Mes: octubre 2025

Recientemente se ha generado un debate en el ámbito laboral sobre las condiciones bajo las cuales una empresa en Colombia puede terminar el contrato de un trabajador que padece una enfermedad. Contrario a la creencia popular de la estabilidad laboral reforzada, la ley sí contempla escenarios donde el despido de un empleado enfermo es procedente, siempre y cuando se cumplan requisitos estrictos.

La norma que faculta esta acción es la que establece que las incapacidades que superan los 180 días (causadas por una enfermedad o accidente común) y que impiden la prestación del servicio por parte del empleado, se consideran una justa causa para la terminación del contrato de trabajo.

*Puntos clave que deben tener en cuenta empleados y empleadores:*

*Incapacidades de Larga Duración: La causal de despido se configura cuando la incapacidad por una enfermedad común excede el periodo de **180 días** y el empleado aún no puede retomar sus funciones.

*No es Despido Automático: Que se configure una justa causa no le da «vía libre» total a la empresa. Para poder desvincular al trabajador, el empleador está obligado a solicitar una autorización previa ante el Ministerio del Trabajo
.
*Fuero de Salud y Discriminación: La Corte Constitucional de Colombia ha sido clara al establecer que si el empleador tiene conocimiento de la condición de salud del trabajador (especialmente si esta le genera una debilidad manifiesta o limitación) y lo despide sin la autorización del Ministerio, se presume que el despido es discriminatorio e ineficaz.

Consecuencias de Despido Ilegal: Si el despido se realiza sin el aval del Ministerio y se demuestra que fue por motivos relacionados con la salud, el trabajador puede exigir la ineficacia del despido, el reintegro a su puesto (o a uno compatible con su condición) y una indemnización de 180 días de salario, de acuerdo con la Ley 361 de 1997.

En resumen, aunque la ley permite finalizar el contrato por incapacidad prolongada, el despido no es una decisión unilateral de la empresa, sino que está supeditada a la revisión y autorización de la autoridad laboral para garantizar que no se están vulnerando los derechos del trabajador.

La decisión se tomó en la sesión 118 del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), liderada por la ministra de Agricultura delegataria con funciones presidenciales, Martha Carvajalino.

Esta sesión marcó un hito histórico, pues aprobó cuatro proyectos de tierras que reflejan a nivel nacional e internacional los avances de la Reforma Agraria con las comunidades indígenas.

Al respecto la ministra resaltó que la Reforma Agraria está cumpliendo con el Acuerdo de Paz y a nivel global ha sido reconocida, felicitada y exaltada.

“Extendemos nuestro especial reconocimiento y agradecimiento a la Agencia Nacional de Tierras por su labor (…) El Gobierno de Gustavo Petro ha sido el que mayor reconocimiento ha logrado en términos de saneamiento, ampliación y constitución de resguardos de pueblos indígenas”, manifestó.

En la misma línea, la titular del agro colombiano destacó que la decisión tomada en el Consejo había sido solicitada hacía muchos años.

Al respecto, Felipe Harman, director de la ANT, subrayó que con el Gobierno del Cambio las comunidades indígenas ahora encuentran una institucionalidad que cumple la palabra.

“A las problemáticas territoriales nunca se les había prestado tanta atención como hoy lo hace este Gobierno. La convivencia y la paz están por encima de todo. El Estado debe cumplir y en eso estamos comprometidos. Los líderes asesinados por tierra no pueden quedar como una cifra más, estamos actuando”, señaló.

Los cuatro proyectos aprobados

A través de los cuatro proyectos fueron formalizadas 92 hectáreas y 8.287 metros cuadrados de tierra. Estos son los detalles de cada uno:

• Se actualizaron los linderos con efectos registrales de los predios LT Villa Amazónica, Santafé Villa Amazónica, El Naranjito Villa Amazónica. Además, se amplió, por primera vez, el Resguardo Indígena Inga de Blasiaku con tres predios de la comunidad, ubicados en el municipio de Villagarzón (Putumayo).

• Se constituyó el resguardo indígena de Yaramal, del pueblo Pastos, con tres predios privados de propiedad de la comunidad y un predio baldío con ocupación de la comunidad, ubicados en el municipio de Ipiales (Nariño).

• Se constituyó el resguardo indígena nasa Kiwe Zxicxkwe Tierra Linda, del pueblo nasa, sobre un predio de posesión ancestral y un predio de propiedad privada de la comunidad, ubicados en el municipio de Valle del Guamuez (Putumayo).

• Fue aprobado el proyecto de acuerdo “por medio del cual se califica la concurrencia de razones de apremio y urgencia para solicitar la entrega anticipada del predio denominado ‘Aguatibia No. 2’, ubicado en el municipio de Puracé (Cauca).

Este último punto es de suma importancia, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional, en el Auto 004 de 2009 (de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004), ordenó materializar medidas prioritarias para proteger los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, incluido el pueblo kokonuko, desplazado por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado y con una situación grave de exterminio físico y cultural.

En ese sentido, esta medida del Gobierno nacional es una salvaguarda para proteger la vida, el territorio y la cultura de este pueblo.

El Gobierno Nacional tomó la decisión oficial de revocar el reconocimiento de Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, como negociador de paz con el grupo disidente que él mismo fundó, la Segunda Marquetalia.

La determinación, formalizada a través de una resolución firmada por el presidente Gustavo Petro, se debe a la ausencia prolongada e injustificada de Márquez en las negociaciones, que se extiende desde noviembre de 2024.
La resolución presidencial argumenta que la vinculación de Márquez como líder de la Segunda Marquetalia, un grupo que se rearmó tras el Acuerdo de Paz de La Habana (2016), y su prolongada inasistencia a la mesa de diálogo, socavaron la confianza necesaria para mantenerlo como interlocutor oficial del Estado.

Como se recordará la mesa de negociación con la Segunda Marquetalia había sido instalada formalmente en Caracas, Venezuela, en junio de 2024, en el marco de la política de «Paz Total» del Gobierno Petro.

La salida de Márquez se produce en un contexto de turbulencias y reconfiguraciones internas en los grupos disidentes. Aunque Márquez fue la figura central en la instalación de la mesa, su ausencia desde finales de 2024 llevó al Gobierno a enfocarse en una facción desprendida del grupo que sí ha mantenido su disposición al diálogo.

Esta medida busca reencauzar la mesa de negociación, permitiendo que el Gobierno continúe el proceso con los miembros de la Segunda Marquetalia que sí están comprometidos y han participado activamente en los ciclos de conversaciones.