Mes: julio 2025

Por: Erasmo Zuleta Bechara

Gobernador del Departamento de Córdoba y Presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND)

De conformidad con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, la participación del sector turismo en el PIB nacional será del 5,3 % en 2034, más del doble de la participación que el sector tiene hoy día del 2 %, y superará la participación actual de sectores como el minero (4,4 % a 2024), servicios públicos (4,3 %), construcción (4,2 %) y actividades financieras (4,1 %).

Hoy día, el personal ocupado en actividades turísticas en Colombia asciende a 900 mil personas (4 % del total de la población ocupada en Colombia), principalmente en las actividades de alojamiento, servicios de comida, bebidas, servicios culturales, deportivos, recreativos y de transporte de pasajeros, respectivamente. A 2034, se podría esperar que el número de ocupados por estas actividades también se duplique.

Las oportunidades ya están descritas y las principales condiciones dadas: clima tropical, segundo país más biodiverso del mundo, líder mundial en avistamiento de aves, dos océanos y gastronomía diversa, entre otras.

Pero los retos para llegar allí también son muy importantes y no podemos apenas contemplar las oportunidades. Los principales retos que puedo percibir como gobernador de un departamento que ha obtenido resultados relevantes en materia de crecimiento del sector turismo son retos en infraestructura, retos en seguridad y retos para lograr un crecimiento sostenible del sector. Y en todos los anteriores, la coordinación e impulso real del gobierno central, administraciones territoriales y sectores público y privado es fundamental.

No podemos desarrollar el sector turismo si estigmatizamos el desarrollo de la infraestructura vial y si condenamos la participación del sector privado en el desarrollo de ese sector. También en infraestructura, es urgente que, dada la alta concentración de ingresos fiscales en el gobierno central, este apoye financieramente a los territorios en la provisión de servicios públicos esenciales como acueducto, gas natural y energía. Lo propio sucede en términos de seguridad nacional.

Desde las entidades territoriales, gobernadores y alcaldes hacemos todo lo que está a nuestro alcance administrativo y financiero. En Córdoba, por ejemplo, estamos realizando inversiones que garanticen que la población viva mejor y que los turistas tengan una gran experiencia, incluyendo obras de infraestructura y programas como el de bilingüismo en colegios públicos, con impacto en más de 35.000 niños del departamento y 80 docentes, y apoyamos la realización de eventos deportivos y ferias de talla internacional. Asimismo, estamos a pocos meses de lograr que el Aeropuerto Los Garzones tenga operaciones internacionales.

Gracias a este impulso, los resultados saltan a la vista. En materia de visitantes extranjeros, en 2024 se logró un máximo histórico desde 2020, y en lo corrido de 2025 vamos mejor que el año pasado. Los resultados en términos de ingresos y población ocupada de los establecimientos de alojamiento se encuentran por encima de la media nacional, y para 2026 Córdoba fue seleccionado como departamento invitado a la vitrina turística más importante del país, ANATO.

Pero, de nuevo: para continuar sostenidamente con estos resultados, el apoyo coordinado y estratégico del gobierno central es crucial en materia financiera, de infraestructura y control del territorio.

Como dice el adagio popular: “Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado”, y el acompañamiento que demandamos en los territorios es el del gobierno nacional.

Por: Jairo Miguel Torres Oviedo

 Rector de la Universidad de Córdoba 

La locución inglesa, denominada Fake news, que en español significa noticias falsas, plagadas de mentiras; es lo que prolifera a través de internet e inteligencia artificial en estos tiempos de posverdad. Es un fenómeno social que amerita un análisis serio, sobre distintos factores sociales como son: el derecho y ejercicio de las libertades por parte de los ciudadanos y la responsabilidad social de los medios de comunicación; la función de los medios está centrada en la información, educación y recreación; para de esa forma, contribuir en la formación ciudadana y construcción de la democracia; es una responsabilidad amplia, compleja y vital para el funcionamiento del orden social y democrático. Cuando los medios de comunicación actúan con objetividad e independencia, alejados de la manipulación y prejuicios; los ciudadanos tienen acceso a una comunicación objetiva que informa y educa. Lo anterior, no impide que profesen y/o defienda ideologías o creencias; mientras se expresen con autonomía, ética y respeto por el otro. Hacer lo contrario, produce y profundiza la polarización que degrada y desvirtúa la verdadera función social de los medios. Lo que hoy se evidencia cuando los medios, inclinan su línea periodística de manera dogmática, alrededor de militancias políticas, e intereses de quienes los financian; con ello, se desvirtúa la responsabilidad social y la ética periodística. Es de anotar, que, en los últimos años, los avances en radio, televisión y la Internet; cambiaron radicalmente la forma de hacer y ejercer la comunicación social; en un abrir y cerrar de ojos, la comunicación migró a la virtualidad; convirtiéndose en un fenómeno masivo y abierto, que transformó el ejercicio de la comunicación; facilitando la masificación de medios.

Por consiguiente, necesitamos un manejo responsable de la comunicación; estableciendo e interiorizando normas legales y morales, que impidan y sancionen ejemplarmente a quienes abusen, manipulen, persigan, calumnien e injurien la honra, buen nombre y dignidad de las personas. En este sentido, la proliferación de medios de comunicación, puede ser interpretado como un síntoma que revitaliza la democracia, facilitando la expresión, control y veeduría ciudadana; cuando es ejercido con transparencia y responsabilidad; pero hay excepciones, lo que se da, cuando un determinado medio asume comportamientos, posiciones y líneas de información centradas en la presión, parcialidad, exclusión y militancia partidista, ideológica y/o empresarial; dedicados a construir intencionalmente un determinado relato a favor o en contra de personas, grupos, e instituciones; utilizando un lenguaje centrado en el linchamiento y señalamiento moral; desconociendo derechos fundamentales como la presunción de inocencia y debido proceso. Este problema, encuentra una de sus explicaciones, cuando se ejerce la comunicación, desconociendo y vulnerando regulaciones legales y éticas. Es imperioso elaborar una legislación rigurosa, que sancione de forma ejemplarizante, la conducta y accionar lesivo de quienes hacen uso de los medios con este propósito. Del mismo modo, los que utilizan perfiles falsos para injuriar y calumniar; por ello, nuestro ordenamiento jurídico, abordó esta realidad; pero ha sido débil frente al problema; pese a que el constituyente del 91 lo haya consagrado en los artículos 15 y 21; el primero establece que, «Todas las personas tienen derecho a la intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar» el 21, garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección. Constituyéndose el concepto en un derecho fundamental. De la misma forma, la Corte Constitucional se ha pronunciado en la Sentencia T 550 de 2012. «El derecho al honor opera como un límite insoslayable a la libre expresión, prohibido como está establecido, o sea, cuando alguien se refiera a una persona de manera insultante o injuriosa, o atentando injustificadamente contra su reputación, demeritándola ante la opinión ajena. Por ello, la libertad de expresión no cobija las: «Expresiones formalmente injuriosas e innecesarias para el mensaje que se desea divulgar, en las que simplemente su emisor exterioriza su personal menosprecio o animosidad respecto al ofendido.» En este sentido, necesitamos medios objetivos e imparciales, que aporten en la formación de opinión pública y revitalicen la democracia.