Mes: octubre 2025

El Congreso de la República inició el debate formal del proyecto de ley que decreta el Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia fiscal de 2026, un documento que definirá la hoja de ruta económica del país en medio de proyecciones de crecimiento moderado y ajustes fiscales.

El monto total del presupuesto quedó establecido en $547 billones tras su aprobación en primer debate, lo que supuso una reducción de aproximadamente $10 billones con respecto a la propuesta inicial del Gobierno. Según el Ministerio de Hacienda, el PGN 2026 asciende a cerca del 28.9% del Producto Interno Bruto (PIB).

Durante la sesión, la senadora Aída Avella (Pacto Histórico) expuso las proyecciones macroeconómicas que soportan el presupuesto:

Crecimiento del PIB: Se espera que el PIB colombiano crezca un 2.7% en 2025 y ascienda a un 3% en 2026.
Importaciones: La proyección en el rubro de importaciones indica un aumento, pasando de $63.544 millones de dólares en 2025 a $65.877 millones de dólares en 2026.

*Ajuste Fiscal y Austeridad*

La reducción de $10 billones en el presupuesto se orientó a la «austeridad y a la priorización del gasto». Este ajuste se complementa con la Ley de Financiamiento (o reforma tributaria), cuya meta de recaudo inicial, necesaria para financiar el PGN, fue reducida de $26 billones a aproximadamente $16 billones tras las discusiones previas en las comisiones económicas conjuntas.

El Congreso debe aprobar el presupuesto antes del 20 de octubre de 2025 para evitar que el Gobierno lo expida por decreto.

Por su posible participación en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio, en el occidente de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra Katerine Andrea Martínez Martínez.

La mujer, de 19 años, presuntamente recogió en la localidad de Suba una pistola tipo Glock que había sido modificada para aumentar su letalidad. Posteriormente, se trasladó al barrio Modelia, se reunió con otros señalados implicados en el crimen y, a bordo de un vehículo, le entregó el arma de fuego a Elder José Arteaga, alias Pichi, quien a su vez se la dio al adolescente que finalmente disparó contra la víctima.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios obtenidos por un equipo de fiscales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, Martínez Martínez, desde enero de 2025, se habría vinculado a un grupo delincuencial dedicado a diferentes actividades ilícitas como venta de estupefacientes al menudeo y homicidios selectivos.

En ese sentido, y en atención a las evidencias obtenidas en su contra, deberá responder en juicio oral como posible responsable de los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y concierto para delinquir, todas las conductas agravadas.

La hoy procesada fue capturada el pasado 14 de junio en un procedimiento realizado por unidades de la Policía Nacional en vía pública de Florencia (Caquetá). En su momento, fue judicializada y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.

Por motivos de transparencia y seguridad en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud del próximo 19 de octubre, se suspenden los servicios de registro civil e identificación en todas las sedes del país a partir del miércoles 15 de octubre a las 12:00 m.
Adicionalmente, la entrega de documentos de identidad estará habilitada únicamente hasta las 3:00 p. m. del viernes 17 de octubre y se reanudará hasta el 21 de octubre a las 8:00 a. m., en el horario habitual.

La Registraduría Nacional del Estado Civil invita a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, a consultar el estado de sus documentos y acercarse a las distintas sedes de la entidad para reclamarlos. Actualmente, 585.771 documentos de identidad se encuentran pendientes por ser entregados en todo el país.
Es fundamental que los ciudadanos cuenten con su documento de identidad para poder ejercer su derecho al voto en estas elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud el próximo domingo, 19 de octubre

La precandidata presidencial Carolina Corcho ratificó su «firme» participación en la consulta interna del Pacto Histórico del 26 de octubre, a pesar del retiro de Daniel Quintero Calle y la crisis jurídica con el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Corcho exigió a la autoridad electoral «reimprimir el tarjetón con la claridad» de que la consulta elige una candidatura que avanzará a una segunda consulta en marzo. Este reclamo surge tras la decisión del CNE de negar al Pacto Histórico el uso de su logo, convirtiéndola en una consulta interpartidista.

La exministra de Salud demandó la debida custodia de los tarjetones y la igualdad de garantías para inscribir testigos electorales. Además, hizo un llamado a todos los precandidatos al Congreso del Pacto Histórico para que se pronuncien ante el Registrador Penagos y logren la corrección del tarjetón, defendiendo la consigna de «NI UN PASO ATRAS» en el proceso.

El pronunciamiento de Corcho se da en un momento de tensión, luego de que Daniel Quintero anunciara su retiro, acusando al CNE de «matar la consulta» para evitar que el movimiento participe en un futuro «frente amplio», una postura respaldada por el presidente Gustavo Petro, quien calificó la decisión del CNE como un «golpe antidemocrático».

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá anunció que la lectura del fallo de segunda instancia en el caso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez será el próximo martes 21 de octubre de 2025, a las 8:00 a.m. El comunicado oficial del Tribunal marca una fecha crucial para el futuro político y judicial del exmandatario.

Uribe Vélez fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria en agosto de 2025 por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

La Sala Penal del Tribunal Superior puede ahora confirmar, modificar o revocar dicha condena, respondiendo así a la apelación de la defensa en este proceso que se originó por la presunta manipulación de testigos. Tras este fallo, la parte inconforme podrá recurrir al recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

Un nuevo fallo judicial ratifica el control sobre una de las figuras clave del mayor escándalo de corrupción del actual Gobierno. El Juzgado 48 de Control de Garantías dejó en firme la medida de aseguramiento privativa de la libertad contra la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz Nova, por su presunta participación en el millonario desfalco de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Ortiz, quien fue imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, es señalada por la Fiscalía y los testimonios de exdirectivos como Olmedo López y Sneyder Pinilla, de haber actuado como «mensajera» o «enlace». Su rol habría sido crucial para facilitar la entrega de al menos 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name, a cambio de apoyo para la aprobación de reformas clave del Ejecutivo en el Congreso.

Desde que se dictó la medida inicial en diciembre de 2024, la exfuncionaria permanece detenida inicialmente en una guarnición militar por razones de seguridad como la primera mujer judicializada en este entramado que también tiene en juicio a altos excongresistas. Pese a la apelación de su defensa, el juzgado determinó que existen suficientes elementos probatorios que soportan la necesidad de la detención preventiva en establecimiento carcelario.

El escándalo de la UNGRD salió a la luz pública por las irregularidades en la compra de carrotanques destinados a llevar agua a La Guajira y ha revelado un presunto esquema de sobornos a congresistas con recursos públicos. La decisión de mantener a Ortiz en prisión subraya la seriedad con la que la justicia aborda este caso de corrupción.

A través del Fondo Emprender se financiarán proyectos en los sectores agropecuario y agroindustrial de personas en proceso de reincorporación, para fortalecer la economía rural, el arraigo a la tierra y el camino a la vida civil de firmantes de paz.

​La convocatoria está bajo la responsabilidad de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y se abrió este martes 14 de octubre, hasta el 30 de noviembre.

Con un aporte superior a los 5.600 millones de pesos, de los cuales 3.000 millones serán aportados por la ARN, el Fondo Emprender impulsará el desarrollo económico, social y ambiental en territorios de la reincorporación, así como el emprendimiento rural y la sostenibilidad de hasta 110 proyectos o iniciativas productivas.

“Esta convocatoria busca fortalecer el programa de reincorporación integral, con la sostenibilidad económica. Es un factor central del arraigo a la vida civil, que permite que las personas que alguna vez estuvieron en las armas, hoy se sostengan en la vida civil, con el compromiso de construir paz para este país», indicó la directora general de la ARN, Alejandra Miller.

Para el director general del SENA, Jorge Eduardo Londoño, la firma de este convenio es muy importante para el país.

“Cuando la directora de la ARN manifiesta que el 85% de los firmantes se sostienen en la reincorporación es muy alentador, porque para nosotros aportar a este proceso, se constituye en un motivo de alegría y una expresión de compromiso, de saber que estas 110 iniciativas van a tener la posibilidad de crecer».

La convocatoria está dirigida a personas en proceso de reincorporación que se identifiquen como campesinas o campesinos, que presenten iniciativas individuales en los sectores agropecuario (agricultura, ganadería, pesca, silvicultura o caza) o agroindustria (procesamiento mínimo de alimentos o bebidas artesanales) y que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Se aceptarán proyectos nuevos e iniciativas que ya estén funcionado. Los proyectos nuevos deben presentarse solo si no hay un registro anterior abierto en el sistema del Fondo Emprender, para brindar una segunda oportunidad a quienes ya han participado, pero no han sido seleccionados. Cada proyecto recibirá hasta 50,9 millones de pesos, siempre que genere al menos un empleo formal.

​El proceso de selección es gratuito
Los emprendedores contarán con el apoyo de orientadores y profesionales del SENA y la ARN durante todo el proceso: desde la formulación hasta la postulación. Los recursos financieros serán operados por las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) y asignados por el Fondo Emprender del SENA.

El proceso de registro es gratuito y se puede realizar con el siguiente paso a paso:

1. Registro en la página web www.fondoemprender.com para acceder a la Ruta Emprendedora.

2. Orientación por parte del SENA sobre términos, condiciones y requisitos.

3. Ideación y validación del proyecto mediante entrenamientos intensivos en los Centros de Desarrollo Empresarial del SENA.

4. Formulación del proyecto con acompañamiento técnico del SENA.

5. Postulación formal a través de la plataforma del Fondo Emprender.

6. Evaluación y publicación de resultados según cronograma oficial.

Los interesados pueden consultar los detalles, términos de referencia y fechas clave en el portal: www.fondoemprender.com y también pueden acercarse al Centro de Desarrollo Empresarial del SENA más cercano en todo el país.

El municipio de Sahagún ha experimentado un crecimiento histórico en su Programa de Alimentación Escolar (PAE) gracias a una asignación presupuestal adicional del Gobierno Nacional. La cobertura del PAE se duplicó, pasando del 22,16% (3.883 estudiantes) al 50,3% (8.819 estudiantes) de la matrícula en instituciones oficiales.

Este avance significa que, actualmente, uno de cada dos estudiantes sahagunenses es beneficiario del programa, recibiendo una combinación de raciones industrializadas y preparadas en sitio.

Xeina Martínez, secretaria de Educación de Sahagún, agradeció al Gobierno y al Ministerio de Educación, destacando la ampliación de la modalidad de entrega: «Antes únicamente entregábamos almuerzos; ahora hemos ampliado a complementos». La funcionaria resaltó que la cobertura alcanzó el 100% en preescolar de la zona urbana, y el 100% en preescolar y básica primaria de la zona rural.

Por su parte, Sebastián Rivera Ariza, director de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), reconoció que Sahagún era un municipio de especial preocupación, pues solo atendía al 23% de sus niños.

Rivera Ariza confirmó que la decisión de aumentar la cobertura al 50% se tomó con el ministro Daniel Rojas Medellín y anunció una garantía presupuestal para el próximo año: “Para el próximo año garantizamos $10.400 millones de pesos, que permitirán que estos más de 8.000 niños y niñas reciban el programa a partir del día uno del inicio de la jornada escolar”.

Con la ponencia de archivo presentada por el Senador Alirio Barrera, del Partido Centro Democrático, los senadores de la Comisión Séptima pusieron sobre la mesa diferentes argumentos para debatir la reforma de la salud, proyecto de ley impulsado por el Gobierno Nacional.

El senador ponente cuestionó la constante variación de cifras en los informes financieros presentados por el Gobierno Nacional. Dijo que “cualquier persona quiere que se construyan más hospitales y que haya mejoras en el sistema de salud, pero no se requiere una reforma para hacer todo eso”.

Otro aspecto resaltado por el Senador Barrera es que el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, “no ha dicho de dónde va a salir el dinero para la implementación de la reforma que propone el Gobierno Nacional”.

Esta -según el congresista del partido de oposición- es una de las principales razones para pedir el archivo la iniciativa.

En respuesta, el senador Wilson Arias, de la coalición Pacto Histórico, afirmó que desde una perspectiva presupuestal, el Ministro de Hacienda y Crédito Público ya ha respondido a las preguntas.

El legislador oficialista aseguró que el sistema de salud está a punto de colapsar, no hay cobertura y no hay calidad en el servicio, por lo tanto esta reforma es una necesidad.

Sin embargo, la senadora Nadia Blel, del Partido Conservador, mencionó que el Ministro de Hacienda y Crédito Público reconoció que el Ministerio de Salud había presentado informes con datos faltantes.

La congresista manifestó que, “como Partido Conservador, sabemos que hay que realizar mejoras al sistema de salud, pero no hay que desmantelar lo que ha venido funcionando”.

Finalizó su intervención diciendo que radicará una propuesta de suspensión de la discusión de la reforma a la salud hasta que haya claridades frente al Presupuesto General de la Nación, ya que el mismo ministro de Hacienda les indicó que “no podía dar cifras certeras y sostenibles hasta que el Congreso de la República no se pronunciara frente” a este proyecto de ley.

El senador Fabián Díaz, del Partido Alianza Verde, expresó que el no votar y el dilatar la discusión perjudica al país. Agregó que “se hicieron audiencias públicas, debates de control político, mesas técnicas y se escucharon diferentes conceptos, pero solo ha habido dilaciones y, ahora, proponen suspender la discusión”.