Mes: julio 2025

El senador de la República, Julio Alberto Elías Vidal, radicó ante la Secretaría General del Senado un proyecto de acto legislativo que busca modificar el artículo 135 de la Constitución Política, con el fin de incluir a los Directores de Unidades Administrativas Especiales con personería jurídica como sujetos de citación y moción de censura por parte del Congreso.

La iniciativa propone que estos altos funcionarios, responsables de entidades con funciones críticas y manejo significativo de recursos públicos, también respondan ante el Legislativo por su gestión, tal como ocurre con ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos.

“Esta reforma es necesaria para cerrar vacíos en el control político. Hoy, muchas de estas Unidades tienen el mismo alcance institucional y presupuestal que otras entidades ya sujetas a moción de censura, y sólo rinden cuentas ante el Congreso a través de Control Político. Este proyecto busca equilibrar la balanza y garantizar que ningún funcionario con poder público quede por fuera del escrutinio democrático”, expresó el senador Julio Elías Vidal, autor de la propuesta.

El proyecto modifica los numerales 8º y 9º del artículo 135 de la Constitución, fortaleciendo así los mecanismos de control político, la transparencia y la rendición de cuentas.

Con esta iniciativa, el Congreso podría citar y, de ser necesario, promover moción de censura contra los directores de entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV, Unidad Nacional de Protección – UNP, DIAN, Migración Colombia, Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente. – UAE entre otras, todas con autonomía administrativa y patrimonial, pero sin un control político efectivo hasta ahora.

“Es hora de que el control político en Colombia esté a la altura de nuestra institucionalidad. No se trata de obstaculizar la gestión, sino de fortalecer la confianza ciudadana en el Estado, promoviendo una mayor responsabilidad y vigilancia sobre quienes toman decisiones fundamentales para el país”, concluyó el senador.

Esta propuesta se enmarca en los esfuerzos del senador Julio Elías Vidal por avanzar hacia un Congreso más fuerte, responsable y comprometido con la defensa de los principios democráticos y el equilibrio entre poderes.

Los dos miembros de la Policía secuestrados están adscritos a un cuerpo élite de la Dirección de Investigaciones Judiciales (Dijin), encargado de investigar los homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Ambos trabajaban en el esclarecimiento de varios casos bajo la coordinación de la Fiscalía, confirmó el director de la institución, general Fernando Triana Gaitán.

En nombre del Gobierno nacional, el funcionario expresó la solidaridad institucional con las familias de los secuestrados, el subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y el patrullero Fabián Pérez Mendoza, e hizo énfasis en que el secuestro es una clara violación al Derecho Internacional Humanitario y será denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El trabajo investigativo de los investigadores de la Dijin que cayeron en poder del ELN –manifestó Triana– ha sido fundamental para contribuir al esclarecimiento de 26 homicidios de líderes sociales en los últimos tres años en el departamento de Arauca.

El director de la Policía se reunió con las autoridades locales para analizar y determinar las acciones institucionales a desarrollar en el marco del secuestro de dos uniformados, ocurrido en una vía del municipio de Tame (Arauca).

En medio de una demanda de pérdida de investidura presentada contra el senador del Centro Democrático y precandidato presidencial Miguel Uribe, que permanece internado en una Unidad de Cuidados Intensivos desde el 7 de junio de 2025, tras sufrir un ataque sicarial durante un acto público en el occidente de Bogotá, el Consejo de Estado solicitó a la Fundación Universitaria Clínica Santa Fe de Bogotá un informe sobre el estado de Salud del político.

De acuerdo con el documento revelado por Caracol Radio, la solicitud formal fue emitida por el presidente de la corporación y magistrado de la Sección Quinta, Luis Alberto Álvarez, al recordar que el congresista de oposición enfrenta dos demandas por pérdida de investidura.

«Previo a proveer sobre el escrito de subsanación presentado por el ciudadano Carlos Alberto Sánchez Grass dentro del asunto de la referencia, resulta necesario oficiar a la Fundación Santa Fe de Bogotá, para que, con destino a esta actuación judicial, se sirva certificar la condición médica y estado de salud del senador Miguel Uribe Turbay”, se lee en el documento.

Los demandantes Carlos Alberto Grass e Iner Alonso Ramírez han centrado sus acusaciones en la supuesta incompatibilidad entre las funciones legislativas y las acciones proselitistas del senador.

Además, los accionantes aseveraron que el senador del Centro Democrático había aprovechado su condición para adelantar acciones de campaña presidencial sin estar habilitado para ello.
El proceso judicial que enfrenta el senador Miguel Uribe se encuentra en una fase clave, ya que la certificación médica solicitada podría incidir en la valoración de los hechos y en la decisión final sobre su investidura como congresista de la república.

El exconcejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, Miguel Uribe Turbay, recientemente víctima de un atentado que lo tiene internado en una UCI de la Fundación Santa Fe; y el director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, son los políticos que tienen mejor imagen en Colombia, según encuesta revelada el lunes 21 de julio de 2025 por la firma Datexco, denominada Pulso País, y contratada por Caracol Radio.

Oviedo, que también fue candidato a la Alcaldía de Bogotá en los comicios del 29 de octubre de 2023, encabeza el escalafón de imagen favorable con un 51,51%, según la medición. En el ejercicio, se consultó a los colombianos sobre su percepción hacia figuras públicas con proyección política de cara a las elecciones presidenciales, en las que se reconfigurarían las principales fuerzas políticas tras la era Petro.

Por su parte, en segundo lugar se ubica Uribe Turbay, que desde el 7 de junio está luchando por su vida tras recibir dos disparos de bala en su cráneo, con un 51,34% de respaldo. Mientras que en el tercer puesto lo ocupa Galán, exsenador y hermano del actual alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con 49,93 % de favorabilidad. Ambos son hijos, cabe resaltar, del asesinado candidato presidencial Luis Carlos Galán.

El listado de la firma encuestadora continúa con el exsenador y excandidato presidencial Humberto de la Calle, en la cuarta posición, al registrar un 49,3%; mientras que en la quinta casilla está Sergio Fajardo, que confirmó su aspiración a la Casa de Nariño, con un 49,11%. Entre las mujeres, la senadora María José Pizarro aparece en la posición número 11, con 42,32% de imagen favorable, siendo la mejor posicionada.

Bogotá, julio de 2025 — La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra los hermanos Juan Carlos y Alfonso Dávila Abondano, reconocidos empresarios del Caribe colombiano, por su responsabilidad en el intento de apropiación indebida de recursos públicos a través del programa Agro Ingreso Seguro (AIS).

De acuerdo con la decisión del alto tribunal, ambos empresarios incurrieron en el delito de peculado por apropiación agravado en grado de tentativa, y deberán cumplir dos años de prisión. El fallo ratifica que los Dávila Abondano pusieron en riesgo recursos estatales al gestionar subsidios a través de mecanismos irregulares en el marco de dicho programa.

La investigación, que se extendió por más de 12 años, se originó a partir de una revelación periodística de la revista CAMBIO en 2009, la cual expuso cómo poderosas familias del Caribe buscaban beneficiarse de subsidios diseñados para campesinos de bajos recursos. Gracias a esta denuncia, se logró evitar la entrega indebida de miles de millones de pesos del erario público.

Este fallo se suma a la cadena de decisiones judiciales relacionadas con el escándalo de Agro Ingreso Seguro, un programa que, aunque concebido para apoyar al sector agrícola vulnerable, fue utilizado para beneficiar a grandes terratenientes y empresarios de alto perfil económico en el país.

Con esta decisión, la Corte envía un mensaje claro sobre la protección de los recursos públicos y la responsabilidad de los actores económicos en el manejo de subsidios estatales.