Con el apoyo unánime la sesión plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último de cuatro debates, el proyecto de ley que aumenta el monto de los honorarios de concejales que pertenecen a municipios de quinta y sexta categoría, así mismo se aumenta el número de sesiones ordinarias y extraordinarias de concejales de los municipios de tercera a sexta categoría.
El articulado que también contempla que a estos funcionarios se le garantice la afiliación a la seguridad social, equipara los honorarios por sesión de los concejales de municipios de quinta y sexta categoría con los concejales de municipios de cuarta categoría quedando el valor de sesión de los honorarios en estas categorías en 296.314 pesos, hablando de este año 2025.
En cuanto al número de sesiones, estas se aumentan, de tal forma que el número de sesiones ordinarias y extraordinarias de los concejos de los municipios de tercera a sexta categoría, pasarán de 70 a 80 ordinarias y de 20 a 40 sesiones extraordinarias.
El ponente del proyecto en la Cámara, el representante liberal, Oscar Sánchez, indicó que esta es una deuda que se tenía con los concejales de alrededor de 965 municipios que están en estas categorías, de los 1.103 del país, “hoy un concejal de sexta categoría no alcanza a ganar un salario mínimo mensual vigente con todas las sesiones que tiene al año, 1 millón cincuenta mil pesos, menos los pagos de pensión y salud, que tienen que cancelar, le quedan 850 mil pasos”, explicó el congresista.
Por su parte el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, dijo que en lo personal, “se la jugó” para que esta iniciativa saliera adelante, y recordó que: “fue el primer proyecto de ley que agendé cuando fui elegido presidente de la Cámara y hoy la buena nueva a nuestros concejales y concejalas en todo el territorio nacional de poder ese liderazgo que en lo local esta transformado a nuestro país y que es la base de nuestra democracia”, dijo Salamanca.
Ahora luego de la conciliación de los textos de Senado y Cámara, el proyecto pasará a sanción presidencial, y precisamente el reto es para el gobierno quien tendrá, de ser así, la responsabilidad para solventar la responsabilidad fiscal que tendría esta ley.
