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En Vilches, Cereté polémica por elecciones comunales

Una polémica se suscitó en el barrio Vilches en el marco de elecciones comunales que se harán el 26 de abril en Cereté supuestamente algunos comunales existe «rosca» la actual Junta, busca “atornillarse en el poder”. Y por tal motivo algunos líderes sociales revelaron supuestos posibles vicios de legalidad en los procedimientos.

¿Cuál es la queja?

Aparentemente inconsistencias en el censo electoral, presuntamente basado en un libro de afiliados y bajo una modalidad virtual. Sin embargo, Pedro Ogaza Paternina, comunal de esa localidad se defendió y explicó mediante comunicado a la Opinión pública: “la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Vilches, nos permitimos informar, apego a la Legalidad del proceso y es falso que se esté adelantando un proceso bajo una «modalidad virtual» para eludir controles. Nos apegamos al marco Legal el Decreto 1501 de 2023 del Ministerio del Interior.

El censo electoral es fruto de un proceso de inscripción público y abierto. No existen libros «amañado». Además expuso en su documento que: la difamación no solo ataca a los líderes, sino que deslegitima la voluntad de todo un barrio que desea avanzar con orden y legalidad. Concluye el comunicado.

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Guerra de trinos: Duque acusa deterioro de la salud y Petro le reclama por «enriquecer» a las EPS.

Una nueva batalla verbal se desató en la red social X entre el expresidente Iván Duque y el actual mandatario Gustavo Petro, teniendo como eje central el estado actual y pasado del sistema de salud en Colombia. El cruce de mensajes puso en evidencia las visiones opuestas que ambos líderes sostienen sobre la estructura sanitaria del país y su capacidad de respuesta ante emergencias.

El intercambio inició con un mensaje del expresidente Duque, quien defendió la gestión realizada durante su mandato frente a la crisis del COVID-19. “Cuando nos correspondió enfrentar la pandemia, lo hicimos con el sistema de salud que tenía Colombia para responder a ese desafío global. Hoy vemos cómo ese sistema lo han venido deteriorando”, afirmó Duque, lanzando una crítica directa a las políticas de la actual administración.

La réplica de Petro: «Sistema mercantil»

La respuesta del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar, cuestionando la naturaleza del modelo que Duque defendió. Petro señaló que su antecesor operó bajo un esquema condicionado por la Ley 100, al cual calificó de «sistema de salud mercantil».

En un tono confrontativo, Petro reprochó a Duque no haber utilizado sus facultades presidenciales para transformar el modelo durante la emergencia. “Usted respondió al COVID-19 con el sistema de salud mercantil… debió ahí mismo reformarla por usted mismo, tenía la facultad para hacerlo y no lo hizo”, sentenció el mandatario.

*Debate por los recursos públicos

El punto más álgido de la réplica de Petro fue la acusación sobre el manejo de los fondos públicos durante la crisis sanitaria. El actual presidente afirmó que el gobierno anterior “terminó entregando casi 10 billones de pesos de la riqueza nacional a los dueños privados de las EPS”, sugiriendo que esos recursos pudieron haber sido utilizados para fortalecer una red pública en lugar de beneficiar a intermediarios privados.

Este enfrentamiento ocurre en un momento crítico, mientras el Congreso y la opinión pública debaten la reforma a la salud impulsada por el Ejecutivo, la cual busca, precisamente, eliminar la intermediación de las EPS y transitar hacia un modelo preventivo y estatal, propuesta que sectores afines a Duque consideran un riesgo para los avances logrados en las últimas décadas.

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Senador Antonio Correa arremete contra el bono escolar: «Es un golpe a la educación pública y a la Constitución»

Una fuerte estocada recibió el Proyecto de Ley 056 de 2024, que busca implementar el bono escolar en Colombia. El senador Antonio Correa anunció su respaldo total a la ponencia de archivo de la iniciativa, lanzando una dura advertencia sobre los riesgos jurídicos, fiscales y éticos que representaría convertir la educación en lo que denominó «un negocio de la politiquería».

A través de una constancia en la plenaria del Senado, Correa desglosó los motivos por los cuales el proyecto es, a su juicio, inviable y peligroso para la estabilidad del país. El congresista fue enfático al señalar que la propuesta no solo carece de sustento técnico, sino que desafía directamente el ordenamiento constitucional colombiano.

Uno de los argumentos centrales de Correa radica en un conflicto de jerarquía normativa. Según explicó, el proyecto pretende modificar la Ley 715 de 2001 (de carácter orgánico) mediante una ley ordinaria, lo cual es jurídicamente improcedente.

«La Constitución es clara: las leyes orgánicas tienen un trámite especial y una jerarquía superior»*, precisó el senador, recordando además que la Corte Constitucional, en la sentencia C-560 de 1997, ya declaró inviables figuras similares por vulnerar el derecho fundamental a la educación y el principio de igualdad.

El aspecto económico es otro de los puntos de quiebre. Correa denunció que el proyecto ordena gastos sin el concepto previo del Ministerio de Hacienda, lo que lo condena al fracaso judicial. El senador reveló cifras preocupantes sobre el déficit educativo:

Déficit actual: Para 2025 se estiman gastos de $47.5 billones frente a ingresos de solo $44.3 billones.

Sobrecosto del bono: La iniciativa aumentaría los costos en hasta $2 billones anuales, alcanzando un impacto de $11.1 billones adicionales para el año 2029.

¿Negocio para la politiquería?

Finalmente, el senador Correa lanzó una ácida crítica sobre el uso de la educación contratada en las regiones. Aseguró que en muchas zonas del país se utiliza la insuficiencia del sistema público para beneficiar intereses privados, a menudo en detrimento de los niños más vulnerables.

«No vamos a permitir que conviertan la educación en un negocio», sentenció Correa, reafirmando que el presupuesto debe seguir destinado a la nómina, infraestructura y calidad de los colegios oficiales, y no desviarse hacia un modelo de vouchers que, según su tesis, debilitaría la base del Estado Social de Derecho.

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Petro lanza dura crítica al sistema de salud: «Es un negocio que se nutre del erario»

A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro volvió a encender el debate sobre la reforma a la salud en Colombia. En una reciente publicación, el mandatario denunció lo que considera una acumulación desmedida de riqueza por parte de un sector de la red privada, a expensas de la calidad en la atención de los ciudadanos.

​Las cifras de la controversia

​El jefe de Estado presentó datos comparativos sobre las utilidades de un grupo selecto de prestadores de salud, señalando un crecimiento exponencial en sus ganancias en los últimos cuatro años:

​2021: 150 clínicas privadas generaron utilidades por 4,2 billones de pesos.

​2025: Esa cifra ascendió a 7,2 billones de pesos.

​Según el mandatario, esta «inmensa fortuna» no es producto de la eficiencia empresarial, sino de un desvío de recursos públicos (erario) hacia manos privadas.

El modelo del «ahorro» a costa del paciente

​La crítica de Petro no se limitó a los números. El presidente explicó la mecánica detrás de estas utilidades, asegurando que el sistema actual incentiva la reducción de costos operativos de manera agresiva.

​»Se obtiene al bajar los costos de las atenciones a los pacientes, minimizan al máximo sus tratamientos y suben los costos que serán utilidades para el dueño de la clínica», afirmó tajantemente en su publicación.

El mensaje del presidente también llevó un fuerte componente político. Petro responsabilizó directamente al Senado de la República por el estancamiento de su propuesta de reforma, sugiriendo que el mantenimiento del status quo solo beneficia a los propietarios de estas instituciones.

​Para el Gobierno, estas cifras son la prueba reina de que el sistema actual prioriza el lucro sobre el derecho fundamental a la salud, una tesis que sigue siendo el eje central de su agenda legislativa y que promete seguir tensionando la relación con los sectores gremiales y el Congreso.

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Gobierno Nacional fortalece la salud en Chinú: Ministro Jaramillo inspeccionó obras en el Hospital San Rafael

Con el objetivo de transformar la atención hospitalaria en el departamento de Córdoba, el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, realizó una visita técnica a las obras de ampliación del Hospital San Rafael de Chinú. Durante el recorrido, el jefe de la cartera de salud verificó los avances de una infraestructura que busca elevar la categoría y capacidad de respuesta de este centro asistencial.

La inversión para este proyecto asciende a los $2.204 millones, recursos destinados por el Gobierno Nacional tanto para la adecuación física como para la dotación de equipos de última tecnología. Además de la obra civil, el ministro confirmó la proyección de $760 millones adicionales, los cuales serán inyectados para el fortalecimiento de los servicios médicos de la ESE, garantizando que la operación sea sostenible y de alta calidad.

El ministro Jaramillo enfatizó que esta intervención hace parte de la estrategia nacional para descentralizar los servicios especializados, permitiendo que las familias de Chinú y municipios vecinos no tengan que desplazarse a grandes ciudades para recibir atención compleja.

«Estamos verificando que cada peso invertido se traduzca en una mejor capacidad resolutiva para el municipio. Queremos hospitales dignos y dotados para el pueblo», señaló el funcionario durante su jornada de inspección.

Con la entrega de estas obras, el Hospital San Rafael pasará a ser un eje fundamental en la red de salud de la zona, mejorando significativamente los tiempos de atención y la eficiencia en la prestación de servicios básicos y especializados. El Ministerio de Salud aseguró que mantendrá el seguimiento técnico para que la entrega definitiva de la infraestructura se cumpla dentro de los plazos establecidos.

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Fuerte choque entre camionetas de alta gama en Berástegui

Un aparatoso siniestro de tránsito se registró hace pocos minutos sobre la vía que comunica al sector de Berástegui, en inmediaciones de la sede de la Universidad de Córdoba. El siniestro, que ha generado traumatismos en la movilidad de esta zona, involucró a dos camionetas de alta gama.

De acuerdo con las primeras imágenes y reportes ciudadanos desde el lugar de los hechos, uno de los vehículos implicados es una Toyota de color blanco, la cual sufrió daños de gran consideración en su parte frontal, evidenciando la magnitud del impacto. Hasta el momento, no se ha entregado un reporte oficial sobre el estado de salud de los ocupantes de ambos vehículos ni se ha confirmado si hubo personas heridas de gravedad.

Conductores que transitaban por la zona dieron aviso inmediato a las unidades de la Policía de Tránsito y Carreteras, que se desplazan al sitio para realizar el peritaje correspondiente, establecer las causas del choque y coordinar el retiro de los automotores que obstruyen parcialmente el paso.

Se recomienda a los viajeros que se desplazan entre Montería y los municipios de la zona del Medio Sinú transitar con precaución, mientras se esclarece si el exceso de velocidad o una presunta imprudencia vial desencadenaron este fuerte siniestro en una de las arterias más importantes del departamento.

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Policía de montería blinda el centro de detención transitorio

¡Golpe a la inseguridad tras las rejas!

En una ofensiva contundente contra el crimen y bajo la premisa de “Dios y Patria”, la Policía Nacional de todos los colombianos, a través del comando del CAI Cantaclaro, lideró un operativo relámpago de registro y control en el Centro de Detención Transitorio de la ciudad.

Bajo el liderazgo del Señor Capitán Francisco Javier Luna Herazo, Comandante del CAI Cantaclaro, y en una acción coordinada con unidades de élite como DMA, FUDIS, SIJIN y SIPOL, se desplegó una minuciosa inspección bloque a bloque. El objetivo: neutralizar cualquier amenaza que ponga en riesgo la integridad de los detenidos y la seguridad de la ciudadanía.

La «Operación Transparencia» permitió la incautación de elementos prohibidos que representan un riesgo directo para la convivencia y la seguridad ciudadana, logrando el decomiso de:

Tecnología fuera de juego: elementos tecnológicos con sus respectivos accesorios de carga, el cual presuntamente podría ser utilizado para coordinar actividades ilícitas desde el interior.

Armas neutralizadas: Diversos elementos cortopunzantes de fabricación artesanal, con los que se pretendía alterar el orden y posiblemente causar lesiones personales o facilitar intentos de fuga.

«No daremos tregua a quienes intentan burlar la ley, ni siquiera desde los centros de detención. Con estas intervenciones garantizamos que el CDT sea un espacio controlado, evitando extorsiones externas y riñas internas», manifestó la institución.

Esta estrategia es parte integral del plan preventivo para impedir fugas y salvaguardar la vida. Con estas acciones, la Policía Nacional en Montería reafirma su compromiso de mantener el orden y la autoridad, demostrando que la seguridad se construye con control estricto y vigilancia permanente.

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Tres capturados en flagrancia por receptación y recuperación de vehículo en vías de Córdoba

Los indiciados presentan antecedentes por diferentes delitos

En desarrollo de actividades de control y prevención, la Policía Nacional a través de unidades adscritas uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte, capturó a tres personas en flagrancia por el delito de receptación, logrando además la recuperación de un vehículo y la incautación de equipos móviles.

El procedimiento se llevó a cabo en la vía que conduce de la ciudad de Montería hacia Lorica, durante la actividad, los uniformados lograron la captura de tres personas que se movilizaban en un vehículo tipo automóvil. Al verificar los sistemas de identificación, se evidenciaron inconsistencias en el número de chasis, estableciendo que el automotor presentaba reporte por hurto, motivo por el cual fue recuperado e inmovilizado.

En el procedimiento también fueron incautados cuatro teléfonos celulares, los cuales quedaron a disposición de las autoridades competentes como elementos materiales de investigación.

Es de resaltar que los capturados registran antecedentes judiciales por diferentes delitos, entre ellos hurto en varias modalidades, secuestro simple, concierto para delinquir, cohecho, porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar, lo que evidencia su presunta reincidencia en actividades delictivas.

Los implicados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de receptación, tipificado en el artículo 447 del Código penal colombiano.

El artículo señala: el que sin haber tomado parte en la ejecución de la conducta punible adquiera, posea, convierta o transfiera bienes muebles o inmuebles, que tengan su origen mediato o inmediato en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y multa de seis punto sesenta y seis (6.66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.

El Departamento de Policía Córdoba informó que, en lo corrido del año 2026, se ha logrado la captura de 924 personas por diferentes delitos, de las cuales 846 han sido en flagrancia. Asimismo, se han recuperado 15 vehículos y 92 motocicletas.

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través de las líneas 123 y 3227021245, garantizando absoluta reserva, con el fin de continuar fortaleciendo la seguridad y convivencia en el departamento.

*¡Somos la Policía de los colombianos!*

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Colombia conmemora este viernes el Día Cívico de la Paz con la Naturaleza

El Gobierno nacional conmemora este 17 de abril el Día Cívico de la Paz con la Naturaleza, en cumplimiento del Decreto 0500 del 18 de abril de 2024, que establece esta fecha como una jornada para promover la reflexión y el compromiso con el cuidado de los recursos naturales.

La disposición se fundamenta en principios constitucionales sobre la protección de la vida y el entorno. En ese sentido, el decreto recuerda que las autoridades están instituidas para “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”, así como para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Asimismo, destaca que “toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad, y obrar conforme al principio de solidaridad social”, especialmente ante situaciones que puedan poner en riesgo la vida o la salud.

En materia ambiental, el decreto retoma lo establecido en la Constitución Política al indicar que “todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano” y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, así como fomentar la educación para su preservación.

De acuerdo con la normativa, esta conmemoración tiene carácter de día no hábil laboralmente y busca promover acciones cotidianas orientadas al cuidado de los recursos naturales.

En ese marco, el Día Cívico de la Paz con la Naturaleza se plantea como una oportunidad para fortalecer la relación entre la sociedad y el entorno, a partir de prácticas responsables que contribuyan a su protección.

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Planeación Nacional destaca avances en investigaciones de la Fiscalía contra entidades ejecutoras por posibles irregularidades

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Subdirección del Sistema General de Regalías (SGR) resaltaron el anuncio de la Fiscalía General de la Nación acerca del avance de las investigaciones con relación a presuntos actos de corrupción de entidades ejecutoras de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

Al respecto, la directora del DNP, Natalia Irene Molina, manifestó que los recursos que provienen de las regalías les pertenecen a las comunidades más vulnerables del país.

“Ninguna entidad ejecutora que bajo prácticas sospechosas esté administrando estos recursos puede estar exenta de investigaciones y quienes se roben estos recursos deben ser condenados. Seguiremos trabajando de manera decidida con la Fiscalía y los órganos de control para garantizar que los recursos de las regalías se administren con transparencia, eficiencia y lleguen efectivamente a las comunidades que más los necesitan», recalcó.

El DNP indicó que en agosto del 2024 se ofició a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación la información sobre 2.094 proyectos con plazos de ejecución vencida y/o contratos suspendidos, después del seguimiento y la revisión exhaustivas por parte de los equipos técnicos en los que se advirtieron presuntas irregularidades en la ejecución de los recursos por parte de entidades ejecutoras.

Junto a esta información se puso en conocimiento de dichas autoridades el reporte de 146 proyectos visitados que presentaban irregularidades. Entre esta información, se presentó el caso de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca).

En el marco de esta denuncia, se suscribió el Acuerdo de Cooperación No. 855 de 2025 entre el DNP y la Fiscalía, cuyo objeto es: “aunar esfuerzos institucionales, humanos, técnicos y logísticos, entre la Fiscalía General de la Nación y el Departamento Nacional de Planeación».

A partir de este acuerdo se ha venido trabajando de manera fluida y constante con el propósito de luchar contra la corrupción en el marco del Sistema General de Regalías. Desde febrero del 2026 se han adelantado diversas mesas de trabajo en las que el SGR y los órganos de control han trabajado de manera articulada.

​Plan de​ mejora del Sistema de Regalías

Al mismo tiempo, el Sistema de Regalías del DNP adelanta acciones como plan de mejora frente a los riesgos identificados:

Lanzó, a finales de 2025, la Nueva Metodología de Medición del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR), una metodología que mide el desempeño de los ejecutores y fortalece la transparencia en la ejecución de proyectos financiados con recursos del sistema, bajo el análisis y verificación de la información entregada por las entidades.

Está diseñando un servicio integrado de atención a usuarios unificado que elimine las intermediaciones y haga transparente el acceso a las convocatorias del sistema.

Hace un análisis integral de la normativa del sistema para identificar los cambios de fondo que se necesitan para garantizar el desarrollo territorial, la planificación regional, la equidad social y regional.

El Departamento Nacional de Planeación y la Subdirección del Sistema General de Regalías siguen articulando esfuerzos con todos los organismos de control y la Fiscalía para garantizar el control y la transparencia.

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