Esta mañana, desde Doha (Catar), las partes anunciaron una serie de compromisos para la construcción de paz con las comunidades en los territorios donde tiene presencia el grupo armado, como parte de lo establecido en el Espacio de Conversación Sociojurídico.
En Doha se reunieron los representantes de la delegación del Gobierno y del Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia –EGC), con el acompañamiento del grupo de países mediadores, integrado por Catar, España, Noruega y Suiza.
En el documento suscrito por las partes se establece la ampliación del área de implementación de acciones piloto. En septiembre se habían definido a Mutatá (Antioquia), Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó). Ahora se suman Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta (Córdoba), Cáceres, El Bagre, Nechí (Antioquia), El Carmen de Bolívar y San Jacinto (Bolívar).
Por otra parte, se determinó el seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos, que estará a cargo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA).
El documento señala que se impulsarán las gestiones “de apoyo financiero, técnico, académico y logístico necesarios, en los aspectos definidos en el ‘Protocolo para el seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos de paz en Doha'».
Uno de los aspectos más significativos del acuerdo alcanzado en Doha tiene que ver con la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), en Belén de Bajirá, Unguía (Chocó) y Tierralta (Córdoba). Se trata de una ubicación progresiva de combatiente del EGC a partir del próximo primero de marzo.
Para lograrlo, dice el documento firmado por las partes, se requiere expedir un acto administrativo, en el cual se constituyan las ZUT, la localización de los sitios rurales y el listado de miembros del EGC, que se irá complementando.
La ubicación de los miembros del EGC (o Clan del Golfo) implicará la “suspensión de la ejecución de las órdenes de captura, así como aquellas con fines de extradición».
El texto señala que “el Espacio de Conversación Sociojurídico respeta la autodenominación Ejército Gaitanista de Colombia (conforme a la Resolución Presidencial 294 del 5 de septiembre de 2025) e insta a las autoridades a utilizar esta denominación».
El documento fue suscrito por Álvaro Jiménez Millán, por el Gobierno; Luis Armando Pérez Castañeda, por el Estado Mayor Conjunto del EGC; así como por voceros no pertenecientes al EGC, el equipo técnico de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP), un observador Procuraduría General de la Nación, abogados no pertenecientes al EGC y observadores de la Fuerza Pública.
El espacio de conversación con el EGC se inició formalmente, luego de una amplia fase de acercamientos, el 18 de septiembre pasado en Doha, con la firma de la ‘Declaración de Doha’, en la que se establecen una serie de compromisos para el desescalamiento de las violencias en cinco municipios piloto.
Esas acciones comprenden la protección de niños niñas y adolescentes en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), además de la pedagogía para la sustitución de cultivos de uso ilícito, el fortalecimiento comunitario y la atención a la crisis migratoria, entre otros.
