Mes: abril 2026

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, como presunto responsable del delito de prevaricato por acción. Los hechos que se le atribuyen están relacionados con la emisión de tres actos administrativos que tendrían como propósito obstaculizar la licitación 001 de 2023, cuyo objeto era la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026, por un valor de 559.000 millones de pesos.

En un primer momento, el comité evaluador recomendó adjudicar el contrato a una unión temporal que superó el proceso de calificación y cumplió con los requisitos exigidos. En consecuencia, se programó la audiencia de adjudicación pública; sin embargo, el 13 de septiembre de 2023, Leyva Durán suscribió la Resolución 7485 mediante la cual declaró desierta la licitación argumentando la existencia de un único oferente.

Ante esta decisión, el representante de la unión temporal interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto negativamente y Leyva Durán mantuvo la decisión impugnada. Ese mismo día, expidió un nuevo acto administrativo con el que declaró la urgencia manifiesta, habilitando así la adjudicación directa del contrato de pasaportes sin proceso licitatorio.

Para la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia que dirige la investigación, estas actuaciones pusieron en riesgo la continuidad en la elaboración de pasaportes y vulneraron el derecho de los ciudadanos a salir e ingresar libremente del país. Asimismo, pese a la posibilidad de corregir las decisiones adoptadas, el excanciller no lo hizo y ratificó su actuación.

Lo que inicialmente fue presentado como una jubilación anticipada y un retiro «de común acuerdo», hoy se perfila como uno de los casos de manejo corporativo más cuestionados en los medios de comunicación del país. Nuevas revelaciones, lideradas por Revista Raya, exponen la existencia de una presunta cláusula de confidencialidad recíproca que blindaría los detalles reales detrás de la salida del presentador Jorge Alfredo Vargas de Caracol Televisión.

El documento, que habría sido objeto de revisión por parte del Ministerio del Trabajo durante una inspección a la planta de personal del canal, sugiere que la empresa y el periodista pactaron no divulgar información sensible. Este movimiento legal se dio en un contexto de alta tensión interna, marcado por graves denuncias de presunto acoso sexual y laboral que incluían testimonios de trabajadoras sobre llamadas en horas de la madrugada y conductas inapropiadas en el entorno de trabajo.

La controversia radica en el tratamiento preferencial que habría recibido el comunicador. Mientras que otros casos similares en el sector han terminado en despidos unilaterales y procesos judiciales abiertos, la salida de Vargas se tramitó como una negociación privada, utilizando su proximidad a la edad de pensión como un matiz institucional. Este «pacto de silencio» ha encendido el debate sobre si las grandes corporaciones mediáticas están utilizando acuerdos económicos para sepultar denuncias de abuso y evitar el escrutinio de las autoridades disciplinarias.

El camino hacia la elección del nuevo Contralor General de la República entró en su recta final. La Universidad de Cartagena hizo públicos los resultados de las pruebas de conocimiento, dejando al exvicecontralor, Carlos Mario Zuluaga Pardo, a la cabeza de la lista con un puntaje casi perfecto de 98,00.

Zuluaga supera por tres puntos a Julián Mauricio Ruiz (95,00) y por cuatro a Karol González Mora (94,00), consolidándose como el favorito técnico de cara a la elección definitiva. El listado de los 10 elegibles, que incluye perfiles con amplia trayectoria en el control fiscal como Andrés Castro y Erika Sabogal, será ahora sometido a la evaluación del Congreso en pleno el próximo 12 de agosto.

Este proceso busca dar estabilidad a una entidad que ha pasado por periodos de interinidad, y los resultados técnicos serán el principal insumo para que los legisladores definan quién llevará las riendas de la vigilancia de los recursos públicos en el país.

Así lo afirmó este jueves el jefe de Estado en su cuenta de la red social X al responder un mensaje de la senadora Paloma Valencia, quien anunció una demanda contra el Decreto 0415 del 20 de abril del 2026, por medio del cual el Gobierno del Cambio reglamentó el traslado a Colpensiones de los recursos pertenecientes a cerca de 120.000 afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones privados (AFP) que se cambiaron de régimen pensional.

La norma reglamentó “la exigibilidad del traslado de recursos” desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (fondos privados) al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (Colpensiones), de acuerdo con lo previsto en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 (Reforma Pensional).

Al respecto, el presidente Petro escribió en X: “El decreto dice lo que es obvio en el mundo financiero: El ahorro de los cuentahabientes pertenece a los cuentahabientes, a nadie más”.

En este contexto, el mandatario agregó que “los dueños de las administradoras de los fondos privados de pensiones son Luis Carlos Sarmiento y los banqueros dueños de Bancolombia; ellos son los que no quieren en sus fondos devolverles el ahorro a sus afiliados, porque (los afiliados) no quieren el régimen que no entrega pensión de los fondos privados, sino el de Colpensiones que sí entrega pensión”.

Asimismo, el jefe de Estado explicó que “los trabajadores cotizantes de fondos privados de pensiones -si se trasladan libremente a Colpensiones- son los propietarios de sus ahorros y han decidido llevarlo a Colpensiones”.

Además, en referencia al mensaje de la senadora Valencia, el presidente aseveró que Colpensiones no le entrega dinero al Gobierno nacional.

“Colpensiones no entrega dinero al Gobierno, no engañe a los colombianos. El Gobierno entrega más de 12 billones de pesos anuales a Colpensiones para pagarles las pensiones a las personas que trabajaron en empresas privadas y se pensionaron bajo el régimen de Colpensiones”, explicó.

Sobre la razón de ser del Decreto 0415 del 20 de abril de 2026, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) emitió este jueves un comunicado en el cual recordó que la oportunidad de traslado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (fondos privados) al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (Colpensiones) es un mecanismo excepcional y transitorio, que está vigente desde el 16 de julio de 2024 hasta el 16 de julio de 2026.

El mecanismo cobija a los afiliados/as próximos a consolidar su derecho pensional, quienes pueden trasladarse al régimen que les resulte más favorable, previo cumplimiento de los requisitos de Ley y el proceso de Doble Asesoría.

“Este mecanismo aplica para mujeres con al menos 750 semanas cotizadas y hombres con mínimo 900 semanas, a quienes les falten menos de diez años para acceder a la pensión”, destacó Colpensiones.

Según información oficial de Colpensiones, con corte a febrero de 2026 unos 120.00 afiliados/as han ejercido esta Oportunidad de Traslado hacia el Régimen de Prima Media, y cerca de 25.000 personas ya tienen reconocida y están recibiendo su pensión en esta entidad, lo que evidencia el impacto de esta medida en la protección de los derechos pensionales.

Al entregar a los campesinos 5.300 hectáreas de tierras que le pertenecieron al narcotráfico, el presidente de la República invitó a los grupos al margen de la ley a dejar las armas y priorizar una salida dialogada.

Desde el Magdalena Medio les envió un mensaje directo a las organizaciones criminales que aún persisten en la violencia, señalando que la verdadera seguridad nacional se fundamenta en la vida y la justicia social, y no en la perpetuación de la muerte que ha marcado a la región por décadas.

El jefe de Estado enfatizó que la paz depende de resarcir al campesinado y garantizar que no se repitan las tragedias del pasado, cuando grupos paramilitares y narcotraficantes como los del cartel de Medellín y Rodríguez Gacha desplazaron a miles de campesinos.

El mandatario fue enfático al señalar que el camino de las armas es un anacronismo que solo deja dolor, invitando a quienes aún permanecen en la ilegalidad a transitar hacia la producción lícita y el trabajo digno en las tierras fértiles que hoy recupera el Estado.

Sobre este llamado a la desmovilización y el cese de hostilidades, dijo: “A quienes todavía portan fusiles por ahí, les digo, aquí está la salida. Dejen de agarrarse con troncos, nos mandan misilazos y no es bueno. Podemos es trabajar en paz y que no tengan riesgo nuestros hijos y nuestras hijas, como no pudieron decir las madres que aquí han hablado, no tengan riesgos de morir por la mano de otro o de otra, sino que el homicidio y la violencia desaparezcan en Colombia y nos podamos morir de viejos, criando a los nietos, para que esos nietos puedan tener esperanza en vivir en el país más hermoso de la tierra”.

El mandatario también vinculó la lucha por la tierra con la soberanía alimentaria, advirtiendo que la ocupación ilegal de predios por parte de «narcos y corruptos» debe terminar de inmediato. Insistió en que la entrega de miles de hectáreas es una herramienta para reducir el hambre y la inflación, permitiendo que el campesinado sea el dueño de la agroindustria y la tecnología, alejando a la juventud de la necesidad de migrar o de caer en las filas de la criminalidad.

Al referirse a la propiedad del suelo y el agua, recalcó que estos recursos no pueden seguir al servicio de economías oscuras o de latifundios improductivos que frenan el desarrollo nacional: «la tierra y el agua no pueden ser del narcotráfico, no pueden ser de los señores de la tierra que no la producen… la tierra fértil debe ser del campesinado para producir alimentos, y eso venimos a hacer aquí».

Finalmente, el presidente instó a recuperar la memoria histórica del Magdalena Medio, una región que alguna vez estuvo llena de «lucecitas» de casas campesinas que fueron apagadas por el terror. Con un llamado a la esperanza, concluyó que la misión de su gobierno es encender de nuevo esos faros de vida:

«La tarea de nosotros hoy es volver a prender las luces, ser como un faro en la historia de Colombia que alumbre no sólo el pasado sino este presente, y el futuro», concluyó.