A menos de una semana de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, el panorama en los centros de detención venezolanos ha comenzado a cambiar drásticamente. Bajo el mando interino de Delcy Rodríguez y ante la presión directa de Washington, el régimen inició este 8 de enero la excarcelación de un grupo significativo de presos políticos. Entre los primeros en recuperar su libertad destacan tres figuras que se convirtieron en símbolos de la resistencia y la defensa de los derechos humanos: Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Juan Pablo Guanipa.
La liberación de Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, pone fin a casi dos años de una detención marcada por la opacidad y la violación del debido proceso. Capturada en febrero de 2024 bajo acusaciones de «traición a la patria», la abogada hispano-venezolana vivió el rigor de El Helicoide, centro denunciado internacionalmente por prácticas de tortura. Su salida representa no solo un triunfo para las organizaciones de derechos humanos, sino un gesto de capitulación del aparato judicial frente a la nueva realidad política del país.
Junto a ella, el profesor y activista Javier Tarazona, director de FundaRedes, abandona la prisión tras más de cuatro años de encierro injustificado. Tarazona, quien fue arrestado en 2021 tras denunciar la presencia de grupos irregulares en la frontera, era uno de los presos políticos con más tiempo en cautiverio. Asimismo, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, coordinador de Primero Justicia, se suma a esta primera lista de liberados, cerrando un capítulo de persecución política que buscaba desarticular el liderazgo democrático en las regiones.
Aunque el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, calificó estas medidas como un «gesto de paz unilateral», lo cierto es que la comunidad internacional lee estas liberaciones como el resultado del ultimátum estadounidense. Mientras San Miguel, Tarazona y Guanipa se reencuentran con sus familias, la mirada de las organizaciones como el Foro Penal permanece fija en los cientos de detenidos que aún esperan su turno para salir de centros de reclusión donde, según informes de Human Rights Watch, la dignidad humana fue sistemáticamente vulnerada.
