Mes: abril 2026

Tras la acreditación de 86 funcionarios del gobierno de Donald Trump como observadores «no formales» para las próximas elecciones presidenciales, el presidente Gustavo Petro se pronunció de manera contundente para reafirmar las garantías democráticas en el país. A través de su cuenta en X, el mandatario aseguró que el despliegue internacional es bienvenido y que incluso se espera la llegada de miles de invitados más para blindar el proceso tanto en las mesas de votación como en el software electoral.

«El presidente de los EEUU Donald Trump puede desplegar la cantidad que quiera de observadores, ya tiene centenares en Colombia, serán invitados miles para garantizar que no exista fraude ni en las mesas ni en el software», dijo el jefe de Estado.

Petro aprovechó el anuncio para marcar una distancia histórica con las épocas de violencia electoral en Colombia. El mandatario fue enfático al señalar que, bajo su administración, «el pueblo votará en completa libertad», rechazando cualquier comparación con el pasado donde, según denunció, el narcoparamilitarismo en alianza con poderes locales coaccionaba al votante mediante el terror y el llenado fraudulento de tarjetones. «No volveremos a los tiempos donde los narcos armados controlaban a la población con fusiles», sentenció.

Asimismo, el jefe de Estado cuestionó lo que calificó como «sectarismo» en el manejo informativo de la seguridad de los aspirantes, insistiendo en que el Gobierno Nacional brinda protección a todos los candidatos sin distinción alguna. Con este respaldo a la observación masiva propuesta por el gobierno de Trump, Petro busca disipar cualquier sombra de duda sobre la transparencia de los comicios, posicionando a su administración como garante de una jornada electoral libre de las presiones armadas que históricamente han manchado las urnas en el país.

Los magistrados César Reyes y Marco Antonio Rueda presentaron un contundente salvamento de voto de 52 páginas frente a la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de acusar a cinco congresistas y encarcelar a dos de ellos por el escándalo de la UNGRD. En el documento, los togados cuestionan la solidez de las pruebas y califican de «especulación» los argumentos utilizados para estructurar el delito de cohecho y ordenar la detención de Wadith Manzur y Karen Manrique.

Para los magistrados disidentes, la investigación incurrió en un exceso al criminalizar la interacción natural entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sostienen que la gestión de recursos para proyectos regionales, conocida coloquialmente como «mermelada», es un mecanismo de negociación política amparado por la Constitución, siempre que busque satisfacer necesidades colectivas y no beneficios económicos particulares o de terceros.

El salvamento subraya que no se logró acreditar que los congresistas implicados hayan aceptado dinero o promesas remuneratorias a cambio de sus votos en la Comisión de Crédito Público. Según Reyes y Rueda, la labor parlamentaria navega en límites delgados entre lo amoral y lo penal, pero en este caso las pruebas no permiten asegurar que la selección de contratos respondiera a un cálculo de intereses privados.

Finalmente, los magistrados advierten que la decisión mayoritaria se aparta de la jurisprudencia previa y se basa en vestigios de una peligrosísima interpretación punitiva. Al considerar que no se establecieron con claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar del supuesto pacto criminal, consideran que la medida de aseguramiento contra Manzur y Manrique carece del soporte jurídico necesario para privarlos de la libertad.

El Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá ha emitido una alerta roja sobre la situación de sus servicios de urgencias para adultos, declarando un estado de emergencia funcional ante una afluencia de pacientes que desborda por completo su capacidad operativa. Según el reporte oficial con fecha del 21 de abril de 2026, la institución registra una cifra alarmante de ocupación del 651%, un exceso que compromete la agilidad de los servicios y pone a prueba la infraestructura del centro asistencial. Esta situación implica inevitablemente un incremento sustancial en los tiempos de espera para los ciudadanos que acuden a las instalaciones de la Carrera Séptima.

​Ante este panorama de saturación, el hospital ha enfatizado que la atención se está ejecutando bajo los estrictos criterios del sistema de Triaje, lo que significa que la prioridad de ingreso se determina exclusivamente por la gravedad de la condición clínica de cada individuo y no por el orden de llegada. El objetivo de esta medida es garantizar que los recursos disponibles se concentren de manera inmediata en los casos con riesgo vital, mientras se gestiona el alto flujo de personas que presentan cuadros de menor urgencia.

​La institución hizo un llamado a la responsabilidad de la comunidad y al uso racional del sistema de salud, recordando que existen rutas de atención alternativas a través de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Se recomienda optar por la consulta prioritaria en casos de malestar general, infecciones respiratorias leves o fiebre persistente, y reservar la consulta externa para controles de rutina y renovación de fórmulas médicas.

El servicio de urgencias hospitalarias debe ser la última instancia, destinado únicamente a síntomas críticos como pérdida de conciencia, dificultad respiratoria grave o un deterioro acelerado del estado general de salud.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo, rompió el silencio tras las explosivas declaraciones de la gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez. En una contundente respuesta a través de 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Carrillo calificó los señalamientos de su colega como un acto de «desespero» político que busca fracturar la imagen del Ejecutivo mediante un relato que, según él, carece de sustento probatorio. «Yo hablo con pruebas. Cuando tengo algo, voy a la Fiscalía y denuncio», sentenció el funcionario, desmarcándose de las acusaciones de espionaje e infiltración.

Carrillo fue enfático en desmentir la supuesta presencia de un «espía» en el Fondo de Adaptación, argumentando que es Rodríguez quien designa directamente a su equipo de confianza, por lo cual mal podría él tener injerencia en sus asesores. Para el director de la UNGRD, las denuncias de Rodríguez no son fortuitas, sino que obedecen a una estrategia coordinada para generar una crisis institucional en un momento político sensible. «Es un desespero ante un relato que se le está cayendo», reiteró, sugiriendo que la funcionaria busca victimizarse para evadir cuestionamientos sobre su propia gestión.

La contraofensiva de Carrillo no se quedó en la defensa; el funcionario lanzó un dardo directo sobre el manejo administrativo de Rodríguez al cuestionar un convenio firmado entre el Fondo de Adaptación y la UNP. Según Carrillo, este acuerdo se estaría utilizando para cubrir gastos de seguridad personal que la entidad ya debería garantizar por su estructura propia. «El vehículo del gerente está a disposición y hace parte de la entidad; no es necesario recurrir a convenios adicionales», afirmó, dejando entrever posibles irregularidades en el uso de recursos para la protección de la funcionaria.

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, y el presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña Plata, suscribieron una prórroga por dos años al memorando de entendimiento celebrado el 2 de mayo de 2024 con el propósito de garantizar una mayor agilidad y eficiencia en la administración de justicia en el país.

Con la firma de esta prórroga, el Consejo de Estado continuará teniendo acceso a la información contenida en la base de datos del Archivo Nacional de Identificación (ANI), el Sistema de Información de Registro Civil (SIRC) y a la información biométrica para la autenticación facial de identidad. También seguirá el intercambio de información en materia de analítica de datos, órdenes judiciales y procesos electorales.

“Nos complace la suscripción de esta prórroga del convenio con el alto tribunal pues, sin duda, seguirá contribuyendo significativamente al mejoramiento de los procesos relacionados con la administración de justicia y, en consecuencia, al incremento de los niveles de confianza ciudadana”, señaló el registrador nacional, Hernán Penagos.

El presidente del Consejo de Estado destacó que la ejecución del memorando ha generado resultados positivos en términos de eficiencia, agilidad y articulación institucional, particularmente en el trámite de los procesos de nulidad electoral de conocimiento de la Sección Quinta del Consejo de Estado, así como en el fortalecimiento de la transparencia, la integridad en el servicio público y la lucha contra la corrupción.