Mes: mayo 2026

​A pocas horas de que los colombianos acudan a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, el senador Antonio Correa lanzó un contundente mensaje de cierre de campaña, alineando sus principales banderas sociales con el proyecto político del candidato presidencial Iván Cepeda. El congresista insistió en que el desenlace de la jornada electoral definirá el futuro de los servicios públicos en el país, planteando una clara dicotomía entre quienes defienden el modelo de privatización y quienes buscan elevar estos servicios al estatus de derechos fundamentales garantizados por el Estado.

​El corazón de la propuesta que Correa impulsa de la mano de Cepeda, respaldada también por líderes como la senadora Aída Quilcué y el mandatario Gustavo Petro, radica en un cambio estructural para los recursos esenciales. Entre los compromisos destacados se encuentra una inyección presupuestal masiva para acueductos, alcantarillados y saneamiento básico, bajo la premisa de que el agua debe dejar de ser tratada como una mercancía transable. Asimismo, el senador hizo especial eco de una de las problemáticas más sensibles para el norte del país, asegurando que un eventual gobierno de Cepeda priorizará el establecimiento de tarifas justas y asequibles de energía eléctrica para las familias de la región Caribe.

​El paquete de reformas que se consolidaría en las urnas abarca también la regulación del transporte y el control ciudadano. Correa detalló que se buscará una revisión integral a las concesiones de peajes que actualmente golpean la economía de productores rurales, transportadores y comunidades locales, sumado al desmonte de los sistemas de fotomultas que operan de manera abusiva con fines netamente recaudatorios. Según el parlamentario, la prioridad de las autoridades debe ser la protección de la vida en las vías y el respeto al debido proceso de los ciudadanos, desplazando el lucro de los operadores privados.

​Finalmente, el pronunciamiento del senador enfatizó que la agenda social del candidato Iván Cepeda pondrá un cerco estricto a la corrupción que afecta a los sectores más vulnerables. Correa propuso un fortalecimiento integral del ICBF y un incremento sustancial de recursos para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cual incluiría la formalización laboral de las madres manipuladoras de alimentos y una vigilancia rigurosa para evitar el desvío de dineros públicos, bajo la consigna de que ningún niño en Colombia debe estudiar con hambre.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Bogotá, puso en marcha un plan especial de atención e investigación para responder de manera inmediata ante posibles conductas delictivas que puedan presentarse durante la jornada de elecciones presidenciales.

Para este propósito fueron dispuestos más de 700 servidores entre fiscales, investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), asistentes y personal de apoyo judicial, quienes estarán desplegados en diferentes puntos estratégicos de la ciudad.

Dentro del componente operativo se contará con 570 funcionarios del CTI y 31 servidores distribuidos en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y sedes de la Fiscalía, con el propósito de fortalecer la recepción de denuncias y la capacidad de respuesta institucional.

La estrategia contempla la priorización de sectores con alta afluencia de ciudadanos, entre ellos Corferias, la Plaza de Bolívar y el Centro Comercial Unicentro, donde funcionarán puntos de atención para la recepción inmediata de información relacionada con posibles irregularidades electorales.

Asimismo, las denuncias recibidas a través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) del Ministerio del Interior tendrán atención prioritaria por parte de fiscales y equipos especializados de policía judicial.

De manera paralela, la Fiscalía mantendrá articulación permanente con la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo para fortalecer las acciones preventivas y de reacción frente a posibles hechos que afecten la transparencia electoral.

Por instrucciones del Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, el órgano de control desplegará este 31 de mayo un amplio dispositivo institucional para garantizar la vigilancia preventiva durante la jornada electoral.

Durante el día de las votaciones y los escrutinios, un total de 10.461 funcionarios del Ministerio Público ejercerán de manera coordinada funciones de vigilancia preventiva e intervención. De ellos, 3.946 pertenecen a la Procuraduría General de la Nación, entre funcionarios del nivel central y territorial; 4.400 a las personerías municipales, y 2.115 a la Defensoría del Pueblo.

Así mismo, entre la Procuraduría y las personerías municipales se vigilarán las 3.505 comisiones escrutadoras habilitadas en todo el país. En Bogotá se cubrirán las 280 que operarán en esa circunscripción electoral.

La Procuraduría, dentro de su plan de vigilancia técnica, cubrirá los 35 sitios donde operarán los Centros de Recepción Telefónica (CRT), destinados a acopiar la información relacionada con el preconteo electoral, especialmente la transmisión y recepción de los datos contenidos en los formularios E-14 de mesa.

De igual manera, se hará presencia en los Puestos de Mando Unificado (PMU) encargados de monitorear las distintas situaciones que se presenten en el territorio nacional, entre ellos los liderados por el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Centro Cibernético y de Ciberseguridad, así como aquellos que se implementen en los departamentos y en el Distrito Capital.

Con estas acciones, la Procuraduría General de la Nación reafirma su compromiso con garantizar la transparencia, la legalidad y la eficacia del voto, antes, durante y después de la jornada electoral.

El candidato presidencial Santiago Botero Jaramillo rompió el silencio tras el escándalo desatado por su reciente desalojo de una vivienda, el cual se produjo tras denuncias de haber impedido el ingreso de su expareja. A través de un vehemente comunicado público emitido en la víspera de la jornada electoral de este domingo 31 de mayo, el aspirante por el movimiento «Balín» calificó lo sucedido como una burda estrategia de desprestigio orquestada por sus contradictores políticos con el fin de frenar su ascenso en las urnas.

​En su pronunciamiento oficial, Botero eximió de culpa directa a su expareja, Manuela, a quien describió como una excelente mujer, asegurando que ella está siendo instrumentalizada por sectores de la derecha y por figuras específicas como Abelardo. El candidato manifestó su profunda indignación frente a la inclusión de su hijo menor en la controversia, señalando que, si bien estaba preparado para enfrentar la naturaleza «sucia y rastrera» de la política tradicional, considera inaceptable que se utilice la imagen de un bebé con fines puramente electorales para dañar su buen nombre.

​El político antioqueño defendió su inocencia argumentando que las acusaciones en su contra carecen por completo de sustento probatorio y evidencias reales. Sostuvo que el escándalo responde al «miedo» que genera su campaña dentro del sistema tradicional que busca romper y, lejos de mostrarse derrotado, exhortó a sus simpatizantes a convertir estos ataques en un impulso para consolidarse como la gran sorpresa de los comicios.

Finalmente, tras admitir las dificultades inherentes a un proceso de separación, Botero aseguró que siempre ha actuado de cara a la ley y bajo principios morales, reiterando que no guardará rencores personales por este episodio.

A pocas horas de dar inicio a la jornada electoral, la campaña presidencial de Iván Cepeda, bajo el sello del Pacto Histórico, anunció el despliegue oficial de su Comisión Nacional y Dispositivo de Cuidado Electoral para vigilar las votaciones de este domingo 31 de mayo. A través de un comunicado público, la colectividad informó la instalación de su propio puesto de mando, desde el cual realizarán una gestión integral y un seguimiento estricto al proceso de votación y escrutinio en todo el país.

​Para garantizar la transparencia de los comicios, la campaña aseguró que logrará una cobertura masiva mediante la vigilancia activa en 112.117 mesas de votación. Este robusto esquema de control ciudadano estará respaldado por la presencia de 4.497 testigos electorales y abogados destinados a las comisiones de escrutinio, sumado a un equipo técnico de 306 auditores de sistemas encargados de supervisar los procesos informáticos y el comportamiento del software electoral.

​Los coordinadores del dispositivo señalaron que esta histórica movilización de voluntarios busca mitigar los principales riesgos advertidos durante la contienda, entre los que destacaron el constreñimiento al elector, la posible injerencia extranjera, la compra de votos, la desinformación y las amenazas de ciberataques. Asimismo, el Pacto Histórico agradeció el acompañamiento de las misiones de observación internacional y extendió un llamado al pueblo colombiano para que acuda de forma masiva a las urnas a ejercer un voto libre, consciente y pacífico, manteniéndose vigilante ante cualquier anomalía que atente contra la voluntad popular.

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, confirmó que el cien por ciento del material electoral ya se encuentra distribuido en todos los municipios del territorio colombiano, garantizando la logística para la jornada de la primera vuelta presidencial que se celebrará este domingo 31 de mayo.

​De acuerdo con el máximo funcionario de la organización electoral, el despliegue de kits y papelería oficial se cumplió bajo estrictos protocolos de seguridad y sin contratiempos. Penagos dio un parte de total tranquilidad al país, informando que a la fecha no se registra ninguna novedad de orden público, climática o logística que obligue a modificar la ubicación de las mesas de votación. De esta manera, todos los puestos habilitados en la geografía nacional operarán en los sitios inicialmente previstos y sin traslados de última hora.

Con la presencia de las principales autoridades del país, se instaló oficialmente el Puesto de Mando Unificado (PMU) que coordinará la seguridad y el orden público durante la jornada de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo. El despliegue institucional cuenta con la participación directa de los ministros del Interior, Armando Benedetti; de Defensa y de las TIC, así como de la defensora del Pueblo, Iris Marín, y el registrador para lo Electoral, Jaime Hernando Suárez.

​Desde el centro de monitoreo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el Gobierno nacional tiene listos todos los protocolos de reacción inmediata ante cualquier contingencia que pueda afectar el normal desarrollo de las votaciones. El alto funcionario enfatizó que la articulación institucional permitirá atender en tiempo real cualquier requerimiento o problema relacionado con el estado de las vías, fallas en el alumbrado público o alteraciones al orden público, garantizando una respuesta automática para asegurar el acceso de los ciudadanos a las urnas.

​De forma simultánea, y de cara a los desafíos tecnológicos actuales, el Ministerio de Defensa confirmó la activación del Puesto de Mando Unificado Cibernético. Esta célula especializada, que opera en conjunto con 15 entidades del Estado y el Comité Nacional de Seguridad Digital, tiene como objetivo principal blindar el proceso democrático frente a amenazas en el entorno virtual.

​Las autoridades informaron que este PMU digital mantendrá un monitoreo las 24 horas del día para detectar y neutralizar incidentes informáticos como ataques de phishing, software malicioso o intentos de sabotaje contra las infraestructuras críticas del país. Asimismo, las labores de inteligencia y prevención se enfocarán en proteger las bases de datos institucionales, realizar análisis continuos de vulnerabilidades y combatir activamente las campañas de desinformación, cuentas automatizadas y contenidos engañosos que pretendan alterar la confianza de la ciudadanía.

Con este despliegue integral, tanto en el territorio nacional como en el espacio cibernético, el Estado busca garantizar que la voluntad de los colombianos se exprese de forma libre, segura y transparente.