Un día gris y lluvioso, hace cuarenta años, se convirtió en una fecha que, al igual que el 9 de abril de 1948 para las generaciones anteriores, partió en dos la historia contemporánea de Colombia. El 6 de noviembre de 1985, la institucionalidad colombiana fue atacada en su corazón: el Palacio de Justicia.
Aquel miércoles, hacia las 11:40 de la mañana, un comando guerrillero del M-19, al mando de Andrés Almarales y Luis Otero, se tomó la sede de la justicia en la Plaza de Bolívar, desatando una tragedia que la historia recuerda como un intento por devastar la República y que dejó un centenar de colombianos abatidos o atrapados entre las cenizas.
El Terror Entre el Fuego y el Disparo
Las horas que siguieron fueron un baño trágico de horror. Los magistrados de la Corte Suprema vivieron sus últimas horas encerrados entre paredes levantadas por la amenaza y la angustia, según relató el expresidente del Consejo de Estado, Carlos Betancur Jaramillo.
La respuesta del Estado fue inmediata y contundente, con la decisión inamovible de no negociar, sino dialogar para que los asaltantes devolvieran el Palacio y se sometieran a la justicia penal ordinaria, como recordó el exministro de Gobierno, Jaime Castro. La guerrilla, por su parte, buscaba evitar ser juzgada por un consejo verbal de guerra.
Betancur Jaramillo describió la escena como un caos absoluto, con «guerrilleros, Policía y Ejército, enceguecidos y enfrentados, disparaban a todo lo que se moviera.» Él mismo vivió el terror en carne propia:
«En medio del incendio huí a rastras, cuando empezó a arder parte de mi alma: la justicia ya no estaba amenazada, estaba quemada, asesinada, su Palacio en llamas… Debo decir que a mí nadie me rescató: salimos con el tanque que ingresó destrozando el frente del edificio; o salíamos o moríamos.»
Las Consecuencias y la Memoria Amenazada
Cuarenta años después, las lecciones que deja esta reflexión siguen abiertas. El presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez Parra, recordó que la tragedia «intentó devastar la institucionalidad» y enfatizó el dolor de las víctimas y la forma «con la mayor frialdad» en que fueron asesinados los magistrados.
El Holocausto dejó huellas profundas, incluso en quienes intentaron hacer justicia. El exministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, relató el alto costo de su compromiso al investigar los hechos:
«Cuando fui a hacer el debate en 1986, mi partido Liberal no me apoyaba; me tocó emplearme a fondo. Fue la primera vez en mi vida que tuve escolta…»
Años más tarde, cuando un procurador delegado destituyó a oficiales implicados, Gómez Méndez enfrentó amenazas que provenían incluso de ACORE (organización de oficiales retirados), hasta el punto de que el director del DAS le aconsejó: «Procurador, mejor váyase.”
El Faro de la Comisión de la Verdad
Hoy, la lucha por la verdad integral se soporta en los hallazgos de la Comisión de la Verdad sobre el Palacio de Justicia (creada por la Corte Suprema) y la reciente Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
Ambos informes han sido cruciales para desvirtuar versiones oficiales y establecer que la tragedia fue un punto de convergencia de tres violencias: la insurgente del M-19, la respuesta estatal militar «desproporcionada» que vulneró derechos humanos, y la sombra del narcotráfico que, buscando destruir expedientes de extradición, operó financiando parte de la toma.
Recientemente, la investigación de la Comisión de la Verdad en colaboración con la agencia Forensic Architecture, concentrada en las «cajas negras de la desaparición forzada», ha usado tecnología para elevar los testimonios al «estándar probatorio», sincronizando secuencias y fijando en el tiempo y lugar preciso la ruta de los desaparecidos.
Hoy, el conversatorio «#40AñosDespués, bajo la consigna Justicia Y Memoria» , cierra recordando que las heridas aún siguen abiertas y la memoria histórica de este trágico episodio de la República debe permanecer viva.
