Mes: abril 2026

El Gobierno nacional, a través de distintas entidades, avanza en la ejecución y entrega de proyectos clave en Ciénaga de Oro, Córdoba, que serán presentados este miércoles con la presencia del presidente Gustavo Petro, como parte de la apuesta por cerrar brechas sociales en el Caribe colombiano.

​Uno de los principales hitos es la puesta en marcha de la fase I de la nueva sede ‘Aureliano Buendía’ del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), un proyecto que fortalece la educación técnica y tecnológica en la región. Esta infraestructura cuenta con una inversión inicial cercana a los 10 mil millones de pesos, mientras que el costo total proyectado supera los 63 mil millones en sus dos fases.

El centro de formación del Sena beneficiará directamente a habitantes de municipios como Ciénaga de Oro, Cereté, San Pelayo, Chinú, Sahagún, San Andrés de Sotavento, San Carlos, Chimá y Pueblo Nuevo, con impacto adicional en Montería, Sucre y Antioquia.

La sede contará con laboratorios especializados, áreas administrativas, zonas verdes y escenarios deportivos, consolidándose como un nodo de desarrollo productivo en el Caribe.

En materia de servicios públicos, el Gobierno del presidente Petro también impulsa el proyecto que garantizará el suministro continuo de agua potable en el municipio.

Tras la adjudicación de la interventoría, ya iniciaron las obras de la línea de impulsión que permitirá servicio de acueducto las 24 horas al día, beneficiando a más de 70.500 personas.

La iniciativa contempla una inversión superior a los 56.400 millones de pesos por parte de la Nación, con aportes adicionales de la Gobernación de Córdoba y el municipio. El proyecto incluye la construcción de una nueva línea que conectará la planta de tratamiento de agua potable de Cereté con Ciénaga de Oro, aumentando el caudal disponible y extendiendo beneficios indirectos a zonas como Sahagún.

En ese contexto, la ministra de Vivienda, Helga María Rivas Ardila, subrayó el alcance estructural de la inversión y afirmó que “esta inversión, con recursos priorizados por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, es más que una obra de ingeniería».

Además, explicó el trasfondo de la intervención al señalar que “es la materialización de una decisión política orientada a cerrar brechas históricas en el acceso al agua potable y ordenar el territorio alrededor de este bien común».

Sobre los impactos concretos en la población, destacó que “cuando el servicio es continuo, disminuyen los riesgos en salud, se fortalecen las economías locales y se crean condiciones reales para la permanencia digna y segura en el territorio».

Finalmente, enfatizó el enfoque integral de la política pública al concluir que “allí convergen la justicia social y ambiental, al igual que la paz territorial: en hacer efectivo el derecho al agua como eje de equidad y progreso para las comunidades», destacó la ministra Helga Rivas.

A estas iniciativas se suma la entrega de una cancha de fútbol en el corregimiento de Berástegui, construida con una inversión de 10.257 millones de pesos por parte del Ministerio del Deporte.

El escenario, que incluye gradas cubiertas, cerramiento y una cancha sintética para fútbol 9, beneficiará a más de 7.000 habitantes y durante su construcción generó 328 empleos.

Con estas obras, el Gobierno nacional busca consolidar una intervención integral en Córdoba, combinando educación, acceso a servicios básicos y espacios para el deporte como pilares para el desarrollo de la Costa Caribe.

La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca exaltar como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación el Concurso Nacional de Bandas Folclóricas Miguel Emiro Naranjo Montes, que se realiza anualmente en el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

La iniciativa, liderada por la representante a la Cámara Ana Paola García, tiene como objetivo fortalecer el reconocimiento de esta manifestación cultural, destacando su aporte a la conservación, promoción y divulgación de la música tradicional de bandas folclóricas en Colombia.

“El Concurso de Bandas de Planeta Rica es un símbolo de identidad para Córdoba y para la región Caribe. Este proyecto busca protegerlo, visibilizarlo y garantizar su permanencia en el tiempo”, explicó la congresista.

El proyecto también contempla que el Ministerio de Cultura, en articulación con la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía de Planeta Rica, pueda brindar apoyo técnico, logístico y financiero para el fortalecimiento de este importante evento cultural, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

Además, se busca avanzar en procesos de reconocimiento y protección de esta manifestación, promoviendo su inclusión en la lista indicativa de patrimonio cultural y la formulación de un Plan Especial de Salvaguardia.

Con esta aprobación en primer debate, la iniciativa continúa su trámite en el Congreso de la República, consolidándose como un paso clave para la preservación de las tradiciones musicales del país.

A menos de dos meses de las elecciones presidenciales, la plenaria del Senado fue escenario de un feroz enfrentamiento entre los precandidatos Paloma Valencia e Iván Cepeda. La chispa que encendió el debate fue una declaración de Roy Barreras, quien sugirió que la liberación de cabecillas criminales tendría como fin mejorar el caudal electoral de Cepeda en los territorios.

Valencia abrió fuego acusando al Pacto Histórico de obtener votos «a punta de fusil» y de levantar órdenes de captura a criminales con fines electorales. La senadora del Centro Democrático sostuvo que el apoyo del 54% obtenido por dicha coalición en zonas de alto riesgo electoral no es coincidencia, sino el resultado de presiones armadas.

La respuesta de Cepeda fue inmediata y punzante. El senador tildó de «descarada» a Valencia y le exigió «un poco de vergüenza», recordándole la condena de Ciro Ramírez por el robo de recursos de la paz. Además, escaló el ataque mencionando al expresidente Álvaro Uribe, pidiéndole explicaciones sobre las masacres de «Los 12 Apóstoles».

Antes de que Cepeda abandonara el recinto, Valencia remató afirmando que, a diferencia de su colega, ella no tiene «fotos abrazada con criminales» ni interviene para liberar asesinos. El episodio ratifica que, ante la cercanía de la primera vuelta el próximo 31 de mayo, el Congreso ha dejado de ser un espacio legislativo para transformarse en la principal vitrina de la campaña presidencial.

La exconsejera presidencial Sandra Ortiz

, implicada en el escándalo de la UNGRD, solicitó su libertad inmediata por vencimiento de términos. Su defensa argumentó que han pasado 440 días desde la radicación del escrito de acusación sin que inicie el juicio, superando el límite legal de 240 días.

Durante la audiencia, Ortiz rompió el silencio para calificar a la Fiscalía de «tramposa» y acusarla de actuar de «mala fe». La exfuncionaria, detenida desde diciembre de 2024, denunció que no ha tenido acceso pleno a las pruebas, consistentes en más de 100.000 archivos, lo que vulnera su derecho a la defensa.

Ortiz es procesada por presunto lavado de activos y tráfico de influencias, señalada de intermediar en sobornos para congresistas. La juez suspendió la diligencia para verificar el expediente y anunció que la decisión se tomará el próximo 16 de abril.

El Partido Liberal colombiano atraviesa una profunda crisis de cohesión interna que quedó en evidencia tras la reciente reunión de bancadas en la residencia del expresidente César Gaviria. Pese a contar con el respaldo del 100% de sus congresistas electos en la cita, la colectividad fue incapaz de anunciar un apoyo unificado para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. Esta parálisis política ha obligado a postergar cualquier definición oficial hasta el próximo 20 de abril, dejando al partido en una fase de incertidumbre donde el peso de sus 13 senadores en el nuevo Congreso no se traduce en una dirección clara, sino en un mapa de intereses fragmentados.

La falta de consenso responde a una división interna donde conviven visiones ideológicas opuestas y apuestas regionales dispersas. Mientras figuras como el senador electo Héctor Olimpo Espinosa muestran afinidad hacia la candidatura de Paloma Valencia —quien sumó recientemente el respaldo de María Paz Gaviria—, otros sectores, como el liderado por la senadora electa María Eugenia Lopera, presionan por obtener libertad para apoyar distintas campañas, incluyendo la de Iván Cepeda. Esta dispersión se agrava con movimientos previos, como el de Mauricio Gómez Amín en favor de Abelardo de la Espriella, lo que confirma que una parte significativa de la bancada ya está operando por fuera de la disciplina de partido.

​A esta complejidad interna se suma la presión externa de figuras históricas como el expresidente Ernesto Samper, quien ha advertido sobre la inconveniencia de imponer una línea única desde la dirección nacional, sugiriendo en su lugar que se respete la autonomía de los congresistas para elegir entre las opciones en competencia. El debate de fondo no es solo nominal, sino estratégico: el liberalismo debe decidir si actúa como un bloque sólido con capacidad de negociación frente al próximo gobierno o si se resigna a ser una suma de voluntades individuales sin un norte institucional definido.

Con el reloj electoral en marcha, el periodo que resta hasta el 20 de abril será decisivo para determinar si el partido logra rescatar su vocación de poder unificada. La renovación de la bancada, donde solo tres senadores repiten curul, presenta un desafío adicional de liderazgo para César Gaviria, quien intenta ordenar una colectividad que, aunque mantiene su relevancia numérica en el legislativo, se encamina a la elección presidencial con sus banderas repartidas entre múltiples orillas políticas.