Mes: mayo 2026

FUERON CAPTURADAS 11 PERSONAS POR MILLONARIO FRAUDE A SUBSIDIOS DEL DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL EN TRES CIUDADES DEL PAÍS

Caen los presuntos responsables del robo de más de $3.000 millones destinados a las familias más vulnerables de Colombia

En el marco de la ofensiva contra la corrupción, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, propinó un contundente golpe a las estructuras criminales dedicadas al fraude electrónico, durante una operación simultánea llevada a cabo en las ciudades de Medellín, Barranquilla y Montería, donde se realizaron dos diligencias de registro y allanamiento y se hicieron efectivas 11 órdenes de captura por orden judicial de personas sindicadas por el presunto robo de más de $3.000 millones de pesos que habían sido destinados a las familias más vulnerables de Colombia.

De acuerdo con la investigación, esta organización criminal se especializaba en la suplantación de identidades y de puestos de cobro, para apropiarse ilegalmente de los recursos del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), los cuales estaban estrictamente destinados a mitigar la pobreza de familias en situación de alta vulnerabilidad.

El desvío ilícito de estos fondos estatales supera los $3.000 millones de pesos, afectando directamente las arcas de los programas sociales. Para lograr el cometido la organización delincuencial suplantaba las huellas dactilares de las víctimas; los peritos judiciales mediante minuciosos cotejos dactiloscópicos, lograron evidenciar que la red accedía de forma ilegal al software diseñado para enrolar las huellas de los beneficiarios legítimos, con el fin de modificar las mismas, por las del cabecilla de la organización y las de sus cómplices y así realizar los cobros fraudulentos.

Se trata de una investigación que duró más de un año en la cual investigadores del Área Anticorrupción de la DIJIN, recopilaron desde el año 2023 a la fecha suficiente material probatorio, con el que fue posible llegar a este resultado; fue la red multiservicios de giros, quien denunció inicialmente ante la fiscalía de las ilegalidades presentadas en varios de sus puntos de pago. Fueron varias auditorias internas que dieron fundamento para identificar la modalidad delictiva de la organización criminal.

Los investigadores lograron identificar a alias ‘Yeimar’ como presunto cabecilla y a sus integrantes quienes tenían roles criminales específicos dentro de la organización (reclutadores, cobradores y suplantadores); habían empezado a cobrar fraudulentamente los subsidios en la ciudad de Medellin y municipios del departamento de Antioquia, pero decidieron expandir su red criminal hacia las ciudades de Ibagué (Tolima), Monteria (Córdoba) y Barranquilla (Atlántico), donde buscaron lugares específicos para realizar falsificación de documentos de identidad, acceder abusivamente a los sistemas informáticos y captar colaboradores para realizar los cobros.

“Se pudo establecer que el dinero desviado correspondía a los subsidios de los programas estatales Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y la Unidad para las Víctimas Desplazadas por la Violencia, identificando más de 334 víctimas a nivel nacional, 49 denuncias penales y 69 quejas ante la red multiservicios. La investigación continua con la búsqueda de más integrantes y colaboradores de la organización criminal, entre estos, posibles funcionarios públicos quienes habrían entregado información privilegiada a la estructura criminal”: Afirma El Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, Director de Investigación Criminal e INTERPOL.

Durante los allanamientos fueron encontrados e incautados 9 computadores, 8 terminales telefónicas y 3 discos duros que serán sometidos a pruebas forenses para extraer información; también fueron halladas maquinas laminadoras, lectores biométricos, lectores de códigos de barras e insumos para la presunta creación ilícita de cedulas de ciudadanía.

Las 11 personas detenidas y los elementos materiales probatorios incautados durante los allanamientos, fueron presentados en audiencia pública ante un Juez de Control de Garantías quien dio legalidad a sus capturas y la Fiscalía General de la Nación les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, abuso de confianza calificado y falsedad personal.

Con este resultado operativo, la Policía Nacional reafirma su compromiso inquebrantable de proteger los recursos del Estado y garantizar que las ayudas sociales lleguen a los ciudadanos que más lo necesitan, neutralizando a quienes pretenden lucrarse mediante el uso ilegal de la tecnología.

En un acto de justicia histórica, defensa del patrimonio del Estado y compromiso con el campesinado humilde y trabajador, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) recuperó en zona rural de Valledupar (Cesar) los predios La Alquería y Caja de Ahorros, los cuales suman una extensión de 606 hectáreas y que, de manera ilegal, estaban en manos de Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, alias ‘Comandante Barbie’ o ‘Barbie’.

Estas propiedades, ubicadas en el corregimiento Aguas Blancas, representan la consolidación de un imperio ganadero que pasó de manos de familias tradicionales de la región a la sociedad Inversiones Rodríguez Fuentes S.A.S., vinculada a Hugues Manuel Rodríguez Fuentes. Estos bienes fueron adquiridos a través de una progresiva acumulación empresarial que buscaba blindar patrimonio ilícito.

Recientemente, en una asamblea campesina realizada en el parque Garupal de Valledupar, ante cerca de 1.500 campesinos y campesinas del departamento, el director de la ANT, Felipe Harman, anunció la entrega de estos bienes rurales a dos asociaciones campesinas.

Al intervenir estos dos predios, el Estado colombiano no solo recupera recursos destinados a indemnizar a las víctimas de las AUC, sino que también envía un mensaje contundente sobre la persecución de activos de origen ilícito destinados a la Reforma Agraria.

La investigación de la ANT sobre los predios indica que Hugues Manuel Rodríguez, reconocido como un poderoso ganadero en el Cesar, tuvo nexos con estructuras paramilitares, pues fue señalado de ser financiador y promotor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en esa zona del norte del país. Fue condenado en Colombia por promover la conformación de grupos paramilitares y estuvo preso en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

Durante la recuperación material de estos predios, la ANT encontró más de 1.500 cabezas de ganado, maquinaria pesada y cuartos destinados al enfriamiento de leche.

A diferencia de los mandos puramente militares en las AUC, Rodríguez Fuentes utilizó su condición de ganadero y empresario para servir como articulador financiero y político del Bloque Norte de las Autodefensas, bajo el mando de alias ‘Jorge 40’.

Su relevancia lo llevó a ser incluido en la denominada Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pues lo señalaron de lavar capitales del narcotráfico a través de un complejo entramado societario, en el que la firma Inversiones Rodríguez Fuentes SAS actuaba como eje central de sus operaciones legales.

En este caso se observa, al parecer, un esquema de “lavado de tierras” mediante la creación de estructuras empresariales de fachada. Este mecanismo permitió camuflar el control territorial sobre el Cesar bajo una apariencia de legalidad corporativa, blindando el patrimonio acumulado durante los años de mayor intensidad del conflicto armado en la región.

La recuperación de los predios La Alquería y Caja de Ahorros constituye un hito en la desarticulación económica de las antiguas estructuras paramilitares. La transición de estos bienes desde la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) hacia programas de adjudicación para campesinos sin tierra representa un acto de justicia transicional y reparación transformadora.