Mes: diciembre 2025

El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha revelado su interés por postularse como alcalde de Barranquilla una vez finalice el Gobierno de Gustavo Petro. En una entrevista con la revista Semana, el jefe de la cartera afirmó que, de lanzarse, augura un resultado favorable debido a la fuerte afinidad de la ciudad con el proyecto político del presidente.

Benedetti sostiene que Barranquilla presenta una marcada división de clases frente al Gobierno: mientras que la población de los barrios populares y estratos bajos respalda mayoritariamente a Petro, los habitantes de los estratos altos le han manifestado un claro rechazo, citando como ejemplo el trato que recibe en clubes sociales o en el colegio de su hijo.

«Barranquilla es completamente petrista y si usted cada vez que va bajando el estrato es completamente petrista», aseguró el Ministro, recordando que el mandatario ganó ambas vueltas presidenciales en la capital del Atlántico en 2022.

El Ministro es consciente de que una aspiración política en su contra le generaría hostilidad, afirmando que «todos los enemigos se me mueven en la Corte, me atacan, me inventan cuentos». De hecho, la aspiración de Benedetti ocurre en medio de problemas jurídicos, incluyendo una investigación en la Corte Suprema de Justicia que llevó a un allanamiento en su residencia en Puerto Colombia en noviembre de 2025, un hecho que él mismo condenó públicamente.

A pesar de su ambición por el cargo, Benedetti confesó que, en teoría, su deseo es tener una vida tranquila sin mayores responsabilidades al finalizar el gobierno, un escenario que ve «lejos y tan imposible» por los problemas que tiene pendientes

El Gobierno nacional radicó hoy en el Congreso de la República el Proyecto de Ley “por medio del cual se penaliza de manera autónoma el tráfico, la fabricación, el desvío y el porte ilegal de fentanilo y sus análogos”, una iniciativa que incorpora un nuevo delito al Código Penal y refuerza la capacidad del Estado para anticiparse y enfrentar la expansión de esta sustancia en el país.

Durante la radicación, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que el proyecto responde a un enfoque preventivo y de control temprano frente al fenómeno del fentanilo: “Este es un proyecto de ley preventivo: buscamos impedir que los laboratorios de fentanilo que operan en otros países lleguen a Colombia. Todo lo relacionado con su fabricación, transporte, desvío, distribución o exportación será penalizado con penas que van de 10 a 30 años. Estamos cerrando cualquier posibilidad de que estas estructuras criminales se instalen en el país.”

La iniciativa crea un nuevo artículo en el Código Penal (376A) con penas de 140 a 360 meses de prisión y multas entre 1.334 y 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes, sin autorización, introduzcan, saquen, transporten, almacenen, financien, elaboren o suministren fentanilo. El proyecto también fortalece los mecanismos de prevención, vigilancia sanitaria y pedagogía pública para reducir los riesgos asociados a esta sustancia.

“Colombia lucha de frente contra el narcotráfico. Invitamos al presidente Trump y al Gobierno estadounidense a ver de cerca cómo estamos destruyendo laboratorios cada 40 minutos y decomisando cifras históricas. Este proyecto de ley es otra muestra de que Colombia no será plataforma ni corredor para el fentanilo”, resaltó el ministro Benedetti.

Con esta radicación, la iniciativa entra ahora en su trámite legislativo, donde será discutida por las comisiones competentes del Congreso de la República.

La seguridad vial en Colombia sumó un nuevo impulso con la alianza firmada entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos). Ambas entidades oficializaron un memorando de entendimiento que permitirá desarrollar acciones conjuntas en formación, análisis técnico y prevención, con el objetivo de reducir los hechos viales graves en el país.

El anuncio se realizó durante la visita anual de la Japan Automobile Manufacturers Association (Jama), cuya presencia reafirmó el interés del sector automotor internacional en acompañar los procesos regulatorios y técnicos de Colombia.

Para la directora general de la ANSV, Mariantonia Tabares Pulgarín, este acuerdo confirma que mejorar la seguridad vial requiere de trabajo compartido. Señaló que la coordinación con Andemos permitirá avanzar en decisiones basadas en evidencia para proteger la vida de los actores viales.

Por otro lado, el presidente ejecutivo de Andemos, Andrés Chaves, destacó que “cada muerte en las vías es una tragedia que golpea a la sociedad en general y a las familias involucradas en particular. Por eso, este memorando representa para nosotros un compromiso indelegable: aportar desde el sector automotor las mejores tecnologías para que menos personas resulten heridas y más vidas se salven. Seguiremos trabajando junto a la ANSV con rigor técnico y con la convicción de que la seguridad es un trabajo de todos».

La firma del memorando consolida una cooperación público–privada orientada a fortalecer la prevención, elevar la seguridad vehicular y avanzar hacia una movilidad más segura para todos los colombianos.

El Gobierno del Cambio dio un impulso decisivo al derecho al agua en Ciénaga de Oro, con una inversión que supera los $61.831 millones y que permitirá llevar agua potable continua a más de 70.500 habitantes de la zona urbana y rural.

El proyecto central es la construcción de la nueva línea de impulsión en el tramo Cereté-Ciénaga de Oro, respaldada por recursos del Ministerio de Vivienda, el Plan Departamental de Agua (PDA) y el municipio.

Durante la socialización del convenio, la viceministra Ruth Quevedo expuso a las autoridades y a la comunidad el alcance del proyecto, destacando que asegurará el agua como un bien común y un derecho fundamental para Ciénaga de Oro.

“Este es el resultado de un esfuerzo común por un bien común que es el agua, para garantizar el acceso como un derecho fundamental. Será una obra de todos y todas», afirmó la viceministra, quien además anunció que el Gobierno del Cambio propondrá una modificación a la Ley de Competencias para aumentar la partida destinada al sector de agua y saneamiento en el Sistema General de Participaciones.

El proyecto responde a una necesidad histórica: familias que actualmente reciben agua solo durante tres o cuatro horas al día, y que ahora podrán acceder al servicio de manera continua.

La construcción de la línea de impulsión de aproximadamente 21,5 km, permitirá mejorar el caudal que abastece el acueducto municipal y aumentará el bombeo hacia Sahagún.

La iniciativa obtuvo un concepto técnico favorable en el Mecanismo de Viabilización Nacional, tras un trabajo articulado entre el Ministerio, la Alcaldía y la Gobernación de Córdoba.

El Ministerio también presentó la estrategia de acompañamiento social a los proyectos de agua y saneamiento, que promueve la participación comunitaria a través de veedurías ciudadanas, así como el Decreto 0960 de 2025 y la Ruta ComuniAgua, instrumentos que fortalecen la gestión comunitaria del agua en zonas urbanas y rurales.

Durante la visita, la viceministra Quevedo recorrió las obras del alcantarillado sanitario de Berástegui, corregimiento de Ciénaga de Oro, donde se invierten más de $19.398 millones para beneficiar a más de 6.160 habitantes.

El proyecto incluye redes de alcantarillado, cuatro estaciones de bombeo de aguas residuales y la planta de tratamiento de aguas residuales, infraestructura clave para eliminar vectores de morbilidad, evitar descargas y mejorar las condiciones ambientales y de salud en la región. Las obras estarán terminadas en 2026.

La jornada finalizó con una revisión al relleno sanitario Las Tangaras, donde se acordó avanzar con la Administración Municipal en la implementación del programa Basura Cero, con participación de recicladores de oficio para transformar la gestión de residuos.

En el departamento de Córdoba, el Gobierno nacional acumula inversiones por más de $336.884 millones en agua potable y saneamiento básico. Ocho proyectos ya fueron finalizados, con una inversión de $109.086 millones que ha beneficiado a más de 161.365 personas. Otros once proyectos están en ejecución, por un valor de $317.696 millones, que beneficiarán a más de 267.686 habitantes.

Con la ejecución de estas obras y la apuesta por fortalecer la gestión comunitaria, el Gobierno nacional cierra un capítulo de rezago histórico y abre un camino de soluciones estables para las comunidades de Córdoba, donde el acceso al agua comienza a dejar de ser un privilegio para convertirse en garantía.

El Ministerio de Salud y Protección Social destacó los principales hitos alcanzados durante los últimos dos años en la prevención del VIH, entre ellos la ampliación del acceso al tratamiento con el medicamento Dolutegravir, el aumento sostenido en el uso de la PrEP (profilaxis preexposición), el fortalecimiento del diagnóstico oportuno sin barreras y la implementación de herramientas digitales para identificar riesgos y facilitar el acceso a la prevención.

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Acciones del Gobierno:

​​Declaratoria de interés en salud pública del Dolutegravir: Se avanzó en su compra centralizada para reducir costos y ampliar la disponibilidad del tratamiento recomendado por la OMS y la OPS, beneficiando también a personas migrantes.
​Ampliación del acceso a PrEP: El Gobierno fortaleció la disponibilidad de esta herramienta preventiva con un incremento sostenido en poblaciones de mayor riesgo.
Diagnóstico sin barreras: La prueba de VIH, incluida en el Plan de Beneficios en Salud, está garantizada en todo el territorio con lineamientos que aseguran confidencialidad y atención libre de estigma.
Herramientas digitales: La encuesta de autoevaluación del riesgo para PrEP permite identificar de manera más ágil a las personas candidatas a esta intervención.

Resultados en la respuesta al VIH:

El 86% de las personas con VIH reciben tratamiento antirretroviral.
El 92% de quienes reciben tratamiento logran supresión viral, bajo el principio “Indetectable = Intransmisible».
El acceso a PrEP continúa en crecimiento.
El diagnóstico oportuno está disponible en todo el país.

La prevención primaria, el uso del condón, la disponibilidad de PrEP y el acceso a la prueba siguen siendo pilares clave para disminuir nuevas infecciones. No obstante, persisten desafíos como el estigma y la discriminación, que continúan afectando la búsqueda oportuna de atención.​

Bajo el lema “Juntos tejiendo el mismo objetivo: transformar la respuesta al VIH», el país avanza hacia una política integral sustentada en derechos humanos, equidad y acceso universal a los servicios de salud.

De esta manera el Gobierno reafirma que la protección de la vida y el acceso a la salud son una prioridad nacional. Los avances logrados desde mejores tratamientos y mayor disponibilidad de PrEP hasta diagnósticos sin barreras y herramientas digitales más cercanas a la ciudadanía, reflejan un país que sigue consolidando una respuesta más humana, inclusiva y efectiva frente al VIH.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio vía libre al Pacto Histórico para operar formalmente como un partido político, justo tres días antes de que la coalición progresista inscriba sus listas para las elecciones al Congreso. La Dirección de Vigilancia e Inspección General del CNE certificó la inscripción, un trámite pendiente desde septiembre de este año.

La conformación oficial como partido, que ya figura en el Registro Único de Partidos, surge de la fusión de tres colectividades: Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista Colombiano.

A pesar de esta victoria, el proceso de consolidación aún enfrenta retos: la fusión de Colombia Humana, partido fundado por el presidente Gustavo Petro, y Progresistas sigue en evaluación. Mientras la adhesión de Progresistas será votada en la Sala Plena del CNE este jueves, la situación de Colombia Humana es más compleja debido a presuntas irregularidades halladas en su procedimiento de fusión.

La certificación del CNE se dio a conocer este 3 de diciembre de 2025, confirmando que se cumplió con la condición impuesta en una resolución anterior para la fusión de los tres partidos iniciales, dándole así plena validez jurídica al nuevo partido.