Mes: febrero 2025

Con el objetivo de obtener información sobre el trámite y la aprobación de los proyectos del gobierno, la Corte Suprema de Justicia inspeccionará el 25 de febrero las oficinas de los congresistas Iván Name y Andrés Calle involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

Cabe resaltar que esta diligencia ya había sido programada por el magistrado Francisco Farfán el año pasado sin embargo de último momento se canceló.

Como se recordará Iván Name y Andrés Calle, son investigados tras las declaraciones entregadas por Olmedo López exdirector de la UNRGD y Sneyder Pinilla, en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

En su momento, Olmedo López aseguró que tanto Calle como Name habrían recibido una alta suma de dinero que fue destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales que se desarrollarían el 29 de octubre de 2023.

Estos mandatarios serían nada más y nada menos que los propios familires de los congresistas Name y Calle: María Clara Name Ramírez, actualmente concejal de Bogotá, Gabriel Enrique Calle Aguas , diputado de la Asamblea de Córdoba y Gabriel Alberto Calle Demoya, quien fue elegido como alcalde de Montelíbano, Córdoba.

«El dinero recibido por Name Vásquez y Calle Aguas habría sido utilizado para la financiación de las campañas políticas de María Clara Name Ramírez al Concejo de Bogotá, hija de Iván Leonidas Name Vásquez, así como de Gabriel Enrique Calle Aguas a la Gobernación de Córdoba, y de Gabriel Alberto Calle Demoya, a la alcaldía del municipio de Montelíbano Córdoba, hermano y padre de Andrés David Calle Aguas, respectivamente”, se lee en un auto del magistrado Francisco Farfán.

Según Pinilla, el exdirector de la entidad, Olmedo López, le ordenó entregarle 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, esto en el marco del escándalo de los carrotanques en La Guajira.

Tras la denuncia del actual MinComercio y exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, sobre supuestas presiones del embajador Roy Barreras para entregar puestos en la Dian, la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo se pronunció y reveló que ya tenía conocimiento de estos hechos desde hace varios meses.

“Poco antes de que el doctor Reyes saliera del cargo de la Dian, estuvo en mi oficina y efectivamente me hizo referencia a la solicitud que le habían hecho algunos funcionarios públicos para unos puestos claves en la Dian, lo que a él lo preocupaba mucho… en principio hacer recomendaciones no es un delito”, dijo la fiscal.

Aclaró que lo grave sería que existiera una red de contratación ilegal dentro de la Dian, lo cual es justamente lo que están investigando luego de que estallara el escándalo de “papá pitufo”.

“Lo que sería delictivo es tener una red dentro de una entidad y nosotros eso es lo que estamos precisamente investigando con alias Pitufo. Tal vez pedir un poco de serenidad porque nosotros necesitamos tener un espacio donde la información, donde las investigaciones sean reservadas y que nos permitan hacer la tarea”, añadió la jefe del organismo.

La fiscal aclaró que se trata de un tema de investigación amplio por lo que admitió que es posible que no haya resultados en el corto plazo.

Las declaraciones de la fiscal surgen luego de que el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, revelara que Roy Barreras, entonces presidente del Senado, le pidió nombrar fichas suyas en la Dian, en concreto en la dirección de Buenaventura y Cali. La primera ciudad es la puerta de entrada para el contrabando en Colombia.

Dijo que para esa época, recibió a Juan Fernando Petro y a César Augusto Valencia, cercano a Diego Marín alias Papá Pitufo, quienes quería nombrar a John Freddy Restrepo Toro para dirigir las operaciones de la Dian en Buenaventura. Esto, según revelación de Daniel Coronell en la W Radio

Me permito informar y hacer las siguientes precisiones:

Intentar deslegitimar la acción política y la imagen de quienes como este servidor, hemos venido haciendo control y denuncias sobre hechos relacionados y similares, precisamente en un año preelectoral y sin elementos de fondo; solo configura una amenaza a la verdad, la democracia, las instituciones, el estado y especialmente a la sociedad civil que clama confianza.

1. Informé de manera oportuna al entonces director de la Dian LUIS CARLOS REYES, que funcionarios en provisionalidad, sobre los cuales incluso la Corte Constitucional se ha pronunciado respecto a que tienen estabilidad laboral intermedia en razón de la naturaleza del cargo y el tipo de funciones que desempeñan es decir, que no tienen la estabilidad de aquellos que son de carrera, pero tampoco pueden ser desvinculados como los de libre nombramiento y remoción, me manifestaron irregularidades que se presentaron en los concursos, tanto en la convocatoria como en la fase de ejecución de los mismos.

2. En el caso de la funcionaria Martínez González, le manifesté al director de la entidad que ella había interpuesto una acción de tutela en la que señalaba falencias en el puntaje establecido en 2023 y 2024, así como sendas irregularidades en el mismo.

3. Es decir, a pesar de su antigüedad, su experiencia y su conocimiento, no habían sido calificados debidamente en dichos concursos. Solo pedí que se revisara su caso y el de otros accionantes para garantizar su derecho a la función pública.

4. La opinión pública conoce que he realizado debates de control político sobre múltiples temas que afectan derechos colectivos, entre ellos el manejo de los puertos. Incluso, desde hace meses estoy documentando el «cartel del cobre», que tiene mucha relación con este tema álgido e involucra contrabando, lavado de activos, entre otras conductas delictivas.

5. Se recuerda que fui el primero en denunciar en el año 2022, en la comisión segunda, el maridaje que existe entre narcotráfico, lavado de activos y los puertos del país..

En medio de la crisis que generó el intento de infiltración a la campaña presidencial de Gustavo Petro por parte de alias Papá Pitufo, señalado zar del contrabando , el exdirector de la Dian y ahora ministro de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes, entregó el listado completo de los funcionarios del Gobierno y congresistas que acudieron a su oficina para recomendar personajes que terminaran ubicados en puestos estratégicos de aduanas.

Según información revelada por la periodista Darcy Quinn , en el listado figuran Gregorio Eljach, actual procurador general y entonces secretario general del Senado; Armando Benedetti, hoy jefe de despacho; José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, Efraín Cepeda, actual presidente del Senado.

El listado fue completado con Olga Lucía Velásquez, representante del Partido Verde; Armando Sabaraín y Carlos Cuenca de Cambio Radical; Liliana Vitar del partido Conservador; Yenica Acosta y Óscar Darío Pérez del Centro Democrático; Alfredo Luque de la U; Daniel Restrepo del partido Conservador; Jairo Castellanos de la Alianza Verde; Alejandro Ocampo del Polo; Leonardo Gallego del partido Liberal y Dorina Hernández de Soy Porque Somos.

De los mencionados llama la atención Olga Lucía Velásquez, la representante es integrante de la Comisión de Acusación de la Cámara, donde se investiga al presidente Petro por la aparente violación de los topes electorales durante su campaña en 2022.

La mayoría de congresistas mencionados en este listado integran las comisiones tercera y cuarta de Senado y Cámara, en esas células es donde se tramitan todos los temas económicos.

Las designaciones eran para puestos estratégicos claves como la aduana de Buenaventura, Cartagena y Barranquilla.
Este listado se suma a la aparente presión, que ya había denunciado el mismo Reyes, por parte de Roy Barreras y de Juan Fernando Petro, hermano mayor del presidente Gustavo Petro.