Mes: julio 2025

La cifra muestra que este año se movilizaron 572.000 viajeros más que en el mismo periodo, entre enero y junio del año, del pasado por las principales terminales aéreas del país, cuando el total de turistas transportados fueron 26’910.000.

Según el estudio de la Oficina de Analítica de la Aeronáutica Civil, solo durante el pasado mes de junio la movilización de pasajeros vía aérea llegó a 4’821.000 personas, es decir, 43.000 más que en junio de 2024.

“Estas cifras confirman que el transporte aéreo sigue despegando como una herramienta clave para unir al país, potenciar el turismo y el comercio, y acercar oportunidades a todas las regiones. El crecimiento del sector es una muestra del compromiso del Gobierno del Cambio con una Colombia más integrada y equitativa”, aseguró la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Dijo la funcionaria que el Gobierno nacional continúa fortaleciendo la conectividad aérea del país, no solo en los grandes centros urbanos, sino también en terminales regionales que dinamizan las economías locales.

Transporte de carga:

Pero también las cifras de transporte de carga crecieron en el primer semestre de 2025, lo que refleja un comportamiento positivo y la recuperación económica del sector, reveló la Aerocivil.

Durante los primeros seis meses de ese año se movilizaron 478.903 toneladas de carga, que representan un incremento de 13.080 toneladas respecto al mismo periodo de 2024, cuando transportaron 465.823 toneladas. Es decir, hubo una variación creciente de 2,8 %.

Solo en el mes de junio pasado se movilizaron 70.991 toneladas de carga desde y hacia Colombia, que representan un aumento de 2.421 toneladas: 3,5 % más que en el mismo mes del año pasado cuando la cifra llegó a 68.570 toneladas.

Según la Aerocivil y el Ministerio de Transporte, estas cifras positivas reafirman su compromiso del Gobierno nacional por una Colombia más conectada, equitativa y abierta al mundo.

En su función preventiva, la Procuraduría General de la Nación lideró la segunda mesa técnica interinstitucional, en la que participaron representantes del Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, diversas Entidades Promotoras de Salud (EPS), así como, operadores logísticos y gestores farmacéuticos, para resolver la problemática en el acceso y suministro de insulinas en el país.

Durante la jornada se consolidaron avances en las tres líneas estratégicas definidas en la primera mesa técnica interinstitucional, con especial énfasis en los siguientes ejes:

• 1. Insulinas Humanas: Se abordó la problemática derivada de la alta concentración del mercado en un único oferente. En este sentido, el Ministerio de Salud socializó los avances en el proceso de importación con un proveedor internacional, lo que facilitaría su entrada al canal institucional en el corto plazo. Se adquirieron compromisos para continuar monitoreando el comportamiento de los registros sanitarios vigentes de insulinas, con el propósito de anticipar posibles riesgos de desabastecimiento y activar medidas oportunas.

• 2. Inclusión de las Insulinas en el Listado de Medicamentos Vitales No Disponibles (MVND): Esta actualización busca garantizar mayor agilidad en el acceso a medicamentos críticos, como las insulinas escasas. Se resaltó la necesidad de revisar y optimizar el procedimiento de inclusión e importación de medicamentos clasificados como Medicamentos Vitales No Disponibles por parte de las EPS, ante las reiteradas observaciones sobre la complejidad y los tiempos del trámite actual ante el INVIMA.

• 3. Depuración y saneamiento de cartera por concepto de medicamentos: Se identificó como una de las causas estructurales de escasez de insulinas, especialmente en el caso de las análogas, la existencia de deudas entre las EPS y los gestores farmacéuticos, así como entre estos últimos y los laboratorios.

En respuesta a esta situación, el Ministerio Público junto a los diferentes actores definieron la necesidad de implementar una ruta de acción articulada, bajo la coordinación de la Superintendencia Nacional de Salud, con el objetivo de identificar, caracterizar y cuantificar la cartera vencida existente en los distintos eslabones de la cadena de suministro. Esta estrategia busca facilitar espacios de conciliación y propiciar la suscripción de acuerdos de pago verificables, que prioricen el flujo de recursos y viabilicen la disponibilidad oportuna de estos medicamentos esenciales.

La Procuraduría reafirmó su rol de vigilancia superior a la gestión pública y su compromiso con la defensa del derecho fundamental a la salud, anunciando que hará seguimiento riguroso al cumplimiento de los compromisos adquiridos por los actores involucrados.

En una alocución presidencial del martes 15 de septiembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, reveló que desde que entró en vigencia la Ley 100 de 1993 se le han quitado al sistema de salud 100 billones de pesos. Advirtió que esta es la estafa más grande en la historia del país. También rechazó las mentiras de medios de comunicación sobre la deuda actual de las EPS con clínicas y hospitales y en las que se dijo que era a cargo del Gobierno. “Por el contrario, nosotros hemos disminuido en 707 mil millones de pesos la deuda total que estas EPS tenían con la República y otros acreedores. Por eso la intervención (a las EPS) hay que continuarla y ampliarla». Especial VIDA.

​Presidente reveló las pérdid​as billonarias del sistema de salud
Desde que nació la Ley 100 han desaparecido decenas de billones de pesos del erario, que se convirtieron en patrimonio privado.

“La mayor estafa en la historia de Colombia». Así calificó el presidente Gustavo Petro el entramado de corrupción y saqueo que, según denunció, ha operado durante décadas en el sistema de salud del país.

Una red de intereses privados, amparada por la Ley 100 de 1993, habría facilitado la desaparición de más de 100 billones de pesos del erario público, convertidos en patrimonio particular de los dueños de las EPS.

“La ley 100 y los gobernantes que la defienden, le han quitado al sistema de salud real, que es el que atiende a las personas, hospitales y clínicas, 100 billones de pesos al menos», dijo el pasado martes el jefe de Estado en una alocución presidencial.

Esos recursos “no eran para que se robaran la plata, eran para que atendieran a las mujeres embarazadas, a los niños, a las niñas, a los viejos, a los que sufren diabetes y todo esto».

El mandatario fue más allá: acusó a algunos medios de comunicación de encubrir, mentir y ocultar esta situación, afirmando que “dijeron que la deuda es del gobierno. Nosotros no tenemos ni un peso de deuda. Hemos pagado, y se la han robado. Digan la verdad. ¡Mentirosos!»

​Informe de la​ Contraloría
Los datos dados a conocer por el presidente coinciden, en parte, con un reciente informe de la Contraloría General de la República, que encontró que hay 2,71 billones de pesos girados por el Gobierno a las EPS, que no aparecen en los reportes contables.

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) giró cerca de 89 billones, pero las EPS solo reconocen 85 billones de pesos. “¿A dónde va a parar la plata? ¿Por qué no hay proceso judicial?», preguntó el mandatario en la alocución, que acompañó de duras críticas a quienes se oponen a la reforma del sistema.

Adicionalmente, el informe revela que 29 Entidades Promotoras de Salud (EPS) acumulan una deuda que asciende a los 32,9 billones de pesos por servicios prestados en clínicas, hospitales, laboratorios, operadores farmacéuticos y otros actores del sistema.

Esta cifra representa un aumento de 7,9 billones de pesos respecto al monto reportado en 2023 y es reflejo del nivel crítico de desfinanciamiento y desorden administrativo del sistema, debido al actual modelo de aseguramiento basado en la intermediación.

El presidente destacó que las intervenciones a EPS como Sanitas y Nueva EPS han demostrado su efectividad. Entre 2023 y 2024, la deuda de las EPS intervenidas con hospitales y clínicas disminuyó 14 %, es decir, 1,8 billones de pesos, mientras que las EPS no intervenidas duplicaron sus deudas.

La deuda total con clínicas y prestadores, que en 2023 superaba los 25 billones de pesos, ahora alcanza 32,9 billones de pesos, lo que significa un nivel crítico del desfinanciamiento.

​Sistema pagad​​o, pero sin medicamentos
Pese a que el Gobierno ha pagado el 90,3 % de lo facturado por los operadores farmacéuticos en 2024 (más de 13 billones de pesos), persisten fallas graves en el suministro de medicamentos. El presidente responsabilizó directamente a los gestores farmacéuticos por el acaparamiento, que ha sido el principal motivo de queja de los usuarios.

“Dicen que colapsamos el sistema porque no hay medicina. Pero eso es mentira. Las facturas valen, todas, 14,7 billones de pesos en el 2024, y hemos pagado 13,3 billones de pesos. Entonces, ¿por qué no hay medicinas en las farmacias? Y le dicen a la gente que no hay medicamentos. ¿Por qué no hay medicamentos contra diabetes?», preguntó el mandatario al agregar que las quejas son contra los que no entregan los medicamentos, “que no somos nosotros, son los gestores, operadores farmacéuticos, lo dice la Contraloría».

​¿De dónde salen los $100 billones?
El presidente Petro afirma que “las deudas no pagadas de 157 EPS desde 1993 hasta la fecha, traídas a valor presente, suman más de 100 billones de pesos. Una deuda siempre, como hacen los bancos, se trae a valor presente, se inicia a contar desde 2020 o como da el valor total de la deuda, desde 1993″.

La cifra, dijo el mandatario, “es exactamente lo que se ha transferido durante estos 30 años de la Ley a los dueños de las EPS desde el presupuesto público».

Finalmente, contrario a lo que algunos ha tratado de hacerles creer a los colombianos, en los medios y redes sociales, el gobierno de Gustavo Petro es el que menos EPS ha liquidado. Del 117, solo cuatro han desaparecido en esta Administración. El gobierno que más entidades promotoras de salud liquidó fue el de Andrés Pastrana con 78.

Así respondió el jefe de Estado en su cuenta de X a las críticas por la creación de una zona económica binacional con el país vecino, y agregó que con esta propuesta su Gobierno no está poniendo en riesgo la soberanía colombiana.

“Una zona binacional no es entregar la soberanía de la Patria, es crear las condiciones sociales y económicas, que permitan que dos pueblos de sangre común e historia común, puedan ser dueños de sus territorios, prosperen y vivan bien», afirmó este jueves.

Asimismo, el mandatario se refirió a las palabras del expresidente Álvaro Uribe, quien a través de un video rechazó la constitución de la zona binacional.

De hecho, el jefe de Estado se refirió con dureza a las decisiones que gobiernos uribistas tomaron en sus relaciones con Venezuela, las cuales derivaron en una proliferación de grupos criminales vinculados al narcotráfico y en una crisis económica y social en las poblaciones fronterizas.

“Los gobiernos uribistas decidieron romper las relaciones entre los pueblos, eso provoca que las mafias dominaran los territorios y las poblaciones, matándolas. Señor Uribe, perder soberanía hoy es que mafias extranjeras y nacionales dominen nuestra población fronteriza a partir de las armas y el terror», recalcó el mandatario en X.

La firma del Memorando de Entendimiento para crear la Zona de Paz, Unión y Desarrollo entre Colombia y Venezuela se presentó el viernes pasado en la ciudad de Caracas.

El Memorando, que crea la zona económica especial, se establecería inicialmente en los estados de Táchira y Zulia, por el lado de Venezuela, y Norte de Santander, por el lado colombiano, con la posibilidad de incluir a otros departamentos fronterizos.

Al respecto la ministra de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), Diana Marcela Morales Rojas, quien firmó el documento a nombre del Gobierno colombiano, explicó que este memorando busca “avanzar en un trabajo conjunto para impulsar la diversificación productiva, generar valor agregado y fomentar un desarrollo económico inclusivo y sostenible».

Además, se pretende estrechar la cooperación entre las autoridades de los dos países, con especial énfasis en los temas relacionados con comercio, turismo, cultura, educación y salud, así como impulsar los proyectos de producción agroalimentaria para aprovechar el potencial de la región en productos como café, frutas tropicales, cacao, caña de azúcar, tubérculos, ganadería y lácteos, principalmente.