Con 104 votos por el sí la Plenaria de la Cámara, aprobó en segundo debate el proyecto de ley con el que se adoptan medidas de protección para personas naturales frente al reporte o denuncia de presuntos actos o hechos de corrupción.
La iniciativa que ahora avanza al Senado de la República incluye una serie de medidas esenciales para proteger y garantizar la protección de los derechos fundamentales a la vida, integridad, seguridad personal y al libre desarrollo de la personalidad, así como los derechos laborales, económicos y políticos de los denunciantes de hechos de corrupción tanto en entidades públicas como empresas privadas.
La representante de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, señaló que la Cámara le está enviando un “sendo” mensaje a una sociedad que está absolutamente cansada de la corrupción, y ratificó que, “esta es una iniciativa dedicada a Jorge Enriques Pizano, a su memoria, y a la memoria de su hijo y a la de sus familiares que, aún hoy siguen clamando justicia”. Pizano, fue testigo clave del caso Odebrecht, quien murió en extrañas circunstancias, por la ingesta de cianuro, luego de haber realizado denuncias.
Por su parte la representante del Pacto Histórico, María del Mar Pizarro, destacó que en este momento tan solo el 2% de los casos de corrupción llegan a una condena sancionatoria, “y la verdad es que este proyecto no nos cuesta más que el salario de tres congresistas”, indicó y agregó que por fin hay una estrategia para combatir la corrupción integralmente en Colombia.
A su turno, la ministra de justicia, Ángela María Buitrago, agradeció a la plenaria de la Cámara por el ejercicio democrático que se adelantó para aprobar esta iniciativa, destacando que este tema es fundamental, no solo a nivel nacional sino internacional.
De acuerdo al texto aprobado se prioriza a periodistas, líderes sociales y ciertos profesionales que investiguen y denuncien hechos de corrupción. Igualmente, se crea el Sistema Unificado de Protección a Reportantes, Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC), una instancia interinstitucional e independiente encargada de coordinar, recomendar y decidir sobre la implementación y seguimiento de mecanismos de protección para los denunciantes, integrada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades.
