Mes: febrero 2025

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Gobernar impera responsabilidad y conciencia sobre la trascendencia de la función majestuosa de dirigir un territorio; cada acción y decisión que se asume y ejecuta impacta de manera crucial en la ciudadanía. El liderazgo de los gobernantes recae en la habilidad para atender los anhelos de la gente, sin importar circunstancias electorales. Un líder tiene el mandato claro de responder a las necesidades de las comunidades y transformar sus demandas en soluciones reales.

La eficacia de la política pública radica en la escucha activa de las comunidades. Al abrir canales de diálogo sincero, no solo se reconoce la pluralidad, sino que también se fomenta un sentido de pertenencia que enriquece al país. Cada región, con sus características únicas, aporta una pieza fundamental al mosaico nacional, y al ser escuchadas, avanzamos hacia un desarrollo inclusivo y próspero.

Es indispensable que las políticas públicas no sean unilaterales. Necesitamos un marco de reglas donde las comunidades participen activamente en el desarrollo de los territorios. Al fortalecer la colaboración entre el gobierno y la ciudadanía, se crean dinámicas donde las necesidades locales impulsan el bienestar colectivo, incentivando una visión de país que involucra a todos.

La conexión directa entre los gobernantes y el pueblo es la esencia de la política efectiva. Los liderazgos genuinos cumplen sus promesas de campaña y se mantienen fieles a sus compromisos. Este lazo de confianza, una vez formado, se convierte en el pilar sobre el cual se erigen gobiernos responsables y transparentes.

Colombia enfrenta grandes desafíos y grandes oportunidades. En este escenario, la unidad nacional se erige como el camino hacia una sociedad estable y segura. Solidificar la generación de ingresos, proteger los derechos de todos y garantizar la libertad individual son compromisos que requieren una visión compartida. Alejarnos de divisiones y estigmas es esencial para avanzar juntos.

Reconocer y valorar la diversidad es también reconocer el potencial de cada ciudadano, desde campesinos hasta empresarios, desde académicos hasta miembros de la Fuerza Pública. Al construir consensos, creamos un ambiente propicio para la paz, el progreso y la erradicación de problemas históricos como el narcotráfico. Solo así podremos imaginar un futuro sin violencia. Las garantías plenas son el cimiento de una Colombia diversa y unida. No podemos permitir que las diferencias ideológicas o culturales se conviertan en barreras. En su lugar, deben ser respetadas y protegidas.

En cada nivel de gobierno, el servicio a la ciudadanía debe ser la máxima prioridad. Al alinearnos con este principio, se logran crear puentes que acortan la distancia entre los gobiernos y las comunidades. Solo a través de la colaboración verdadera podremos gestionar un cambio que refuerce nuestra sociedad en todos sus aspectos.

Imaginemos una Colombia donde cada voz cuenta, donde cada necesidad es atendida y donde el futuro es moldeado por el esfuerzo concertado de todos. Con determinación y respeto mutuo, podemos asegurar un futuro lleno de posibilidades y realizar el sueño de un mejor mañana para todos los colombianos.

Por: Erasmo Zuleta Bechara

Gobernador del Departamento de Córdoba

La reglamentación del Acto Legislativo 3 de 2024 por parte del Congreso de la República, que fortalece la autonomía territorial, es el mecanismo por el cual se puede materializar el gran logro de esta modificación a la Constitución. “Dios está en los detalles”, afirmaba un arquitecto alemán. Y el éxito o no de este acto legislativo está en su reglamentación y desarrollo normativo. Esta reglamentación deberá considerar, además de los elementos indicados en el acto legislativo, al menos cuatro elementos fundamentales.

En primer lugar, una recategorización de departamentos y municipios que contemple criterios adicionales para este ejercicio. Actualmente, la categorización se encuentra en función de dos criterios: población e ingresos corrientes de libre destinación. Ya la Misión de Descentralización propuso la inclusión de otros criterios que considero pertinentes: ingresos totales, pobreza, índice de densidad y distancias, entre otros. Esto reflejaría mejor la realidad territorial en diferentes ámbitos.

En segundo lugar, una mayor flexibilidad para la destinación de los recursos a nivel territorial. Esta necesidad parte del reconocimiento de que la definición detallada de porcentajes para el uso de recursos a nivel legal se convierte en una rigidez que desconoce las necesidades sectoriales diferenciadas en los territorios.

En tercer lugar, un mayor apoyo a la descentralización a nivel departamental. Este se sustenta en que es a este nivel donde se presenta una visión de ejecución de proyectos regionales o de gran impacto nacional, además del aprovechamiento de economías de escala que pueden alcanzarse allí, una visión que en unidades territoriales más pequeñas puede no considerarse.

En cuarto lugar, un fortalecimiento tanto de las capacidades técnicas y administrativas de las entidades territoriales como de los organismos de control. Esto permitiría una adecuada ejecución de los recursos y su protección ante eventuales hechos de corrupción.

La reglamentación del acto legislativo constituye una gran oportunidad para el cierre de brechas en materia de educación, salud, acceso a agua potable y saneamiento básico, así como en otros sectores, como vías rurales. Espero que, bajo el liderazgo del nuevo gabinete nacional y del Congreso de la República, la reglamentación sea una realidad y podamos alcanzar una descentralización efectiva en pro de todos los colombianos.

*

Por: Jairo Miguel Torres Oviedo

Rector de la Universidad de Córdoba 

El pasado 19 de febrero en sesión de la Comisión Sexta del Senado de la República, fue aprobado en primer debate, la reforma de los Artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992; lo que permite avanzar en el trámite legislativo para construir un nuevo modelo de sostenibilidad y fortalecimiento financiero del sistema de educación superior pública. Importante reafirmar el liderazgo del Sistema Universitario Estatal SUE y su Comisión de Vicerrectores Administrativos y Financieros consciente de la necesidad que tienen las Universidades Públicas de resolver su desfinanciamiento estructural, estudió y construyó la propuesta para reestructurar o actualizar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, para lo cual se cimentó un modelo que tuvo como base las siguientes premisas: 1. Los Artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 no contemplaron los recursos para atender la evolución de las Universidades: ampliación de cobertura de 159.218 estudiantes en 1993 a 687.365 en el 2023, requerimientos de nuevos docentes, pasando de 22.988 docentes en 2004 a 40.371 en el 2023 en tiempos completos equivalentes, requerimiento de ampliación de infraestructura física, pasando de 2.178.000 m². en el 2003 a 4.500.022 m². en 2022, requerimientos de infraestructura tecnológica y equipos de apoyo académico, laboratorios, crecimiento de grupos de investigación, ampliación de los programas de bienestar, recursos para internacionalización, entre otros. 2. En 1992, a la par con la expedición de la Ley 30, el Gobierno Nacional promulgó el Decreto 1444 modificado por el Decreto 1279 de 2002, por el cual se dictan disposiciones en materia salarial y prestacional para los docentes de las universidades públicas; sin embargo, en los mismos, no se incorporó la fuente de financiación. Este Decreto abrió la posibilidad de reconocimiento a los méritos académicos de los docentes, los cuales, a su vez, repercuten en avances de indicadores para las universidades, iniciando un trayecto ascendente y sin financiación de los gastos de funcionamiento asociados a la nómina, toda vez que, estableció puntos de carácter salarial que se asignan cada año y se vuelven permanentes, representando en promedio 2,95 puntos porcentuales por encima del IPC de cada año. 3. Sumado a lo anterior, anualmente, el Gobierno Nacional expide un decreto de incremento salarial para los funcionarios públicos; que en los últimos años ha sido de alrededor de 1,6 puntos por encima del IPC, los cuales no cuentan con fuente de financiación específica para las universidades públicas. En particular, vale la pena aclarar que el Índice de Costos de Educación Superior, no soluciona los puntos de financiación antes citados; se reitera que, bajo ninguna circunstancia puede entenderse que este único cambio (reemplazo del IPC por el Ices) otorga una solución estructural al problema de desfinanciación de las Universidades Públicas.

Finalmente, recalcamos que, la inclusión de los recursos para dar cumplimiento a estos decretos de orden laboral, representan el verdadero rescate a la sostenibilidad y financiación de la educación superior pública, ya que son estas normas expedidas por el Gobierno Nacional las que se encuentran desfinanciadas desde su promulgación, y constituyen uno de los elementos de mayor impacto en las finanzas de las Universidades Públicas. Por ello, la aprobación en primer debate de este proyecto de ley; debe incorporar los ajustes mencionados y poder contar con un sistema de financiación que permita que las universidades públicas y demás IES públicas operen adecuadamente y sean sostenibles en el tiempo.