La comunidad educativa de Montería se encuentra en estado de alerta tras los recientes y graves casos de matoneo denunciados en el Colegio La Salle. Lo que comenzó como una denuncia en redes sociales por parte de madres de familia, ha escalado hasta convertirse en una crisis institucional que enfrenta a padres, directivas y autoridades locales bajo la sombra del miedo y la exigencia de justicia.
*El «plantón del silencio»: Temor a represalias*
Para el pasado martes 15 de abril se había convocado una jornada de protesta frente a las instalaciones del plantel; sin embargo, la convocatoria fracasó en su ejecución física. Según informes de medios locales y testimonios de los propios acudientes, el motivo detrás de la cancelación no fue la falta de indignación, sino el temor a represalias.
Muchos padres de familia manifestaron su preocupación de que, al quedar expuestos en una manifestación pública, las directivas pudieran tomar medidas disciplinarias o generar un ambiente hostil contra sus hijos. Esta situación ha evidenciado una profunda fractura en la confianza entre la comunidad de padres y el cuerpo docente, en un contexto donde se denuncian agresiones físicas graves, incluyendo un caso que terminó en fractura de tabique y la necesidad de intervenciones quirúrgicas para un menor.
*CONACED respalda a la rectoría mientras padres exigen renuncias*
En medio del escándalo, la La Confederación Nacional Católica de Educación ( CONACED Córdoba) emitió un comunicado oficial en el que cierra filas en torno a la institución. El gremio de educación católica rechazó todo acto de violencia, pero fue enfático en brindar un respaldo total a la rectora Katherine María Toscano Villegas. CONACED instó a la opinión pública a respetar el «debido proceso» y la confidencialidad de los hechos, asegurando que el actuar de la directiva ha sido íntegro y conforme a la ley.
Esta postura choca de frente con la intención de un grupo de padres que ya prepara una comunicación dirigida a la cúpula de la comunidad de los Hermanos de La Salle en Medellín. Los acudientes solicitan el relevo inmediato de la cúpula directiva, calificando de «negligente e inepta» la gestión actual frente a los casos de matoneo, uso de cigarrillos electrónicos (vapers) y presuntas humillaciones registradas en video dentro de los baños del colegio.
*La Alcaldía de Montería interviene: Protección a la infancia por encima de todo*
Ante la presión mediática y el riesgo de revictimización, la Alcaldía de Montería, a través de la Secretaría de Educación, emitió un pronunciamiento contundente el pasado 7 de abril. El secretario Marino Gómez Argumedo hizo un llamado urgente a la «protección responsable» de los menores, rechazando no solo la violencia escolar, sino también la difusión indiscriminada de imágenes y videos que identifiquen a los implicados.
La administración municipal confirmó que ya se solicitó la activación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y no descartó la convocatoria del Comité Municipal de Convivencia Escolar para intervenir de fondo en la problemática. La Alcaldía enfatizó que la protección de los niños y adolescentes debe prevalecer sobre cualquier otro interés y pidió a los medios y padres actuar con apego a la ley.
A pesar del cruce de comunicados, el respaldo institucional y las advertencias legales de la administración municipal, el ambiente en las afueras de La Salle sigue siendo de tensión. Mientras las directivas apelan al derecho a la defensa y al proceso administrativo, las familias de las víctimas insisten en que los protocolos han fallado.
Al cierre de esta edición, la comunidad educativa de Montería permanece expectante. Entre comunicados oficiales y denuncias ciudadanas, la opinión pública coincide en un solo punto: la gente sigue esperando soluciones reales que garanticen que las aulas vuelvan a ser espacios seguros y no escenarios de vulnerabilidad para los menores de edad.
