Mes: mayo 2026

La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, recuperará su libertad en las próximas horas. Pese a la gravedad de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias que se le imputan, el proceso judicial superó los plazos máximos permitidos por la ley sin que se iniciara el juicio, obligando a su excarcelación por vencimiento de términos.

Ortiz es una pieza central en el rompecabezas de corrupción de la UNGRD. Según las revelaciones de Sneyder Pinilla, la exfuncionaria habría actuado como el puente para entregar una maleta con 3.000 millones de pesos en efectivo a Iván Name, entonces presidente del Senado. Las pesquisas indican que el dinero habría pasado por manos de familiares de Name y el fallecido esmeraldero Juan Sebastián Aguilar, alias ‘Pedro Aguilar’.

La libertad de la excongresista por el Partido Verde llega tras meses de lo que la Fiscalía calificó como estrategias dilatorias. Entre los recursos utilizados por su defensa estuvo la afirmación —posteriormente desmentida por el ente acusador— de que se le estaba presionando para señalar a ministros del gabinete de Gustavo Petro a cambio de beneficios.

Aunque Sandra Ortiz seguirá vinculada formalmente al proceso y las pruebas en su contra (como registros de geolocalización y testimonios) se mantienen en firme, este giro judicial representa un duro golpe a la celeridad que el país exigía en uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años.

Durante la tercera y última jornada del II Congreso Nacional de Restitución de Tierras, realizado en Barranquilla, se desarrolló el panel “Memoria, justicia y restitución de tierras: archivos, voces y reparación transformadora”, un espacio en el que expertos, funcionarios y víctimas reflexionaron sobre el papel de la memoria en la construcción de paz y la garantía de derechos.

En el encuentro se destacó que los archivos del despojo no son únicamente documentos administrativos, sino herramientas fundamentales para comprender las causas estructurales del desplazamiento forzado y la violencia en Colombia.

Marcela Ceballos, coordinadora de Cooperación Internacional de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), afirmó que “el archivo constituye una garantía de verdad y una manera de prevención de despojos futuros”, al señalar que estos acervos permiten reconstruir las narrativas de las víctimas e identificar patrones de macrocriminalidad relacionados con el despojo y el desplazamiento forzado.

Por su parte, Marco Romero Silva, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), resaltó la importancia de proteger y sistematizar estos documentos como garantía del derecho a la verdad. Recordó que los archivos de la URT, recientemente declarados patrimonio de interés cultural de la Nación, reúnen miles de solicitudes de protección de tierras y constituyen una memoria histórica clave para evitar que estos hechos queden en el olvido.

La secretaria general de la URT, Jaqueline Campos Rincón, aseguró que la entidad ha avanzado en reconocer no solo el valor físico de los expedientes, sino también el significado de las voces y memorias de las víctimas. Según explicó, estos archivos “nos ayudan a sanar” y hacen parte de una infraestructura institucional orientada a la verdad, la justicia, la reparación transformadora y las garantías de no repetición.

Campos también enfatizó que preservar estos archivos fortalece el deber del Estado de garantizar que las víctimas puedan retornar a sus territorios sin revictimización y con condiciones efectivas de protección y dignidad.

El panel concluyó con el testimonio de Ayineth Pérez, lideresa comunitaria y beneficiaria de restitución en el Urabá, quien recordó que “nosotros sabemos que nunca debimos haber salido de la tierra y esa tierra de donde salimos no solo está asociada a la violencia, también hay allí historias que siguen vivas”.

Finalmente, la Unidad de Restitución de Tierras reiteró su compromiso con la preservación de la memoria histórica, la dignificación de las víctimas y la construcción de una paz basada en la verdad y la reconciliación.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa de 1.306 millones de pesos a Constructora Bolívar Bogotá S.A., tras analizar al menos 30 denuncias relacionadas con presuntas vulneraciones a los derechos de consumidores vinculados al proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS) ‘Buena Vista Living’.

De acuerdo con la entidad, una de las principales razones de la sanción corresponde a los incumplimientos en las fechas de entrega de los inmuebles ofrecidos a los compradores del proyecto.

La SIC señaló que la constructora modificó en tres ocasiones los plazos de entrega, afectando las expectativas de los consumidores. Además, indicó que también se realizaron cambios en las fechas de escrituración, aspecto que incidía directamente en el valor final de las viviendas, teniendo en cuenta que se trataba de inmuebles clasificados como VIS.

La Superintendencia también concluyó que existió publicidad engañosa en la promoción del proyecto, debido a que algunas piezas publicitarias contenían información insuficiente, confusa e inoportuna, con capacidad de inducir a error a los consumidores sobre las características de los inmuebles ofertados.

Según la entidad, una de las omisiones identificadas estuvo relacionada con el carácter VIS del proyecto “Buena Vista Living”.

La SIC precisó que contra el acto administrativo sancionatorio proceden los recursos de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor y de apelación ante la Delegatura para la Protección del Consumidor.

Finalmente, la entidad reiteró su compromiso con la protección de los derechos de los consumidores en el sector vivienda y señaló que continuará promoviendo condiciones que permitan a los ciudadanos tomar decisiones informadas dentro de las relaciones de consumo.

El Consejo de Estado, a través de la Sección Cuarta, decidió suspender provisionalmente los efectos de la mayoría de los artículos del Decreto 572 de 2025. Esta normativa, expedida por el Gobierno Nacional, había generado un incremento significativo en los porcentajes de retención y autorretención en la fuente en el país.

​La decisión judicial se dio tras el análisis de una serie de demandas de nulidad que argumentaban vicios en la legalidad del decreto. El despacho de la magistrada Myriam Stella Gutiérrez determinó que los artículos del 2 al 8 de dicha norma deben quedar sin efecto mientras se toma una decisión de fondo sobre el caso.

​La senadora Paloma Valencia, una de las principales impulsoras de esta medida cautelar, celebró el fallo a través de sus redes sociales. Según la congresista, el decreto estaba asfixiando la liquidez de las micro, pequeñas y medianas empresas para financiar lo que calificó como «derroche burocrático» del actual gobierno.

​Valencia sostuvo que el incremento en las retenciones estaba «matando» la caja de las empresas, poniendo en riesgo la estabilidad financiera de miles de negocios. Para la senadora, este freno judicial representa un alivio directo que permite salvar miles de empleos en todo el territorio nacional.

​El tribunal aclaró que, ante la suspensión de los artículos mencionados, se deberán aplicar nuevamente las normas que regían anteriormente. Esto implica un retorno a las tarifas y bases de retención que operaban antes de la expedición del polémico decreto de 2025.

​No obstante, el Consejo de Estado decidió mantener vigente el artículo 1 del decreto, al considerar que en este punto específico no se demostraron los requisitos necesarios para ordenar su suspensión. El proceso de nulidad continuará su curso para determinar si la norma es expulsada definitivamente del ordenamiento jurídico.

​Este fallo se suma a la lista de tensiones entre el poder judicial y el Ejecutivo en materia económica. La senadora Valencia aprovechó la coyuntura para reafirmar su postura de oposición, señalando que su gestión se basa en «logros concretos» que buscan proteger el tejido empresarial del país.