Mes: septiembre 2025

En una intervención marcada por el llamado urgente a proteger el deporte colombiano, la plenaria del Senado de la República abrió sus puertas a deportistas olímpicos, quienes expusieron su preocupación frente al recorte presupuestal proyectado para el sector en 2026.

El H.S. Esteban Quintero (Centro Democrático) acompañó a los atletas y recordó que, según el Acto Legislativo 01 de 2000, el deporte es un gasto público social y su financiación no puede disminuir de un año a otro. En su intervención, señaló la necesidad de que los recursos provenientes de la telefonía móvil, destinados por ley al deporte, fortalezcan de manera efectiva al Ministerio del Deporte.

El llamado de los deportistas se dio con ocasión del trámite en el Legislativo del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para el 2026, en el cual, según la denuncia, se estaría proponiendo el recorte de recursos para esta actividad.

El doble medallista olímpico Carlos Ramírez advirtió que el presupuesto proyectado para 2026 sería insuficiente para cubrir las necesidades en infraestructura, formación y alto rendimiento.

“Estamos aquí porque el recorte presupuestal proyectado para 2026 es alarmante. El Ministerio del Deporte contará únicamente con 310 mil millones de pesos, una cifra que no alcanza para cubrir las múltiples necesidades de nuestro país en infraestructura, talento, formación y alto rendimiento”, afirmó el medallista.

Entre los puntos que Ramírez mencionó estuvieron el programa Atleta Excelencia, que beneficia a más de 400 deportistas y que, al parecer, solo tendría recursos garantizados hasta el primer semestre de 2026.

También el laboratorio de antidopaje, que recibiría únicamente 1.000 millones de pesos, insuficientes para su pleno funcionamiento. Y el Centro de Alto Rendimiento,que no contaría con presupuesto asignado para su mantenimiento.

De igual forma, el programa de Glorias del Deporte tendría un presupuesto de apenas 6.000 millones, lo que cubriría únicamente a los actuales beneficiarios, y la preparación hacia los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028también estaría comprometida al recibir solo 40 mil millones, cuando se requieren al menos 160 mil millones.

Por su parte, el taekwondista Luis Soto compartió su testimonio ante los congresistas.
“Es una situación muy grave, porque el deporte es algo que construye paz (…) Cada Tatami, cada pista, cada coliseo, cada cancha es una oportunidad más de vida. Yo pude cambiar un arma por un uniforme. Hoy en día, soy lo que soy gracias al deporte. El deporte no es un gasto: es una inversión para un país que sueña con paz”, dijo Soto.

Los deportistas presentes coincidieron en que el deporte no puede sufrir un retroceso presupuestal y pidieron al Congreso de la República revisar el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2026. Subrayaron que más allá de las cifras, está en juego el futuro de miles de jóvenes que ven en el deporte una oportunidad de vida y de construcción de paz.

De esta forma, la plenaria se convirtió en un espacio en el que el Senado escuchó de manera directa a quienes han llevado la bandera nacional a lo más alto del deporte mundial.

La senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció la existencia de un borrador legislativo que, según afirmó, otorgaría al Gobierno nacional facultades para tomar posesión de medios de comunicación.

La congresista señaló que se trata del “proyecto de ley 193 de 2025”, documento que habría sido elaborado bajo la coordinación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

Gobierno Petro impulsaría “minirreforma tributaria” y tomaría “posesión de los medios de comunicación”, afirmó la senadora.

El presidente Gustavo Petro está considerando ajustes en su equipo ministerial, una decisión que surge tras el revés político que sufrió en la elección de la Corte Constitucional. Fuentes cercanas al Gobierno revelaron a El Colombiano que una de las principales evaluaciones es la posible salida del ministro de las TIC, Julián Molina, cuyo reemplazo podría ser el polémico gerente de RTVC, Hollman Morris.

La derrota en la elección de la candidata María Patricia Balanta, que se atribuye a una falta de apoyo de los partidos Alianza Verde, La U y Liberal, provocó una reacción inicial de Petro que se revirtió parcialmente. El presidente había solicitado la renuncia de los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino (Alianza Verde), TIC, Julián Molina (Partido de La U), y Comercio, Diana Marcela Morales (Partido Liberal). Sin embargo, la salida de Sanguino y Morales habría sido reconsiderada.

A pesar de la aparente marcha atrás, el puesto de Molina sigue en riesgo. La llegada de Hollman Morris, una figura cercana al presidente, a la cartera de las TIC reforzaría el control del Gobierno sobre las comunicaciones, un área que, según se conoció, preocupa al mandatario, especialmente de cara a las elecciones de 2026.

Además de los cambios ministeriales, Petro también estaría analizando la salida de directivos en entidades descentralizadas que han sido controladas por los partidos Liberal y Alianza Verde, como el ICA, Finagro y Positiva. Estos movimientos estratégicos buscan consolidar un equipo más alineado con sus directrices en la fase final de su mandato.

La familia de Valeria Afanador, la niña que falleció en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, ha emitido un comunicado para responder a las recientes afirmaciones del abogado defensor de la institución, Francisco Bernate. En sus declaraciones, el abogado se refirió a una supuesta «millonaria póliza» que indemnizaría a la familia.

En el comunicado, los padres de Valeria, visiblemente afectados, expresan su rechazo categórico a estas afirmaciones. «La muerte de nuestra hija ha sido una pérdida devastadora», afirman. «Valeria no era una cifra, ni una suma de dinero: era una niña llena de vida, sueños, ternura y amor». Enfatizan que ninguna póliza, sin importar su valor, puede compensar su dolor o llenar el vacío que ha dejado.

La familia considera que estas declaraciones son «profundamente insensibles, hirientes y malintencionadas». Acusan a la defensa de desviar la atención de lo que realmente importa: la verdad, la justicia y las garantías de no repetición. Asimismo, señalan que estas afirmaciones pretenden reducir la tragedia a una cuestión económica, como si ese fuera su único interés.

Los padres de Valeria recalcan que su lucha es por la memoria de su hija, por su dignidad y para evitar que otra familia sufra una pérdida similar. Finalmente, agradecen el apoyo recibido y confían en que la verdad prevalecerá.

Así lo afirmó la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, quien destacó que las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) hacen parte de una política agropecuaria de protección de los suelos y de la actividad campesina para garantizar la seguridad y la sostenibilidad alimentaria.

“Estamos entrando en una época preelectoral, claramente las tensiones políticas empiezan a agudizarse; estamos haciendo este ejercicio porque no queremos que una tarea tan importante como proteger los suelos agrícolas se convierta en un ejercicio de campaña”, dijo la ministra en declaración a medios.

En el mismo sentido, la titular del agro enfatizó: “Aquí se ha dicho que la intención del ministerio de Agricultura es expropiar, y de manera muy clara lo hemos dicho: nada más falso. Estas áreas de especial protección para la producción de alimentos no mutan, condicionan o transforman la propiedad”.

“Lo que estamos haciendo acá es insistir en la necesidad que tenemos de proteger los suelos con unas normas que nos anteceden y que no son de este Gobierno”, recalcó.

Asimismo, descartó que la política del Gobierno sobre las APPA tenga alguna relación con un plan de redistribución de la tierra.

“Lo segundo que se ha dicho es que esto está relacionado con la redistribución de la tierra. Nuestra política de redistribución no son las áreas de especial protección para la producción de alimentos. Para la redistribución de la tierra el Gobierno nacional desarrolla la política más ambiciosa de adquisición y redistribución de tierras, al alimentar el Fondo Nacional de Tierras y con la adjudicación definitiva”, sostuvo la ministra.

Se han declarado dos APPA

Sobre los avances del Gobierno en la constitución de las APPA en el territorio nacional, la ministra resaltó que se han declarado dos áreas especiales en el sur de La Guajira y en Sopó (Cundinamarca), sobre las cuales explicó su potencial.

“Hoy tenemos dos áreas declaradas: el sur de La Guajira, un área muy importante para la producción de alimentos, recuperación de los sistemas agroalimentarios en una zona de hambre; y Nemocón, 1.900 hectáreas en la Sabana de Bogotá, en los suelos más aptos que tenemos en Cundinamarca”, indicó.

“En este momento trabajamos en Casanare, en Cauca, en Putumayo, en Tolima, en Antioquia, en Cundinamarca, y trabajamos en la identificación de esas zonas que van a ser declaradas como áreas de especial protección para la producción de alimentos”, afirmó Carvajalino.

Sobre las zonas APPA ya constituidas, explicó que la del sur de La Guajira es un área muy importante para la producción de alimentos y la recuperación de los sistemas agroalimentarios, en una zona con indicadores de hambre.

“Ya declaramos a Sopó. Son 1.900 hectáreas que nos permiten avanzar en la protección de nuestros productores y productoras en La Sabana de Bogotá, en los suelos más aptos que tenemos en Cundinamarca”, añadió.

Además, manifestó que las APPA no tienen ninguna relación con suelos aptos para la minería ni interviene en esa área económica.

“Donde hay actividad minera no hay suelo agropecuario. ¿Por qué? Porque se ha sustraído el suelo agropecuario. Si usted tiene extracción de carbón, material de grava o material de arcilla, usted ya no tiene suelo”, señaló.