin que se conozcan hasta el momento los motivos del accidente.

Entre la lista de pasajeros vista por la agencia de noticias EFE, hay tres extranjeros, dos de nacionalidad china y uno de la India, que trabajaban para la compañía como expertos técnicos.

Accidentes aéreos en Sudán del Sur

Sudán del Sur, una nación que logró la independencia en 2011, carece de una infraestructura de transporte fiable, y los accidentes aéreos se achacan a la sobrecarga y a las malas condiciones meteorológicas.

Entre los accidentes más graves figura uno en septiembre de 2018, cuando 20 personas murieron al estrellarse un avión comercial en un río durante su aterrizaje en la pista del aeropuerto de la ciudad de Yirol, situado en el centro de Sudán del Sur, en el que iban a bordo 22 pasajeros.

En 2015, otro accidente dejó 36 personas muertas al estrellarse un avión de carga que había despegado poco antes del aeropuerto internacional de Yuba.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena impuesta a la ciudadana Daneidy Barrera Rojas por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas.

El proceso está relacionado con hechos registrados el 22 de noviembre de 2019 cuando en medio de un paro nacional la procesada llegó a la estación Molinos del sistema Transmilenio y ocasionó daños al sistema con un martillo afectando puertas las puertas de vidrio, el dispositivo de lectura de tarjetas, los equipos de recarga automática y la registradora de acceso a la estación. La procesada grabó sus acciones y las difundió en las redes sociales.

El juzgado segundo especializado de Bogotá la condenó por daño en bien ajeno agravado y perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial y la absolvió por instigación a delinquir con fines terroristas. El despacho tuvo en cuenta la aceptación de cargos que hizo la procesada y la sentenció a 46,2 meses de prisión, multa de 25.42 salarios mensuales vigente y la inhabilitó para el ejercicio del oficio de influencer o youtuber.

El Tribunal Superior de Bogotá revocó parcialmente el fallo y la condenó por todos los delitos imputados a 63 meses y 15 días, multa de 492 salarios mínimos legales mensuales vigentes y mantuvo la restricción para el uso de sus redes sociales por el mismo término de la sanción principal. Además, negó la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria y dispuso su captura.

La Sala Penal, al conocer el caso en impugnación especial resolvió mantener la condena y determinó la captura de la procesada. Señaló que la libertad de expresión “no es absoluta y deja de ser lícita cuando a través de ella se propaga la violencia destructiva de bienes jurídicos personales o de uso público, entre otros”.

Igualmente, consideró que con sus actuaciones instigó de manera consciente y voluntaria a sus seguidores para imitarla “en la ejecución de similares conductas (delictivas)” lo que es incompatible con la garantía de la protesta social. “Se observa claro, entonces, que la difusión por redes de comunicación masiva de mensajes incitadores a la violencia y la destrucción del sistema de transporte público, por parte de la popular influencer “EPA Colombia”, a sus seguidores, ubicados en distintos lugares del país, en ese tiempo conmocionado por el “estallido social”, con la sugerencia de que actuaran de la misma manera que ella, tenía plena idoneidad para instigar a delinquir a través de conductas constitutivas de terrorismo”, se lee en la providencia.

Así mismo la Sala afirmó que “la instigación no sólo fue a vandalizar a cambio de nada, porque sí, ni como un propósito que se agotara en sí mismo. En lugar de ello, trascendió hasta los fines terroristas, porque incluyó que en los destinatarios pudiesen generar zozobra, intranquilidad, inquietud, aflicción, angustia, desazón, incertidumbre o desasosiego; y también aterrorizar, generar miedo, pánico, temor, pavor o susto”.

Y añadió que por la influencia que podía ejercer sobre otros ciudadanos la procesada tenía la obligación de “autorregular sus expresiones en las redes sociales y, a pesar de todo su conocimiento específico, dio rienda suelta a su comportamiento violento y, avanzó hasta la instigación a otros a que replicaran su designio destructivo, sobre bienes de uso público y afectación del trasporte masivo, siendo por entero previsible y altamente probable que otras personas hicieran lo mismo hasta acrecentar los niveles de zozobra y temor en la ciudadanía”.

La Sala mantuvo la pena impuesta en segunda instancia, así como la multa y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, e inhabilitación para el ejercicio del oficio de influencer o youtuber.