Mes: abril 2026

El presidente Gustavo Petro volvió a encender la polémica en torno al sistema electoral y la contratación pública en Colombia. A través de su cuenta en X, el mandatario vinculó directamente los procesos judiciales que cursan en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre el contrato de pasaportes con un presunto plan para alterar los resultados de las próximas elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Petro advirtió que cualquier decisión judicial que interrumpa la actual expedición de pasaportes no sería un asunto de legalidad administrativa, sino una maniobra política de gran calado.

Según el jefe de Estado, anular el contrato vigente en este momento tiene como objetivo beneficiar a los antiguos contratistas y asegurar un «pago» en forma de manipulación de votos.

«Ya saben que si anulan el contrato de pasaportes ya en plena expedición no es más que el pago para hacer un fraude electoral en presidenciales para devolver el favor de recuperar el contrato de los hermanos Bautista», aseveró el mandatario en sus redes sociales.

Con estas declaraciones, el presidente hace referencia a los dueños de la firma Thomas Greg & Sons, con quienes su gobierno ha mantenido una batalla jurídica y narrativa desde que se declaró desierta la licitación inicial y se buscó un nuevo modelo de expedición del documento.

La afirmación de Petro se da mientras el Tribunal Administrativo de Cundinamarca analiza la legalidad de las decisiones tomadas por la Cancillería. Para el Ejecutivo, la presión por devolver el contrato a la firma tradicional está ligada a que esta misma empresa maneja gran parte del software y la logística electoral en el país.

En una rueda de prensa, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, subió el tono del debate sobre la financiación del sistema sanitario en Colombia. El alto funcionario desestimó las quejas de diversas Entidades Promotoras de Salud (EPS) sobre la supuesta insuficiencia de recursos y lanzó una pregunta que generó eco en todo el sector: “Cuando han tenido ganancias, ¿por qué no devuelven? ¿Por qué solo aparecen cuando dicen que les falta plata?”.

El jefe de la cartera de salud fue enfático al explicar la naturaleza jurídica y técnica de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) —el valor anual que el Estado reconoce por cada afiliado—, aclarando que no se trata de un «presupuesto ilimitado», sino de una prima de aseguramiento.

Jaramillo recordó que las EPS funcionan bajo una lógica de seguros. En este modelo, la UPC es la prima que el Gobierno paga para que las entidades asuman el riesgo y garanticen la atención.

“Las EPS son aseguradoras y la UPC es una prima. No es un presupuesto. No es que después digan ‘no me alcanzó la plata, denme más’”, afirmó el ministro, cuestionando que las utilidades registradas en años anteriores y en sus esquemas de integración vertical no sean mencionadas por las entidades en momentos de crisis.

Frente a las críticas de algunos sectores que aseguran que el valor de la UPC es insuficiente para cubrir la demanda actual, el ministro defendió la metodología del Gobierno Nacional. Aseguró que la cifra no es arbitraria, sino que responde a:

Estándares internacionales de salud y aseguramiento.

Información histórica reportada por las mismas EPS.

Cálculos de probabilidades sobre los costos esperados de los servicios.

“No nos inventamos nada hoy. Esto tiene más de veinte años y se basa en la información que entregan las EPS para garantizar la financiación de los servicios de salud”*, sentenció el Dr. Jaramillo, reiterando que el modelo de transferencia de riesgo obliga a las aseguradoras a responder por la atención sin pretender que el Estado cubra déficits derivados de una gestión ineficiente.

El Ministerio de salud ratificó que mantendrá su posición técnica sobre la suficiencia de la UPC, cerrando la puerta a entregas de recursos adicionales que no estén debidamente sustentadas bajo la lógica del aseguramiento vigente desde hace dos décadas.

La temperatura de la contienda política hacia 2026 alcanzó un nuevo pico de confrontación tras las explosivas declaraciones de la exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial, Claudia López. A través de su cuenta en X, López lanzó un ataque directo contra el abogado Abelardo de la Espriella, acusándolo de intentar excluirla de los escenarios de debate nacional por «miedo» a sus denuncias.

La reacción de López surge en medio del cruce de retos entre De la Espriella e Iván Cepeda, sugiriendo que el abogado habría puesto condiciones para no compartir escenario con ella.

Fiel a su estilo combativo, López recordó su trayectoria en la vida pública y su papel en las investigaciones sobre los vínculos entre la política y el paramilitarismo en Colombia, una bandera que decidió ondear nuevamente para cuestionar la valentía de su contendor.

«Sabe que mis denuncias en la justicia pusieron 108 corruptos del narcoparamilitarismo en la cárcel. No soy la tibia que callará sino que debatirá», sentenció la precandidata.

En uno de los apartes más comentados de su publicación, López apeló al sarcasmo para referirse al sobrenombre de «El Tigre» con el que De la Espriella se identifica en su campaña. Lo calificó como un «tigre therian de papel», una alusión que encendió las redes sociales y que busca restarle peso a la imagen de hombre fuerte y decidido que el jurista proyecta.

Para Claudia López, la supuesta exigencia de De la Espriella de sacarla de la conversación es una señal de debilidad. «Tanto miedo me tiene que la única condición que pone para debatir es que me excluyan», afirmó, dejando claro que no permitirá que la carrera presidencial se convierta en un duelo cerrado entre sectores que, según ella, evaden la confrontación directa con su propuesta.

Hasta el momento, Abelardo de la Espriella no ha respondido oficialmente a estos señalamientos, pero el mensaje de López ya marca una nueva línea de batalla: la lucha por no quedar fuera de los grandes debates televisados que los medios de comunicación han empezado a organizar tras los retos aceptados este fin de semana.

La tensión política en Colombia alcanzó un nuevo punto de ebullición tras un prolongado y agudo intercambio de mensajes en la red social X entre el presidente Gustavo Petro y el precandidato presidencial Sergio Fajardo. El eje de la disputa: la transparencia del sistema electoral y la integridad del software de escrutinios de cara a los comicios del próximo 31 de mayo.

La confrontación inició cuando Fajardo calificó como «irresponsables» las dudas sembradas por el mandatario sobre el sistema de votación, acusándolo de alimentar una confrontación de la que se beneficia políticamente.

El presidente Petro defendió su postura invocando la «duda metódica» y centró sus críticas en la firma Thomas Greg & Sons, encargada del software de escrutinios. Según el mandatario, existe un desacato a una sentencia del Consejo de Estado de 2018 que ordenaba al Estado adquirir un software propio, debido a las vulnerabilidades del sistema actual.

«¿Por qué el registrador no nos entrega el código fuente del software para que sea auditado por expertos?», cuestionó Petro, quien además hizo un llamado a organizar un «ejército» de un millón de testigos electorales y miles de abogados para vigilar las mesas y los escrutinios.

La respuesta de Sergio Fajardo fue un decálogo de críticas en el que acusó al presidente de manipular la realidad y desobedecer órdenes judiciales. Fajardo recordó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya falló en contra de las afirmaciones de fraude de Petro, ordenándole rectificar.

Fajardo Señaló que la diferencia entre el preconteo y el escrutinio en las pasadas elecciones del 8 de marzo fue de apenas 0,28%, lo cual calificó como «consistencia» y no fraude.

Aseguró que observadores de la Unión Europea y firmas como JAHV McGregor ya verificaron la transparencia del sistema.

Comparó la estrategia de Petro con lo ocurrido en Brasil y Estados Unidos, donde la desinformación sobre las urnas derivó en asaltos a los poderes públicos.

Fajardo concluyó su intervención acusando a Petro de someter la dignidad presidencial a sus «filias y fobias», prometiendo un «cambio serio y seguro» que represente a todos los sectores. «Las naciones serias lo son cuando sus presidentes respetan sus propias leyes y sentencias», sentenció el candidato de la coalición de centro.

Por su parte, Petro se mantuvo firme en que, mientras no exista un software propiedad del Estado y acceso total al código fuente, mantendrá sus dudas para «garantizar la transparencia» de los once millones y medio de votos que lo eligieron.

Este choque dialéctico ocurre en un momento crítico, cuando las encuestas muestran un panorama altamente polarizado y la confianza en las instituciones electorales se convierte en el principal campo de batalla discursivo de los candidatos.