Mes: abril 2026

Félix León Martínez, director general de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), informó a través de un comunicado oficial que la entidad no registra deudas con ninguna IPS del país.

Frente a un reciente informe de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc), en el que se señala una supuesta cartera pendiente por $612 mil millones con las IPS afiliadas, la entidad indicó:

1. Por su naturaleza normativa y operativa, la Adres no tiene ni puede tener cuentas vencidas, ni registra en su contabilidad obligaciones pendientes con las IPS del país.

2. La entidad solo reporta cuentas en proceso de auditoría relacionadas con accidentes de tránsito sin SOAT, cuyo valor estimado no alcanza la décima parte de la cifra mencionada.

3. La Adres señaló que, para evitar este tipo de reportes que no corresponden a sus obligaciones contables y legales, es necesario que las IPS depuren sus estados financieros, eliminando cuentas por cobrar vencidas, sin posibilidad real de recaudo o previamente rechazadas, conforme a las normas NIF. De no hacerlo, se reflejan activos que no son reales.

4. La entidad reiteró que pone a disposición de las IPS los extractos mensuales con el detalle de sus estados de cuenta y el análisis de las cuentas rechazadas o glosadas, además de ofrecer procesos de capacitación, tanto presenciales como virtuales, para fortalecer los procesos de facturación.

Mediante el Decreto 0415 del 20 de abril de 2026, el Gobierno de las Oportunidades reglamentó el traslado a Colpensiones de los recursos pertenecientes a cerca de 120 mil afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones privados (AFP) que se cambiaron de régimen pensional.

La norma reglamenta “la exigibilidad del traslado de recursos” desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (fondos privados) al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (Colpensiones), de acuerdo con lo previsto en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 (Reforma Pensional).

Y aunque la reforma pensional fue suspendida transitoriamente por la Corte Constitucional (Auto A- 841 del 17 de junio de 2025) mientras el tribunal adopta un fallo de fondo, dejó en firme el artículo 76 que se refiere a la “oportunidad de traslado de régimen pensional”, es decir de las AFP a Colpensiones, y viceversa.

De acuerdo con Colpensiones, con corte al 5 de febrero pasado un total de 119.632 afiliados a los fondos privados de pensiones hicieron uso del derecho de traslado y se pasaron al régimen público.

Cálculos del Ministerio de Hacienda y de las AFP estiman que los recursos de estas personas que cambiaron de régimen, de los cuales ya hay 22.472 pensionados a cargo de Colpensiones, ascienden a cerca de $25 billones que los fondos privados deben trasladar al sistema pensional público.

Sin embargo, advierte el gobierno del presidente Gustavo Petro que, pese al traslado al régimen de prima media, las AFP continúan administrando esos recursos “generando un desequilibrio financiero contrario al principio de sostenibilidad financiera”, destaca el Decreto 0415.

La norma, que lleva las firmas de los ministros de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, y de Trabajo y Seguridad Social, Antonio Sanguino, establece plazos precisos para que las AFP trasladen esos recursos.

Señala que los fondos privados deberán trasladar a Colpensiones “la totalidad de los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de los afiliados que ejercieron la oportunidad traslado”, tanto del capital de cada afiliado como de sus rendimientos financieros “hasta la fecha de la transferencia efectiva”.

En cualquier caso, las AFP deben trasladar el 50% de esos recursos a Colpensiones en un máximo de 20 días desde la entrada en vigencia del Decreto 0415, y el 50% restante dentro de los diez días siguientes.

Además, los fondos privados deben trasladar los recursos de los afiliados que cambiaron de régimen pensional “que estén representados en dinero en efectivo, Títulos de Tesorería Clase B, y en títulos de deuda de emisores vigilados por la Superintendencia Financiera Colombia”.

En este caso, las AFP deberán girar a Colpensiones la totalidad de estos valores en un término no superior a 15 días siguientes a la entrada en vigencia del Decreto 0415 de 2026.

La carrera por la Casa de Nariño subió de temperatura tras las recientes y polémicas declaraciones del senador Jota Pe Hernández. En un tono desafiante, el congresista aseguró que una victoria de Iván Cepeda en primera vuelta es matemáticamente imposible, lanzando un dardo directo al electorado del Pacto Histórico: «No creo que exista tanta gente torpe que vote por él».

Para Hernández, el escenario de una segunda vuelta es inevitable, basando su tesis en que el país no otorgará un respaldo masivo a la continuidad de las políticas del actual oficialismo. Sin embargo, más allá del cálculo electoral, sus palabras han sido recibidas como una afrenta a la libertad del voto, desatando una oleada de críticas que acusan al senador de degradar el debate democrático mediante el insulto a los ciudadanos.

Este nuevo choque de trenes entre la oposición radical y los sectores progresistas reafirma que la campaña de 2026 se jugará en el terreno de las emociones y la confrontación directa. Mientras los seguidores de Hernández aplauden su «frenterismo», el equipo de Cepeda capitaliza el ataque para fortalecer su imagen de moderación frente a lo que consideran una «derecha agresiva».

Una nueva herramienta tecnológica que permitirá rastrear en tiempo real y establecer la trazabilidad del oro y otros minerales, desde su producción hasta su comercialización y destino final, pondrá en marcha la Agencia Nacional de Minería (ANM).

​La entidad, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, informó que desde el próximo 19 de mayo el país contará con esta nueva plataforma que busca fortalecer la transparencia en la cadena productiva y generar mayor confianza en los mercados nacionales e internacionales.

Además, les permitirá a los alcaldes de los municipios productores verificar el registro de los mineros de subsistencia en sus municipios, y al país responder a la exigencia de transparencia que demandan los mercados nacionales e internacionales sobre el origen del oro y sus condiciones de extracción.

Esta solución tecnológica articulará la información que reposará en sistemas como Rucom, Control a la Producción y Génesis, y permitirá a todos los actores de la cadena minera -explotadores, beneficiarios, comercializadores, exportadores y consumidores finales-, acceder en tiempo real y de manera integrada a los documentos, permisos y certificaciones que respaldan la y trazabilidad y la legalidad del mineral. De esta forma, los usuarios contarán con claridad sobre la procedencia del oro y las condiciones en las que fue explotado, lo que facilitará la toma de decisiones responsables de compra o venta del mineral», explicó Jimmy Soto Díaz, Vicepresidente de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM.

Dijo el directivo que, además, con la plataforma se facilita el cruce de información a las autoridades, pues cada transacción tendrá un código único para verificar certificados de origen, registros de producción y pagos de regalías. Igualmente, esta herramienta facilitará el control a los mineros de subsistencia, cuyo registro y seguimiento está a cargo de las Alcaldías, cuyos despachos deben reportar los niveles de producción y regalías, verificar la información suministrada, realizar visitas a los sitios de explotación, confirmar la identidad de los mineros y garantizar que no exista coacción de grupos ilegales.

Los mineros de subsistencia extraen más de 80% del oro en Colombia, por ello los alcaldes deben asegurar que no se exceda el cupo de explotación permitido por la ley, fijado en 420 gramos de oro anuales», agregó Soto Díaz.

La implementación de este sistema se da en medio del crecimiento sostenido de las exportaciones de oro, que solo entre febrero de 2025 y febrero de 2026 pasaron de US$320,5 millones a US$771,8 millones, lo que representa un aumento del 140,8%, según el DANE.

En los últimos cuatro años, Colombia exportó 236 toneladas de oro, generando $2,15 billones en regalías.

Según la ANM, aunque en el país existen mecanismos de control, estos operan de forma aislada, lo que ha dificultado el seguimiento integral y ha permitido la infiltración de oro de origen ilegal en la cadena comercial.

Inicialmente, la nueva plataforma tecnológica operará como piloto con registro voluntario, pero a mediano plazo el Gobierno prevé que todas las transacciones de minerales en Colombia deban registrarse allí, consolidando un modelo integral de trazabilidad y control en el sector.

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, dio a conocer que la entidad estructuró un robusto Plan General de Auditorías, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, con cuatro componentes estratégicos para asegurar un análisis integral y una evaluación sistemática a los diferentes softwares electorales que intervienen en el proceso por parte de las organizaciones políticas, los órganos de control y las misiones de observación electoral.

Este plan incluye una auditoría internacional especializada liderada por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH / CAPEL), orientada a robustecer la transparencia y confianza en las elecciones presidenciales con tres módulos: auditoría externa internacional especializada, auditoría a sistemas y asistencia técnica internacional.

“Por primera vez en la historia electoral del país se cuenta con una auditoría internacional a las elecciones presidenciales. Esta auditoría está a cargo de un órgano técnico con amplia experiencia en la materia, que brinda rigor independiente, estándares internacionales y perspectiva comparada”, señaló el Registrador Nacional.

De igual manera, como una de las principales medidas de transparencia, el plan comprende la auditoría del Código Fuente de los softwares de sorteo de jurados de votación, preconteo, escrutinio y consolidación y divulgación de resultados por los auditores de los partidos políticos acreditados.

El Registrador Nacional sostuvo que “la exposición del Código Fuente de los cuatro softwares que intervienen en las elecciones se tiene prevista durante dos semanas, tiempo suficiente para que los auditores de los partidos puedan verificarlo. Además, está garantizado el acceso al 100 % del código. Es de resaltar que este proceso contará con el acompañamiento de los órganos de control y las misiones de observación electoral”.

A su vez, anunció que el proceso de congelamiento de los softwares de preconteo, escrutinio y digitalización del formulario E-14, así como del software de consolidación y divulgación nacional de resultados, se tiene prevista para el 28 de mayo.

Adicionalmente, informó que como parte de las actividades preparatorias para las elecciones presidenciales se llevarán a cabo múltiples simulacros para evaluar la funcionalidad, seguridad, confiabilidad y productividad de las soluciones informáticas y logísticas dispuestas para estos comicios.

Dentro de los simulacros más determinantes se destacan el simulacro nacional e internacional de preconteo el 16 de mayo, el simulacro de escrutinios nacional y consulados el 19 y 20 de mayo, y el simulacro de digitalización del formulario E-14 el 21 de mayo.

El Plan General de Auditorías también abarca la realización de pruebas de carga y estrés para medir la capacidad de las diferentes soluciones tecnológicas que intervienen en el proceso: preconteo, escrutinio, consolidación y divulgación, actas E-14 y E-11 (acta de instalación y registro general de votantes), así como las plataformas de jurados, Infovotantes, control de puestos de votación, grupos significativos de ciudadanos, entre otros.

La Registraduría Nacional enfatiza que la seguridad informática es un componente esencial de la transparencia electoral. Por ello, el acceso a los sistemas se realiza bajo esquemas controlados, con auditorías técnicas, acompañamiento de organismos especializados y estrictos protocolos de seguridad, que garantizan tanto la integridad del proceso como la protección frente a amenazas.