Mes: febrero 2025

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme una de las recientes condenas por el asesinato del entonces candidato presidencial Carlos Pizarro, crimen perpetrado el 26 de abril de 1990.

En segunda instancia, los magistrados del tribunal confirmaron que el exagente del DAS Jaime Ernesto Gómez Muñoz deberá pagar 20 años de prisión por su participación en los hechos que rodearon el crimen.

El reciente fallo, de 40 páginas, retoma la teoría del caso de la Fiscalía: “Gómez Muñoz, como detective del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), participo del complot criminal entre la organización de las autodefensas al mando de los hermanos Castaño Gil y el DAS, infiltrando su esquema de seguridad, con el único fin de dejar el hecho en la impunidad por asesinar al sicario que dio muerte a Pizarro, con una mini ingram en ráfaga, comprada en el mercado negro, e implantada en la aeronave con el único propósito de usarla en contra del candidato presidencial, Modus operandi propio de las autodefensas al mando de Fidel Castaño, con el cual arremetieron en contra de sus víctimas, usando a un sicario debidamente entrenado a quien denominaban ‘suizo’, que posteriormente era asesinado por reacción inmediata del escolta, según lo planeado, para no levantar sospechas, ante la reacción normal de un escolta, contubernio del cual hizo parte el enjuiciado, de modo que existiendo una resolución común al hecho, en virtud del principio de la imputación recíproca, lo que haga uno de los coautores es extensible a todos los demás”.

Las investigaciones revelaron que Jaime Ernesto Gómez, quien el día los hechos ejecutó a Jerry, habría hecho parte de una compleja estructura criminal que se valió de los recursos del extinto DAS para vigilar los movimientos de Carlos Pizarro, propiciar su homicidio y encubrir el crimen.

En ese complejo plan también habrían participado otros exagentes del extinto organismo. Este asesinato fue uno de varios hechos de este tipo cometidos contra importantes líderes políticos y sociales del movimiento M-19 y de partidos de oposición, como la Unión Patriótica.

Miguel Polo Polo fue acusado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por el delito de hostigamiento agravado e iría a juicio ante el alto tribunal.

La Corte consideró que el representante a la Cámara promovió e instigó actos orientados a causar daño a exmiembros del movimiento M-19 y al presidente Gustavo Petro, por razones de discriminación de ideología política. Habría usado medios de comunicación para difundir mensajes instando a eliminar a estas personas.

Con esta decisión, el político opositor al gobierno queda a un paso de ir a juicio en el alto tribunal. Su defensa puede apelar la decisión, pero de quedar en firme, el caso pasaría a la Sala de Primera Instancia que determinaría si Polo Polo es culpable o no del delito en contra del jefe de Estado y los antiguos militantes de la extinta guerrilla.

En julio del año pasado, cuando la Sala de Instrucción abrió la investigación en contra de Polo Polo, el político dijo que era víctima de una persecución política. «¡No me van a amedrentar! Colombia es testigo de que soy víctima de la persecución judicial más grande hacia un congresista. La estrategia de la izquierda es clara, saturar el sistema judicial y saturar a mi equipo, lo que no saben es que de mi lado siempre estamos listos para dar la pela y defender la verdad», escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

La Corte en su momento decidió abrir la investigación basándose en algunas publicaciones de redes sociales del congresista, como la que hizo en abril de 2024, cuando se refirió al M-19 como “excremento terrorista que debe ser recordado como una plaga sanguinaria cuyos miembros eran la peor porquería de la sociedad».

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló la elección de Juan Daniel Oviedo como concejal de Bogotá para el periodo 2024-2027, al considerar que incurrió en una causal de inhabilidad. La decisión de primera instancia podrá ser revisada por el Consejo de Estado.

Según el fallo, Oviedo firmó un contrato con el Fondo Nacional de Garantías, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 20 de junio de 2023. Dicho contrato de arrendamiento, valorado en 106.016.318 pesos, tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. No obstante, antes de su finalización, el economista se inscribió como candidato a la Alcaldía de Bogotá, elecciones en las que obtuvo el segundo lugar el 29 de octubre de 2023. Posteriormente, el 8 de noviembre, fue proclamado concejal de la ciudad.

El demandante argumentó que esta situación vulnera el numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, que establece que no podrán inscribirse como candidatos quienes, en el año anterior a la elección, hayan celebrado contratos con entidades públicas en interés propio o de terceros dentro del respectivo municipio.

Hasta el momento, Oviedo no se ha pronunciado sobre la decisión del Tribunal. Sin embargo, su futuro político sigue en desarrollo, ya que en noviembre del año pasado anunció su intención de postularse a la Presidencia de la República en 2026.

A través de una carta dirigida a la Fiscalía General de la Nación, fechada el 10 de febrero de 2025, Héctor Amaris Rodríguez, mano derecha de Álex Char, actual alcalde de Barranquilla, anunció que en los próximos días colaborará con la Fiscalía General de la Nación dado que posee información de prácticas corruptas que involucrarían al actual mandatario local.

En la misiva, Amaris, también conocido como ‘Oso Yogui y quien por más de dos décadas trabajo con el Clan Char, la familia de empresarios, políticos y celebridades de Barranquilla , promete esclarecer los hechos que rodean a Super Tiendas Olímpica, Aida Merlano, IARCO y en efecto, la empresa Triple A. Héctor Amaris actualmente es investigado por presunta corrupción en un contrato público que involucra a esta compañía.

«Durante este tiempo, fui testigo directo de prácticas corruptas lideradas por Alejandro Char, con sus socios estratégicos, testaferros, colaboradores cercanos, directores de su partido político, funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla y diversas empresas fachada”, se lee en la misiva enviada por Amaris y revelada por Semana.

En medio de su compromiso por ‘romper el silencio’, Amaris aseguró que entregará al ente investigador las pruebas que confirman los entramados de corrupción en los que está involucrado el alcalde Alejandro Char, por lo que suministrará  documentos, testimonios y registros financieros que confirman su versión.

Una juez avaló el preacuerdo entre el contratista Luis Eduardo López, alias Pastuso, y la Fiscalía por el escándalo de carrotanques de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Ungrd.

El acuerdo dicta que Rosero deberá pagar 6 años y 8 meses de prisión y devolver 7.722 millones de pesos, de los cuales ya regresó 4.017 millones de pesos.

De acuerdo con la Fiscalía, Rosero pasó de ser un pequeño comerciante a entrar en la rueda de grandes contratos estatales mediante tres empresas a su nombre con las que ha conseguido, solo con la UNGRD, más de 155 contratos que suman 160.000 millones de pesos (unos 39,6 millones de dólares) entre 2012 y 2024.

La delegada del ante acusador, además, durante la audiencia, indicó las sumas del peculado: El Pastuso se apropió de $7.821 millones, López de $724 millones y Pinilla de $342 millones por los contratos de carrotanques.

El caso, que ha generado gran atención pública, gira en torno a un contrato firmado en octubre de 2023 por un valor de 46.800 millones de pesos, destinado a la compra de 40 carrotanques para abastecer de agua a comunidades vulnerables de La Guajira. Sin embargo, las investigaciones revelaron que los vehículos nunca cumplieron su propósito y terminaron abandonados en un parqueadero.

López Rosero confesó su participación en un entramado de corrupción dentro de la Ungrd, donde, junto con altos funcionarios como Olmedo López y Sneyder Pinilla, estructuró un esquema para desviar recursos públicos. Según la Fiscalía, el contratista utilizó tres empresas registradas a su nombre para simular un proceso de selección de proveedores y garantizar la adjudicación de contratos fraudulentos.