El Viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, anunció este martes el inicio de un proceso riguroso de recolección de información en relación con los hechos de violencia ocurridos el pasado 7 de octubre en Medellín, presuntamente protagonizados por agentes de seguridad vinculados a la Alcaldía.
Desde el Gobierno nacional, y en articulación con el Ministerio Público, organismos de control y vigilancia internacional, se están recibiendo testimonios de las personas afectadas, no solo por los acontecimientos del 7 de octubre, sino también por hechos similares ocurridos días anteriores, especialmente en operativos de recuperación del espacio público que habrían resultado en agresiones a vendedores informales.
“Estamos en Medellín para dialogar con las víctimas, con la institucionalidad, con la Policía Metropolitana, y esperamos contar con la presencia del señor alcalde o del secretario de Seguridad para esclarecer hechos que, a todas luces, son inaceptables en un Estado de Derecho”, afirmó el Viceministro Rondón.
El funcionario fue enfático en rechazar cualquier intento de ejercer funciones propias de la Fuerza Pública por parte de actores privados o contratistas de la administración local. “No podemos permitir que en un país democrático, personas de civil o contratistas asuman funciones policiales y, peor aún, ejerzan violencia contra la ciudadanía. Esto configura violencia institucional y podría constituir delitos de gravedad como el paramilitarismo”, señaló el viceministro.
Rondón también hizo un llamado a no estigmatizar la protesta social ni el pensamiento diverso, recordando las lecciones que dejaron los hechos del año 2021 y las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “La protesta social debe ser pacífica, pero bajo ninguna circunstancia puede justificarse la represión o el uso excesivo de la fuerza desde el poder público”, puntualizó.
Sobre los videos difundidos en redes sociales y medios de comunicación, donde se observa a contratistas golpeando a ciudadanos, el viceministro fue claro: “Nos preguntamos en qué parte del ordenamiento jurídico colombiano se autoriza a los gestores de convivencia a golpear a la ciudadanía. El uso de la fuerza debe ser exclusivo de los cuerpos legalmente constituidos, no de contratistas”.
En las instalaciones de la Policía metropolitana de Medellín, el Viceministro Gabriel Rondón, se reunió con el Inspector General de la Policía, el Brigadier General Hernán Meneses y el Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el Brigadier General William Castaño, donde se presentó la línea de tiempo de los hechos de violencia ocurridos en la marcha global en solidaridad con Palestina el pasado 7 de octubre.
“El Presidente siempre ha garantizado los derechos, esto incluye a la oposición; ningún acto de violencia es válido en el país y no vamos a irrespetar a la institucionalidad.
Quiero dejar claro que respetamos la Constitución y no venimos a usurpar las funciones de las autoridades locales; nuestra presencia hace parte de garantizar los derechos humanos de las personas”.
