Mes: abril 2026

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dio un paso contundente este martes al ordenar una inspección judicial en las oficinas de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. La diligencia, liderada por la magistrada Cristina Lombana, tiene como objetivo principal verificar el estado real y el ritmo de los expedientes que se siguen contra el presidente Gustavo Petro, especialmente el relacionado con la presunta violación de topes en su campaña electoral. Esta intervención surge a raíz de denuncias que advierten sobre posibles maniobras de manipulación y una supuesta estrategia de dilación para evitar que las investigaciones avancen con la celeridad que exige la ley.

El foco de la Corte está puesto en el manejo que los representantes investigadores Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta —ambos del Pacto Histórico— y Wilmer Carrillo han dado a las pruebas remitidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Cabe recordar que el organismo electoral ya sancionó la campaña presidencial por sobrepasar los límites de financiación permitidos y compulsó copias para que se iniciaran los procesos correspondientes. Mientras la Fiscalía se alista para imputar cargos el próximo 8 de mayo a Ricardo Roa, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, la célula legislativa, encargada por fuero constitucional de investigar al jefe de Estado, es objeto de sospecha por la aparente parálisis de sus actuaciones.

Con esta inspección, la policía judicial busca recaudar evidencias que permitan determinar si existe una omisión deliberada o bloqueos internos que impidan el cumplimiento de los términos procesales. La actuación de la magistrada Lombana subraya una creciente tensión entre las altas cortes y el Congreso sobre la efectividad del juicio político y la rendición de cuentas del Ejecutivo. En un momento de alta polarización, el máximo tribunal de la justicia ordinaria intenta blindar la integridad del proceso, asegurando que la investigación por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial no termine archivada por el paso del tiempo o la inacción de sus jueces naturales en el Legislativo.

El senador Iván Cepeda anunció formalmente que solicitará a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, iniciar una investigación penal sobre los hechos denunciados en torno a la denominada “Operación o Proyecto Júpiter”. La petición surge tras el informe publicado el pasado 19 de abril por el equipo de investigación de la Revista Raya, cuyas revelaciones han generado una fuerte alerta sobre posibles irregularidades que comprometerían la legalidad en instancias oficiales.

A través de su cuenta de X, el congresista señaló que su solicitud busca que la jefa del ente acusador determine si las actuaciones descritas en la investigación periodística constituyen delitos. Cepeda enfatizó que, en caso de hallarse evidencia de conductas punibles, la Fiscalía debe proceder con la judicialización inmediata de los presuntos responsables, sin importar su cargo o vinculación institucional.

Con este movimiento, el senador busca que el sistema judicial dé claridad sobre el alcance del «Proyecto Júpiter» y se establezcan las responsabilidades penales a las que haya lugar. El anuncio de Cepeda presiona un pronunciamiento oficial por parte de la Fiscalía General, en lo que se perfila como un nuevo expediente de alto impacto sobre el manejo de operaciones de inteligencia o contratación en el país.

La jueza sexta de Ejecución de Penas de Barranquilla, Carmen Luisa Terán Suárez, concedió la libertad condicional al empresario Carlos Mattos, protagonista del escándalo de corrupción judicial conocido como el «caso Hyundai». El empresario, quien cumplía condenas por sobornar a funcionarios de la Rama Judicial para obtener beneficios comerciales, sale de prisión a pesar de mantener un proceso abierto por sus polémicas salidas clandestinas de la cárcel La Picota en 2022. La medida se otorga apenas semanas después de que la justicia rechazara un principio de oportunidad con el que Mattos pretendía entregar vehículos de alta gama a cambio de frenar sus procesos penales pendientes.

La decisión de la jueza Terán Suárez ha generado un fuerte eco en el sector judicial, especialmente porque su nombre ya estaba bajo la lupa de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico. La funcionaria es investigada por haber ordenado, en diciembre de 2025, la libertad de Jorge Luis Alfonso López, alias “Gatico”, hijo de la fallecida Enilce López y condenado por homicidio. Aunque la boleta de libertad para Mattos se sustenta en argumentos como buen comportamiento, estudio y arraigo familiar, la coincidencia de beneficios a condenados de alto perfil ha encendido las alarmas de las autoridades disciplinarias.

Con esta decisión, Mattos deja su reclusión física, pero queda sujeto a las condiciones de la libertad condicional y al avance del proceso por el fraude al sistema penitenciario durante su estadía en Bogotá. El caso Hyundai, que dejó en evidencia cómo se manipularon repartos y fallos en los juzgados civiles de Paloquemao, suma así un nuevo capítulo que reabre el debate sobre la efectividad de las penas en delitos de «cuello blanco» y la vigilancia sobre los jueces de ejecución de penas en la región Caribe.

A medida que se acerca la fecha crucial del 31 de mayo, la temperatura de la campaña presidencial sube, no solo por las propuestas, sino por las líneas rojas trazadas por sus protagonistas. Iván Cepeda, el abanderado del Pacto Histórico, ha dejado claro que su estrategia de debate no busca el consenso, sino la confrontación directa de modelos opuestos.

En una reciente declaración que ha sacudido el panorama político, Cepeda «cerró la puerta» de manera definitiva a cualquier intercambio dialéctico con los candidatos de centro. Para el aspirante, el diálogo con estos sectores es posible en otros escenarios, pero el país necesita ver un choque de posturas antagónicas en el horario estelar de los debates.

«Hay que mostrarle al país dos posiciones claramente establecidas», afirmó Cepeda, señalando que sus únicos interlocutores válidos en un podio serán Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

El argumento de Cepeda no es solo logístico, sino profundamente ideológico. Según el candidato, el debate debe servir para que la ciudadanía elija entre:

​La apuesta social: Enfocada en reformas para el bienestar del pueblo colombiano.

​La postura neoliberal: Que él asocia con la concentración de riqueza, la militarización y el incremento de la violencia.

Ante la incertidumbre sobre el lugar y la fecha exacta del encuentro, Cepeda se mostró sereno pero firme. Aseguró que las condiciones ya están fijadas y que no cederá ante las presiones de otros candidatos que, según él, se muestran «exaltados».

La transformación del campo es un eje del gobierno del presidente Gustavo Petro y la labor de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha sido clave en ese propósito, recuperando tierras para los campesinos y adelantando cifras récord de formalización, lo que les permite obtener créditos y poner en marcha proyectos productivos.

Las cifras más recientes indican que se han formalizado más de dos millones de hectáreas a personas que contaban con la tenencia de su tierra, pero no con el título que las acredita como propietarias. Otro aspecto central es la recuperación y entrega de tierras al campesinado y a comunidades rurales. Buena parte de esos bienes han sido incautados a estructuras del narcotráfico y a otras organizaciones delictivas.

Al frente de las tareas está el director de la Agencia, Felipe Harman. Este es un fragmento de la entrevista realizada para el programa de televisión ‘Así avanza el cambio’, de Presidencia de la República.

¿Qué significa entregarle tierra a la gente para vivir?

Es una oportunidad maravillosa. Hay gente que critica al Gobierno con el cuento de que nosotros queremos regalarlo todo. Y el campesino no necesita nada regalado. Un pedazo de tierra es la oportunidad de trabajar, la oportunidad de, con su sudor y con su esfuerzo, sacar adelante a su familia. No hay persona en el mundo más trabajadora que el campesino. El campesino, incluso sin tierra, alquila un pedazo, pero sale adelante y mira cómo cultiva. Tener la posibilidad de entregarle muchas parcelas a muchos campesinos es restituir su dignidad y es hacer patria. Es reconocer que sin campo no hay país y sin campesinos, no hay paz. Eso es clave. Y es muy importante que el país lo entienda.

Usted es valiente en la recuperación de tierras. ¿Qué ha sido lo más difícil?

Muchas cosas. Evidentemente la tierra es un factor de poder, lleno de intereses, de complejidades, de la amalgama de conflictos que han surtido la violencia en Colombia. Las amenazas, las intimidaciones, las dificultades. Encontrar los bienes de la SAE y del Fondo Nacional de Tierras, en su gran mayoría, en manos de delincuentes, tener que enfrentar, tener que reubicar también a los campesinos. Darles la seguridad y la confianza de que este Estado tiene una intención de reparar tanto daño y tanto dolor causado por la guerra. Estoy absolutamente convencido de eso, a eso le he dedicado mi vida y le agradezco mucho la oportunidad al señor Presidente de ejercer en la Agencia Nacional de Tierras estas propias convicciones.

Desde 2022, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha tenido un objetivo claro en la entrega de tierras a los campesinos, a las víctimas del conflicto armado, a las comunidades indígenas y a poblaciones que hacen posible que el campo sea motor del crecimiento económico en el país. Actualmente ya son dos millones de hectáreas tituladas. ¿Qué significa esto para el país?

Es honrar el acuerdo de paz, avanzar sustancialmente en la seguridad jurídica para los campesinos de Colombia. Hoy desde Boyacá, por ejemplo, que era una región que nunca se había dispuesto para esta política. Son pequeños minifundios que no se habían reconocido ni identificado. Se les habilita una nueva vía a los campesinos del país por varias razones: porque pueden ser sujetos de crédito y de proyectos productivos, porque pueden tener seguridad jurídica y tenencia para dejarle la herencia a sus hijos. Es un salto en la política de reforma agraria, que es muy valiosa y muy importante para Boyacá.

Usted ha tenido una labor importante y muchas dificultades. ¿Cómo ha sido eso?

Todas las dificultades habidas y por haber. En Boyacá no había oficina de la Agencia Nacional de Tierras. Implicó abrirla, armar un equipo, disponer del personal que va finca a finca. El campesino no va a la oficina de la Agencia Nacional de Tierras a hacer sus diligencias. Es una enorme cantidad de profesionales que van a medir linderos y a caracterizar campesinos. Y hoy podemos dar un resultado histórico para Boyacá

A propósito de Boyacá, ¿qué ha representado el Plan 10 mil para este departamento y Cundinamarca?

Es un reto sustancial. Hoy (miércoles 15) entregamos 2.100 títulos más. Lo máximo que se entregaba en Boyacá eran 150 títulos al año. El año pasado terminamos con 1.800 títulos. Este año comenzamos con 2.100. Antes de que termine el año esperamos entregar 2.000 títulos más.

Hay un cambio sustancial.

Esto ha sido la decisión política del Presidente y de la Agencia, que cambió la formalización. Antes lo único que valía eran las hectáreas. Era lo mismo entregar un título de 800 hectáreas que entregar 800 títulos de una hectárea aquí en Boyacá, que es un régimen de minifundios. ¿Qué terminaba ocurriendo? que tanto en Cundinamarca como Boyacá, como Tolima, jamás se trabajaban estas prácticas, sino que se quedaban al garete. Cerca de Bogotá hay un índice de informalidad en casi 78 por ciento de campesinos que no son dueños de su tierra.