En una decisión que marca un punto de giro para la empresa más importante de Colombia, la Junta Directiva de Ecopetrol autorizó este lunes 6 de abril una licencia no remunerada al presidente de la compañía, Ricardo Roa Barragán. La determinación se produce en medio de una tormenta judicial y tras la creciente presión de la Unión Sindical Obrera (USO), que ya había solicitado formalmente su dimisión.
La salida temporal de Roa ocurre apenas días después de que la Fiscalía General de la Nación lo imputara por el presunto delito de tráfico de influencias de servidor público. El proceso busca establecer si el directivo utilizó su cargo para favorecer intereses de particulares en negocios relacionados con Hocol, filial de la petrolera, presuntamente vinculados a la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá.
Para garantizar la continuidad operativa y la estabilidad en los mercados, la Junta Directiva designó como presidente encargado a Juan Carlos Hurtado Parra.
Hurtado no es un extraño en la organización: se desempeña como primer suplente del presidente y cuenta con 28 años de experiencia en el sector energético. Es ingeniero electricista con un MBA en administración de negocios internacionales de petróleo y gas, y ha liderado áreas críticas como la Vicepresidencia de Exploración, Desarrollo y Producción. Su perfil técnico busca enviar un mensaje de calma a los inversionistas en un momento de alta volatilidad institucional.
El caso contra Roa Barragán se bifurca en dos frentes críticos:
*La transacción inmobiliaria: Se investiga la compra de un apartamento por 1.800 millones de pesos a una empresa vinculada al empresario Serafino Iácono. La Fiscalía indaga el rol de Juan Guillermo Mancera como presunto intermediario y garante de los pagos.
*Dinero en efectivo: El testimonio de Johny Giraldo, encargado de remodelar dicho inmueble, resultó detonante al denunciar la entrega de 2.000 millones de pesos en efectivo en una finca en Rionegro, Antioquia, por parte de personas de confianza de Roa.
Ricardo Roa, quien no aceptó los cargos y se declaró inocente ante el Juzgado 35 de control de garantías, ya arrastraba cuestionamientos por su gestión como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Cabe recordar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió sanciones previamente por la violación de los topes de financiación en dicha contienda.
Mientras dure la licencia, la justicia deberá determinar si los contratos adjudicados por Ecopetrol y sus filiales guardan relación con los beneficios inmobiliarios recibidos por Roa, quien insiste en que su patrimonio es de origen lícito y que la operación se ajustó a la ley.
