Mes: octubre 2025

• Se han realizado inscripciones virtuales y presenciales en municipios, corregimientos y veredas para vincular a todos los adultos mayores en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad.
• Los beneficiarios de esta renta básica solidaria o bono pensional empezarán a recibir este año 230.000 pesos mensuales.
• El director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, informó que en todo el territorio nacional ya se han inscrito más de un millón de personas.

La gerente regional de Prosperidad Social en Córdoba, Dalila Tamayo, ha liderado jornadas masivas de inscripción de personas mayores a la renta básica solidaria del Pilar Solidario, en Canalete, Buena Vista, Cereté, Chimá, Chinú, Ciénaga de Oro, Cotorra, La Apartada, Lorica, Los Córdobas, Momil, Montelíbano, Montería, Moñitos, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Escondido, Puerto Libertador, Purísima, Sahagún, San Andrés de Sotavento, San Antero, San Bernardo del Viento, San Carlos, San José de Ure, San Pelayo, Tierralta, Tuchín y Valencia. En esta región, la entidad ha logrado inscribir de manera virtual y presencial a más de 60.000 potenciales beneficiarios.

Sumada a estas jornadas, la gerencia regional trabajó de manera articulada con los líderes de las Juntas de Acción Comunal para socializar el programa en los diferentes corregimientos y barrios. Gracias a esta coordinación, la entidad se desplazó a corregimientos como Buenos Aires y La Manta, y a los barrios Rancho Grande, El Níspero, El Dorado, Mocarí, Garzones y Jaraquiel, entre otros del sur de Montería. Este trabajo conjunto permitió optimizar la cobertura y fortalecer la atención y participación comunitaria.

“Lo más importante es devolver la dignidad a nuestros adultos mayores. Con la renta básica solidaria, buscamos reconocer el trabajo de quienes toda la vida aportaron al país y hoy no cuentan con pensión. Por eso, nuestro equipo recorre puerta a puerta veredas, corregimientos, barrios y zonas apartadas, identificando e inscribiendo a quienes viven en pobreza o vulnerabilidad. Las jornadas han sido extensas, pero los resultados hablan por sí mismos: superamos nuestra meta inicial de 32.073 inscritos, llegando a más de 60.693 potenciales beneficiarios en el departamento”, señaló Tamayo.

En las cuatro semanas que lleva desarrollándose la campaña, Prosperidad Social ha logrado inscribir a más de un millón de potenciales beneficiarios en todo el país. Esto reafirma el compromiso del Gobierno Nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, con la dignidad y el bienestar de las personas mayores que no cuentan con una pensión, destacando el esfuerzo interinstitucional para avanzar en la implementación del Pilar Solidario de la Reforma Pensional.

Próximas jornadas de inscripción
Fecha: viernes 17 de octubre.
Lugar: diag. 14 con 4 vientos, barrio La Granja.
Horario: 2:30 p. m.

Renta básica solidaria

Con la renta básica solidaria se entregarán 230.000 pesos mensuales, que con el Pilar Solidario se otorgará a más de 3 millones de personas mayores en condición de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad que cumplan con los siguientes requisitos:

• Personas mayores sin pensión.
• Hombres a partir de los 65 años y mujeres desde los 60 años.
• Hombres desde los 55 años y mujeres desde los 50 con pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 %, que no tengan pensión.
• Campesinos.
• Indígenas, raizales, negros, afrocolombianos y rom.
• Cuidadores de personas con discapacidad que no cuenten con ingresos.

Inscripción en un solo paso

Virtual: ingresar a la página web de Prosperidad Social y completar el formulario: https://rit.prosperidadsocial.gov.co/?id=433.

Presencial: dirigirse a la oficina de la gerencia regional de Prosperidad Social en su departamento, a las ferias de servicios o a las brigadas móviles de la entidad, con su documento de identidad.

Estos procesos, administrados por Prosperidad Social, que custodia la información a través del Sistema de Información de Colombia Mayor, son gratuitos y no requieren ningún tipo de intermediación.

Una vez recopilada la información, se realizará la verificación y validación de los datos y posteriormente se comunicarán los resultados y los pasos a seguir.

Para quienes ya hacen parte del programa Colombia Mayor o se encuentran en lista de espera, no es necesario realizar estos procesos.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) determinó que cinco clubes de fútbol profesional (Deportivo Boyacá, Chicó Fútbol Club, Unión Magdalena, Asociación Deportivo Pasto, Envigado Fútbol Club y Club Deportivo Atlético Fútbol), así como la División Mayor de Fútbol Colombiano (Dimayor), concibieron un sistema que limitó la libre competencia económica.

La decisión tiene recurso de reposición, que se puede presentar durante los diez días hábiles posteriores a haber ​recibido la notificación.

Tres patrones de conducta

La SIC pudo establecer que con este sistema los investigados lograron desincentivar la movilidad de jugadores entre clubes, mediante tres patrones de conducta.

El primer patrón se basaba en el envío de una serie de comunicaciones entre los clubes, con conocimiento de la Dimayor, en las que se daba a conocer la situación laboral de jugadores específicos.

En dichas comunicaciones se informaba, entre otros temas, la vigencia de los contratos de jugadores, los casos en los que algunos de ellos habían tenido alguna supuesta falta disciplinaria o, incluso, los casos en los que se había solicitado la terminación de un contrato.

En un comunicado de prensa la SIC resaltó que “en un escenario de libre competencia, este tipo de información no debe ser compartida entre competidores –como es el caso de los clubes de fútbol– y mucho menos en escenarios donde se quiere lograr el mayor rendimiento de equipos deportivos, con la conformación de grupos integrados por la mejor combinación de jugadores”.

Como segundo patrón, la SIC indicó que en las comunicaciones los clubes manifestaron que acudían a un supuesto ‘pacto de caballeros’ o a un ‘llamado ético’ o incluso de ‘solidaridad de gremio’.

Para la Superintendencia, “este tipo de expresiones no buscaba hacer un llamado a un eventual cumplimiento específico de las normas que se esperan de un buen empresario, sino precisamente a que los equipos destinatarios de las comunicaciones –que podrían tener interés en los jugadores– no tuvieran incentivos suficientes para negociar y contratar a los futbolistas señalados”.

“Esto por cuanto los implicados estarían incumpliendo ese ‘pacto de caballeros’, aun cuando la eventual negociación y contratación del jugador en cuestión no violara la regulación específica del sector”, explicó la Superintendencia.

Respecto al tercer patrón, la SIC resaltó que la participación de la Dimayor fue fundamental en este sistema.

“Como una organización que agremia a los clubes de fútbol, su participación en este tipo de mensajes era la forma en que los clubes buscaban una legitimación de las acciones que estaban llevando a cabo”, señaló.

Agregó que “la remisión por parte de la Dimayor de algunas comunicaciones, con el conocimiento de que estas podían tener un impacto en la libre competencia, puso en evidencia el apoyo de esta agremiación a la conducta de los clubes”.

Debido a lo anterior, se concluyó que el envío de las comunicaciones entre los clubes profesionales de fútbol colombiano configuró un desincentivo a la movilidad, negociación y contratación de jugadores de fútbol profesional masculino.

Para la Superintendencia, es claro que en las relaciones laborales y en las negociaciones de derechos deportivos se pueden presentar controversias entre las partes.

Sin embargo –advirtió la SIC–, “en el caso del mercado de transferencia de derechos deportivos y en las negociaciones laborales entre jugadores y los clubes deportivos profesionales, existe una reglamentación establecida que permite resolver las discrepancias que se puedan generar”.

Por tal motivo, “la existencia de estas comunicaciones fue prueba de la materialización de la intención anticompetitiva que llevó a la limitación de la movilidad laboral de los jugadores”, dijo la Superintendencia.

Protección de la libre competencia

Para la SIC, la protección de la libre competencia en este tipo de mercados se traduce en la posibilidad de que se lleven a cabo negociaciones y eventuales contrataciones de jugadores, de acuerdo con la regulación aplicable.

“Con esto se busca no solo respetar las reglas del libre mercado, sino garantizar la dignidad de los jugadores, el ejercicio efectivo de sus derechos y la posibilidad de acceder a mejores salarios, progresar profesionalmente en equipos más competitivos y desplegar sus proyectos de carrera sin trabas ilegítimas”, expuso la entidad.

“Asimismo, que este dinamismo se pueda ver reflejado en la posibilidad de que los clubes puedan conformar equipos más competitivos, no solo en términos económicos o de mercado, sino desde la perspectiva de la disciplina deportiva”, puntualizó la entidad en el comunicado de prensa.

La comunidad educativa del corregimiento José Manuel de Altamira está de luto tras el repentino fallecimiento del profesor Carlos Mejía el pasado miércoles 15 de octubre. El lamentable suceso ocurrió mientras el docente ejercía su labor en la Institución Educativa José Manuel de Altamira.

En horas de la tarde, el profesor Mejía sufrió una descompensación mientras impartía su clase. Colegas y estudiantes reaccionaron rápidamente, brindándole auxilio y trasladándolo inicialmente al hospital San José. Sin embargo, su estado de salud requirió que fuera remitido al hospital San Vicente de Paúl, en el vecino municipio de Lorica, donde lamentablemente se confirmó su deceso.

El profesor Mejía era muy apreciado y reconocido en la comunidad por su vocación, entrega y profundo compromiso con la formación de los jóvenes. Su partida ha generado una profunda tristeza, con una ola de mensajes de afecto de docentes, alumnos y habitantes del corregimiento, quienes destacan el impacto positivo y el legado que dejó en la institución.

Cumpliendo los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional con la población del Catatumbo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, a través de su Escuela Intercultural Geografía para la Vida, desarrolló un nuevo nodo de formación en esta región prioritaria del país.

En total, 45 personas fueron certificadas como promotoras y promotores comunitarios, auxiliares de campo y reconocedores prediales, fortaleciendo así sus capacidades técnicas para participar activamente en los procesos del Catastro Multipropósito en esta región.

Durante el desarrollo de los módulos de formación, las y los asistentes conocieron de cerca la misionalidad del IGAC, qué es y para qué sirve el Catastro Multipropósito, los beneficios que tiene para desarrollar la Reforma Rural Integral y la misionalidad de la Escuela Intercultural Geografía para la Vida.

De las personas certificadas, 23 son mujeres y 22 hombres, provenientes de los municipios de Convención, El Carmen, Hacarí, San Calixto y Sardinata, todos pertenecientes a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET.

Este espacio formativo contó con la participación de organizaciones sociales como ASOMUNICIPIOS y la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), reafirmando el compromiso de las comunidades con el fortalecimiento de la gestión territorial.

“La Escuela ha sido una experiencia muy valiosa que nos ha permitido entender la importancia del Catastro Multipropósito en nuestros territorios. Creo que aplicar lo aprendido desde el conocimiento técnico y la realidad local, nos ayuda a organizar, informar y planificar de mejor manera el territorio en conjunto con la comunidad”, manifestó Lina Guerrero, participante de la Escuela y miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo – ASCAMCAT.

El Catatumbo ha sido históricamente un territorio golpeado por la violencia y el conflicto armado, lo que ha representado grandes desafíos para su desarrollo. Por ello, fortalecer las capacidades locales y promover herramientas como el Catastro Multipropósito resulta fundamental para avanzar en la planeación territorial y la construcción de paz desde los territorios.

Con la puesta en marcha de la Escuela Intercultural en el Catatumbo, el IGAC continúa avanzando en la consolidación de un Catastro Multipropósito incluyente, participativo y con enfoque territorial, que reconoce los saberes locales y promueve la construcción de paz en las diferentes regiones del país.

En una iniciativa para erradicar el ‘cobra diario’ en la capital cordobesa, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, y la plataforma de microcréditos, Monet, sellaron una alianza para habilitar nuevas alternativas de crédito de bajo monto que van dirigidas a toda la ciudadanía, emprendedores y microempresarios del sector formal e informal.

“Seguimos abriendo puertas para que los monterianos, emprendedores y microempresarios crezcan sin tener que recurrir a mecanismos ilegales. Queremos que el esfuerzo, el talento y las ganas de salir adelante encuentren respaldo y oportunidades reales.

Este convenio con Monet demuestra que cuando el sector público y el privado se unen, podemos ofrecer soluciones que transforman vidas y fortalecen nuestra economía popular”, expresó el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García.

De acuerdo con el reporte de Superintendencia Financiera de Colombia, en el departamento de Córdoba, solo el 20,3% de la población adulta accede a crédito formal, frente al promedio nacional del 35,3%; y en Montería, el 55% de los hogares de estratos 1 y 2 no tienen acceso a crédito formal, según el último estudio sobre el acceso al crédito en la región.

En este mismo sentido, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), confirma que, aunque el sistema financiero se ha venido transformando con la aparición en el sector de nuevas empresas de crédito, alrededor del 65% de los colombianos todavía no puede acceder a un préstamo formal, lo que es fundamental para mejorar las condiciones de vida de los hogares y promover el crecimiento económico.

“Nos unimos a la Alcaldía de Montería en el apoyo a los emprendedores, microempresarios y ciudadanos para ofrecer crédito ágil y sin necesidad de historial crediticio o garantías tradicionales, facilitando acceso rápido y confiable”, comenta María Camila Fajardo, directora de inclusión financiera de Monet.

La Alcaldía de Montería, liderada por el Kerguelén García, viene impulsando la inclusión financiera y fortalecimiento de la economía popular a través de sus iniciativas con la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, la Gerencia de Emprendimiento y Competitividad, el Convenio con Banco Agrario para ofrecer tasa de interés compensada a pequeños productores, las asesorías y programas técnicos para zonas urbanas y rurales, y la alianza con Fondo Emprender del SENA para convocatorias exclusivas para emprendedores locales.

Con esta estrategia se busca fortalecer las alternativas de financiación a pequeños comerciantes y emprendedores para que tengan capital de trabajo y combatir el ‘cobra diario’, como ese fenómeno que ataca directamente a las familias. La falta de garantías y requisitos complicados los obliga a recurrir a préstamos ilegales.

Los préstamos, dirigidos a personas mayores de edad con ingresos mínimos de $1.000.000 y que tengan cuenta bancaria, Nequi o DaviPlata, pueden ser destinados a cubrir otras deudas, pagar servicios públicos o adquirir insumos para sus negocios. Los créditos son otorgados con un plazo de 30 días y están disponibles también para personas reportadas en centrales de riesgo.

Para acceder a un crédito, las personas interesadas solo deben ingresar a la página https://alianzamonet.monteria.gov.co/ o escribir a la línea de whatsapp +573233227471 con la palabra “créditos monteria” donde podrán realizar todo el proceso desde registro hasta seleccionar el crédito que mejor se adapte a sus necesidades en plazo y monto.
Este tipo de propuestas ya vienen expandiéndose por todo el país.

En 2024, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá y Monet también se unieron con el propósito de impulsar el crecimiento sostenible de los negocios de microempresarios.

Hasta el día de hoy han logrado que más de 20.000 emprendedores accedan a créditos.

La Fintech colombiana apoya a emprendedores y microempresarios del sector formal e informal, ofreciendo créditos entre $50.000 y $500.000 sin intereses. Según estudios económicos, la inclusión financiera fomenta el emprendimiento, activa la economía local y combate la pobreza. Alcaldía de Montería

Camila Benítez Hernández, Carolina Mercado Páez, acompañadas de los docentes Ana Carolina Sánchez (blusa verde), Orlando Alarcón y Karina Rodríguez (extremo derecho).

Con memorial escrito y audiencias orales, Camila Benítez Hernández y Carolina Mercado Páez, ambas con sólo 18 años de edad y en cuarto semestre de Derecho, en la Universidad de Córdoba, ganaron la séptima edición del Concurso Iberoamericano de Derecho Internacional Humanitario, realizado por la Universidad de La Sabana y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Las jóvenes monterianas compitieron con equipos de estudiantes de 26 universidades del país y el mundo, que completaron 216 memoriales, defendiendo un caso hipotético de violación del Derecho Internacional Humanitario ante siete jurados expertos; cuyo presidente de la sala fue el también presidente de la Jurisdicción Especial para la PAZ (JEP), Dr. Alejandro Ramelli, evento que tuvo lugar del 6 al 10 de octubre de 2025 en el campus del Puente del Común, Kilómetro 7, autopista Norte, en Chía, Cundinamarca.
Camila y Carolina lograron despojar del primer lugar a la Universidad Autónoma de México, que también fue finalista este año, después de haber ganado dos veces consecutivas durante 2023 y 2024; lo que valida aún más la rigurosidad de un ejercicio que ayuda a preparar a los abogados que tendrá Colombia y el mundo en el mediano plazo.

Para la participación en este concurso las unicordobesas contaron con el acompañamiento de las profesoras Ana Carolina Sánchez Sánchez y Karina Rodríguez Arango, del programa de Derecho de esta institución, con quienes trabajaron sobre la propuesta, incluso en temporada de vacaciones, para dejar en alto el nombre de la Universidad de Córdoba.

“Me siento muy agradecida, pero debo destacar que ha sido un trabajo en equipo, mancomunado, es una promesa cumplida de Dios en medio de horas de trabajo intenso, leyendo muchos documentos para saber cómo aterrizábamos nuestra postura como abogadas en formación; nos reunimos periódicamente para la preparación de la oralidad y las audiencias, lo que nos permitió defendernos frente a jueces muy preparados en cuanto al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Internacional en general”, explica Camila Benítez Hernández.

Por su parte Carolina Mercado Páez, la otra ganadora, y quien quedó en el grupo de las cuatro mejores oradoras, sostiene que el reto exige un nivel académico y de conocimiento al que debieron responder frente a los jueces, además de destacar el esfuerzo como equipo desde el inicio del proceso.

“Todavía nos faltan seis semestres, pero esperamos seguir destacándonos en nuestro desempeño académico, terminar la carrera universitaria y llenar todas las expectativas que tenemos en el futuro profesional, tanto en el tema académico como en lo laboral; esperamos que este logro sea un presagio de lo que nos depara el futuro”, sostiene Carolina.

Las jóvenes además tienen cupo asegurado con beca del 50 % para estudio de maestría en Derecho Internacional en la Universidad de La Sabana, una vez terminen su carrera en Unicórdoba, además de una beca del cien por ciento para un curso en Derecho Internacional Humanitario, con el Instituto Internacional de Derecho Humanitario, de San Remo, Italia.

La docente Karina Rodríguez Arango explica que el Concurso Iberoamericano de Derecho Internacional Humanitario inició en el 2019, y se trata de un ejercicio integral que combina varios enfoques que contribuyen al enriquecimiento de los jóvenes en temas de DIH.
“Consiste en la elaboración de un caso hipotético que plantea la Universidad de La Sabana en conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja, se asignan roles e inicia la aventura y análisis intenso de los problemas jurídicos, se plantean argumentos jurídicos, visiones y análisis de la vida real que nos permite concentrarnos en torno a lo que sucede con relación a los conflictos armados”, explica la docente Rodríguez Arango.

Por su parte la profesora Ana Carolina Sánchez Sánchez, destaca el acompañamiento de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas, especialmente de la jefatura del programa en cabeza del profesor Orlando Alarcón.

“Vimos en Camila y en Carolina el potencial para simular el caso en una intervención muy corta; es un concurso que requiere de estudiantes que estén muy comprometidos con estos temas; hay que prepararse al menos durante cinco meses, tiempo en el que es necesario leer, investigar y escribir. La invitación es para que todos los estudiantes se motiven, pero desde el compromiso de un trabajo serio y riguroso”, precisa la profesora Sánchez.

El jefe del programa de Derecho de Unicórdoba, profesor Orlando Alarcón, sostiene que queda el reto interno de Camila, Carolina y sus docentes asesoras para defender ese primer lugar en el 2026, al tiempo de precisar que “este logro se convierte en un estímulo para que se valore de manera significativa el área del Derecho Público y el Derecho Internacional Humanitario, que es uno de los rasgos distintivos nuestros, en Unicórdoba”.