Karen Mejía Piñerez, en su calidad de directora de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), rechaza enfáticamente los señalamientos realizados semanas atrás y que se han intensificado en días recientes, referentes al convenio 542 de 2024, denominado erróneamente, simplificado y banalizado como “contrato de botes”.
En virtud de lo anterior, se permite aclarar e informar lo siguiente:
1. Es falso que el convenio mencionado no se hubiera ejecutado, como irresponsablemente se ha afirmado. A la fecha, 20 de febrero de 2025, se han entregado 239 embarcaciones de fibra de vidrio de las 283 estipuladas. En consecuencia, el Estado, a través de la entidad, no ha incurrido en ningún detrimento patrimonial, como lo demuestran las entregas efectuadas y debidamente documentadas, los informes elaborados y demás documentos disponibles para los organismos de control competentes.
2. Es igualmente falso y contrario a la evidencia que dicho convenio sea ilegal o incumpla los requisitos de la Ley 80 de 1993, conocida como Ley de Contratación Pública. Los convenios interadministrativos están previstos, consagrados y desarrollados, entre otros, en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política; el artículo 2.º de la Ley 80 de 1993; el artículo 95 de la Ley 489 de 1998; el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007; y el Decreto 1082 de 2015, por citar parte de la normatividad vigente que regula esta tipología contractual.
3. En la misma entidad, entre los años 2017 y 2023, se suscribieron nueve convenios interadministrativos similares.
4. Es necesario reiterar que es falso y contrario a la evidencia que dicho convenio se hubiera adjudicado “a dedo”, pues, tal como consta en el voluminoso expediente de la etapa precontractual, el conveniente fue escogido de manera objetiva, ya que contaba con la idoneidad certificada a través de experiencia y, dentro de su objeto social, su actividad se relacionaba directamente con el objeto a contratar. Igualmente, se realizó un estudio de mercado en el que se recibieron cotizaciones de nueve proveedores, entre ellos: Eduardoño S. A. S., Botes Firpol, Mar 10, Motoborda, Industrias Profibra Ltda. y Corpoita, entre otros.
5. Si bien la AUNAP es una unidad administrativa adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y tiene entre sus funciones ejercer autoridad sancionatoria, también le competen la planificación, la investigación, la organización y el fomento, entre otras actividades, de la pesca artesanal.
6. Dicho fomento técnico de la pesca artesanal, orientado a promover prácticas productivas sostenibles, buenas prácticas de manufactura y pesca, requiere diagnósticos para establecer las necesidades propias del oficio, así como capacitaciones para evitar la sobrepesca y la sobreexplotación, además de acciones de repoblación con material vivo, entre otras medidas.
7. En virtud de lo anterior, no se puede reducir, banalizar ni desvirtuar un convenio interadministrativo cuyo propósito, además de entregar elementos necesarios para la pesca artesanal, es trabajar técnicamente con las comunidades pesqueras más vulnerables del país. Se trata de un proceso iniciado años atrás mediante otro convenio suscrito con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), orientado primero a censar y, posteriormente, a caracterizar, formalizar y agremiar una actividad históricamente ejercida de forma individual.
8. Informes de la AUNAP establecen que en el país hay entre 250.000 y 320.000 pescadores artesanales. La entidad ha logrado caracterizar a 111.467, carnetizar a 102.000 e iniciar la formalización de 81.617. Además, se consolidaron procesos asociativos en 1.462 organizaciones pesqueras ubicadas en 13 cuencas hidrográficas: Costa Caribe, zona insular, costa pacífica colombiana, municipios en la zona de influencia de la represa de Hidroituango, ríos Cauca, Magdalena, San Jorge y Sinú, así como las regiones del Amazonas, la Orinoquía, la Ranchería, el Atrato y el Canal del Dique.
9. Gracias a otros convenios, como el suscrito con el PNUD, se realizaron jornadas de censo y caracterización que permitieron dimensionar dicha población desde sus saberes y necesidades, fortaleciendo así la atención a una comunidad históricamente marginada.
10. El 89% de los pescadores son hombres y el 11%, mujeres. Uno de cada cinco manifestó no saber leer ni escribir; la mayoría cuenta con solo cinco años de escolaridad, equivalente a la educación básica primaria. El 47% pertenece a los índices de pobreza multidimensional; el 50% carece de servicios públicos domiciliarios; el 89,9% está afiliado al régimen subsidiado de salud (Sisbén), y el 95 % no cotiza en ningún régimen pensional.
11. Por citar algunos ejemplos de necesidades: el 96% de las familias de pescadores del río San Jorge presenta necesidades básicas insatisfechas, así como el 98% de los pescadores en la zona de influencia de Hidroituango, quienes, según censos, se consideran en condición de pobreza.
12. A pesar de este difícil contexto, la pesca representa el 0,1% del PIB nacional y el 3,8% del PIB agrícola, generando empleo, alimentos e ingresos para la población más vulnerable.
13. Así las cosas, frente a una población dispersa en un área marítima de 928.600 km² —equivalente al 44,8% de la superficie total del país—, es evidente que la AUNAP no cuenta con el personal ni la logística suficientes para ejecutar directamente las actividades de fomento y desarrollo técnico. Por ello, fue necesario suscribir un convenio de asociación para diagnosticar las asociaciones, entregar elementos de tecnificación (equipos, herramientas, insumos, capacitaciones, entre otros) y brindar asistencia técnica integral.
14. La entidad con la cual se suscribió el convenio, la Asociación Alianza Colombiana de Instituciones Públicas de Educación Superior (Red Summa), es una entidad pública, descentralizada, de carácter indirecto y académico, con personería jurídica. Cuenta con experiencia relacionada con el Instituto Técnico Agrícola, la Superintendencia del Subsidio Familiar, las Unidades Tecnológicas de Santander, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, la Secretaría Distrital de Gobierno, la Contraloría General de la República y las alcaldías de Providencia, Santa Catalina y Chocó, entre otras.
15. Cabe aclarar que, al tratarse de un convenio interadministrativo, Red Summa aportó recursos económicos, apoyo técnico y administrativo. Su contribución fue de $870.071.614, equivalente al 5,82% del valor total del proyecto, que asciende a $14.948.899.224.
16. Entre las obligaciones específicas se contemplan la atención a 245 asociaciones, la formación de 283 grupos organizativos de 15 integrantes cada uno, la entrega de 283 kits para pesca marina, continental y en ciénagas, así como la realización de igual número de capacitaciones y trámites de matrícula de embarcaciones, entre otros.
17. Dicho convenio incluye la provisión de embarcaciones de fibra de vidrio para pesca marina, continental y en ciénagas; motores fuera de borda; chalecos salvavidas y demás elementos necesarios.
18. La postulación de las asociaciones beneficiarias y la selección de los elementos entregados no respondieron a decisiones arbitrarias. Estas se fundamentaron en la focalización realizada por las direcciones regionales, que fueron las encargadas de adelantar la convocatoria abierta y la selección de las asociaciones a participar en el presente programa. Lo anterior se realizó de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1850 de 2022, la Resolución 0488 del 20 de diciembre de 2023, expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante la cual se creó la Mesa Nacional Integral Permanente de Pesca, que sesionó el 28 de febrero de 2024, así como en las mesas de trabajo regionales realizadas en más de 20 municipios.
19. Como ordenadora del gasto, desde la firma del convenio, la directora ha liderado 27 acciones de seguimiento a su ejecución, lo que demuestra diligencia y deber de cuidado. La supervisión, además, está a cargo de los directores regionales.
20. La directora de la AUNAP informa a la opinión pública que su compromiso con los pescadores no es momentáneo ni producto de un cargo; es su vocación y proyecto de vida, toda vez que es profesional en acuicultura, con 17 años de experiencia en los sectores público y privado.
