Mes: enero 2026

El Ministerio de Minas y Energía confirmó que a partir de este 1 de febrero de 2026, entra en vigencia la reducción de $500 en el precio del galón de gasolina en todo el territorio nacional. La medida fue ratificada mediante la firma de la resolución por parte del ministro Edwin Palma, dando cumplimiento al compromiso anunciado por el presidente Gustavo Petro.

Según la cartera de minas, este alivio económico para los conductores es el resultado de un proceso de ordenamiento del sistema de precios. El ministro Palma enfatizó que, por primera vez, se ha logrado sanear el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), permitiendo iniciar una reducción de costos de manera responsable y sin generar impactos fiscales negativos para el Estado.

El Gobierno Nacional explicó que, tras una serie de ajustes complejos pero necesarios en meses anteriores, se lograron corregir las distorsiones que afectaban las finanzas públicas. Con el cierre del déficit del fondo, el precio que pagarán los colombianos desde febrero estará alineado con los estándares internacionales, eliminando los subsidios que anteriormente generaban un hueco fiscal.

«El gobierno habla con la verdad; desde ahora el precio que pagas por la gasolina que consumes es real», señala el comunicado oficial, subrayando que las decisiones difíciles tomadas previamente hoy se traducen en un beneficio directo para el bolsillo de los ciudadanos. Bajo la consigna #ConDignidadCumplimos, el Ministerio reiteró que este es solo el inicio de una gestión transparente enfocada en la visión de largo plazo y el bienestar de la población.

Con un firme llamado a la protección de la democracia, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, lideró la instalación de la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales. En este escenario de alto nivel, que contó con la presencia del Registrador Nacional, el Contralor General, la Fiscal General y el Ministro de Defensa, se trazó la hoja de ruta para garantizar la transparencia en los próximos comicios.

Durante su intervención, Eljach enfatizó que la prioridad de los organismos de control será blindar la voluntad popular frente a cualquier coacción o irregularidad. “Los colombianos no estamos dispuestos a que se nos arrebate lo más sagrado que tenemos, que es el derecho a escoger libremente quiénes nos van a dirigir”, sentenció el jefe del Ministerio Público.

El Procurador instó a todas las instituciones presentes a trabajar de manera articulada para defender la Constitución. Según el alto funcionario, asegurar una jornada electoral limpia no solo es un deber interno, sino una necesidad para fortalecer la imagen de Colombia en el exterior como una nación soberana y respetable.

“Tenemos que defender el derecho de cada colombiano a pronunciarse libremente y así presentarnos ante la comunidad internacional como una Nación unida, entera y, sobre todo, muy grande”, puntualizó. Con el lema #PazElectoral, la Comisión inició formalmente sus sesiones de monitoreo para identificar y neutralizar posibles riesgos que afecten el normal desarrollo de las elecciones en todo el territorio nacional.

Bajo el nombre de “La Consulta de la Gente”, cinco precandidatos formalizaron su alianza para competir el próximo 8 de marzo. Sin embargo, las aspiraciones de Iván Cepeda y Daniel Quintero penden de un hilo a la espera de un fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE).
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A menos de dos meses de las elecciones legislativas y de consultas interpartidistas, los sectores que respaldan el proyecto de continuidad del progresismo en Colombia han oficializado su hoja de ruta. A través de un documento denominado «Acuerdo de Voluntades», se definieron las bases programáticas y los nombres de quienes buscarán la candidatura única a la Presidencia de la República para el periodo 2026-2030.

​La coalición, que se presentará en el tarjetón bajo las denominaciones “La Consulta de la Gente”, “Frente Humano” y “Convergencia Social – Liberal”, agrupa a una amplia gama de fuerzas políticas que incluyen al Pacto Histórico, La Fuerza de la Paz, el Partido del Trabajo de Colombia (PTC), el MAIS, En Marcha y las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).
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Los nombres en el tablero

​El acuerdo postula formalmente a cinco figuras de peso en la escena política nacional:
• ​Iván Cepeda Castro: Avalado por el Movimiento Político Pacto Histórico.
• ​Roy Barreras: Respaldado por una coalición interna que incluye a La Fuerza de la Paz y el MAIS.
• ​Camilo Romero: Postulado por el Partido Ecologista Colombiano.
• ​Juan Fernando Cristo: Representando al movimiento En Marcha.
• ​Daniel Quintero Calle: Inscrito por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).
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​A pesar de la formalización del acuerdo, el ambiente es de cautela. La participación de Iván Cepeda y Daniel Quintero no está garantizada. La Registraduría Nacional ha dejado en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE) la decisión final sobre sus candidaturas.

​El documento de acuerdo no solo establece nombres, sino también los pilares que defenderá el ganador de la consulta. Entre los puntos destacados se encuentran:
• ​Reforma a la Justicia: Una lucha frontal contra la corrupción y las «mafias incrustadas en el Estado».
• ​Continuidad Social: Profundización de las reformas agraria, de salud y laboral.
• ​Acuerdo Nacional: La búsqueda de un consenso amplio para alcanzar la paz y la reconciliación.

​El orden de los candidatos en el tarjetón será definido mediante sorteo por la Registraduría Nacional. Mientras tanto, el «Frente Humano» inicia su carrera contrarreloj, no solo para conquistar el voto popular el 8 de marzo, sino para superar el primer gran obstáculo: el visto bueno de las autoridades electorales.

A partir de hoy, sábado 31 de enero, y hasta el 13 de marzo se llevará a cabo la inscripción de candidatos para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, que se realizarán el 31 de mayo.

En los casos en que los candidatos a la presidencia sean seleccionados mediante las consultas del 8 de marzo, la inscripción podrá realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la declaratoria de resultados de la consulta, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 1475 de 2011.

Las candidaturas pueden ser inscritas por partidos o movimientos políticos con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), grupos significativos de ciudadanos o movimientos sociales y coaliciones. En este mismo plazo además pueden inscribirse los promotores del voto en blanco.

El trámite de inscripción debe realizarse personalmente en la sede central de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá, previo agendamiento de una cita al correo electrónico jjrocha@registraduria.gov.co, con copia a mapinto@registraduria.gov.co, por parte de los candidatos o representantes legales, delegados, miembros de comités inscriptores o gerentes de campaña de las agrupaciones políticas que los postulan.

Es de señalar que las organizaciones políticas y los promotores del voto en blanco, previo al agendamiento de la cita para la inscripción con el funcionario electoral competente, deberán remitir a los correos electrónicos antes señalados los documentos que certifiquen el cumplimiento de los requisitos formales.

Tras el hundimiento de la emergencia económica, el presidente Gustavo Petro anunció un nuevo ajuste en las finanzas del Estado por un valor de $16 billones. Con este movimiento, el Gobierno Nacional suma una reducción total de $44 billones en lo que va de su gestión, una medida que el mandatario calificó como necesaria para enfrentar el déficit fiscal heredado y las recientes decisiones judiciales que han afectado el recaudo.

El jefe de Estado no ahorró críticas hacia la Corte Constitucional, señalando que el fallo que permitió la deducibilidad de las regalías para las empresas minero-energéticas desfinanció el presupuesto. Asimismo, cuestionó la política económica de sus antecesores y exministros, responsabilizándolos de comprometer las arcas públicas con deudas de corto plazo ante el FMI y el mantenimiento del subsidio a la gasolina, que calificó como una «insana política económica».

Pese a la magnitud del recorte, Petro fue enfático al asegurar que la tijera presupuestal no tocará la inversión social, los programas de salud ni la seguridad nacional. El objetivo, según el Ejecutivo, es reorientar la deuda hacia opciones más económicas y reducir gastos innecesarios sin generar vulnerabilidad en los sectores más pobres del país.

Finalmente, el presidente vinculó la solución a la crisis con un cambio estructural en el poder. Sugirió que la única forma de revertir la tendencia recesionista es a través de una Asamblea Constituyente y la elección de un Congreso afín, que permita blindar los derechos fundamentales y transformar el modelo económico actual.